Un grupo de civiles y militares retirados y en actividad, encabezaban una organización a través de la cual se habría cometido una estafa al Estado por más de 160 millones de pesos durante más de un cuarto de siglo, según la denuncia que hizo antes de dejar su cargo el ex ministro de Defensa Julio Martínez. De acuerdo a lo que detectado por una auditoría, la Fundación Sanidad Ejercito Argentino (Fusea), integrada por personal castrense, usufructuaba comercialmente desde 1992 instalaciones e insumos de hospitales militares. Incluso, tercerizaban ese uso en empresas privadas a las que les cobraban una tarifa, por la que las arcas públicas sólo veían una ínfima parte de lo recaudado. La investigación, que apunta contra el director del Hospital Militar Central, impulsada por el fiscal Juan Pedro Zoni, recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo.
Lo que cuestiona la denuncia son dos convenios firmados en 1992 y 2016 entre el Estado Mayor General del Ejército y FUSEA en el que se delegan “funciones propias de la Dirección General de Salud” de la fuerza, lo que le permitió “recaudar y administrar con exclusividad y sin control del Estado fondos provenientes de la explotación de bienes públicos por la suma de $160.999.209,69”, como consta en el requerimiento de instrucción que firmó Zoni. El fiscal imputó a “funcionarios militares y civiles de la Dirección General de Salud del Ejército e integrantes de la Fundación”, cuyo consejo directivo “está compuesto por personal militar en actividad y en retiro”.
Esta maniobra se detectó este año luego de una auditoría que encontró “distintas irregularidades que podrían generar tanto responsabilidades penales como administrativas”. La más llamativa es el acuerdo entre el Estado Mayor y Fusea que le otorga a esta organización “el uso de parte de la capacidad excedente ociosa de las instalaciones disponibles en el área de Sanidad Militar”, lo que le dio luz verde a la fundación para “explotar comercialmente las instalaciones y la infraestructura cedidas de los Hospitales Militares”. En algunos casos, esa explotación se realizó “de forma directa” mientras que en otros se la tercerizó “a empresas privadas para que éstas brinden la prestación de servicios de salud”.
El primer convenio, de 1992, establecía entre las condiciones que la fundación debía “destinar toda su capacidad económica a la mejora de instalaciones y servicios de la sanidad militar”, algo que no se habría constatado en la auditoría. El segundo acuerdo, firmado en 2016 para actualizar el anterior, establece que la fundación “podrá disponer de hasta un veinte por ciento de lo recaudado en concepto de gastos de administración de convenio”. En ambos casos, la retribución que recibe el Estado por la infraestructura y las instalaciones prestadas era un canon de apenas el tres por ciento.
