Unas 4 mil millones de personas, es decir, el 55% de la población mundial, no tienen acceso ni siquiera a la protección social más básica, expresa el informe Precios al alza, protestas crecientes: argumentos a favor de la protección social universal, elaborado por Amnistía Internacional (AI), donde se demuestra cómo la suba de los precios de los alimentos, el cambio climático, las consecuencias económicas del Covid-19 y la invasión rusa a Ucrania están acrecentando “una catastrófica crisis humanitaria y provocando cada vez más agitación social y protestas”.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierte que, en todo el mundo, 349 millones de personas corren peligro inminente de sufrir escasez alimentaria, mientras que 828 millones se van a dormir con hambre todas las noches. Según el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022, la pandemia borró de un plumazo casi 4 años de avances en la reducción de la pobreza y ha sumido a 93 millones de personas más en la pobreza extrema, con una falta alarmante de medidas efectivas para mitigar la inflación y la escasez.
En su actualización de diciembre de 2022 sobre seguridad alimentaria, el Banco Mundial registró que casi todos los países de ingresos bajos y medios experimentaron altas tasas de inflación entre julio y octubre de ese año. La Argentina figura en la lista de los países más afectados, con un 92%. En el listado también se encuentran Zimbabue, con un 321%; Líbano, con un 203%; Venezuela, con un 158%; Irán, con un 84%, y Sri Lanka, con un 81%. “En Latinoamérica bien sabemos de crisis económicas. Las deudas han asfixiado a la población, y consecuencia de eso son los reclamos sociales de los que hemos sido testigos. Cuando hablamos de resolver los problemas del mundo, no existe una solución sencilla, pero lo que sí sabemos es que los Estados se deben tomar en serio la persecución del fraude fiscal y la adopción de medidas para proteger a quienes más lo necesitan”, concluye Paola García Rey, directora adjunta de AI Argentina.
