El gobierno de facto brasileño se dio el gusto que no pudo darse Mauricio Macri: ser el anfitrión de la cumbre que castigó a Venezuela con la suspensión indefinida del Mercosur. Tras una reunión de los cancilleres de la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay en San Pablo, Venezuela fue suspendida por segunda vez. La primera, en diciembre de 2016, respondió a la acusación de supuesto incumplimiento de normas de integración. Esta última condena invocó una presunta “ruptura del orden democrático”. 

La decisión fue, textualmente, la que sigue: “Suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado parte del Mercosur, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia”.

Firmado en 1998 por los cuatro socios fundadores del Mercosur más el agregado de Bolivia y Chile, el documento dice en su artículo cuarto que “en caso de ruptura del orden democrático en un estado parte del presente Protocolo, los demás Estados Partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado”.

Dice el artículo quinto: “Cuando las consultas mencionadas en el artículo anterior resultaren infructuosas, los demás Estados Partes del presente Protocolo, según corresponda de conformidad con los Acuerdos de integración vigentes entre ellos, considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente”. Y agrega: “Dichas medidas abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos”.

El legislador argentino del Parlasur Oscar Laborde objetó en declaraciones a este diario la decisión de los cuatro cancilleres porque “incumple la norma del Protocolo de Ushuaia”. 

Según Laborde, del Frente para la Victoria y ex funcionario de la Cancillería durante el kirchnerismo, “está claro que el Protocolo se refiere al consenso de las partes y también está claro que las partes a las que alude el texto son todos los Estados firmantes, es decir la Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia”. La irregularidad de los cuatro cancilleres sería de acuerdo con la opinión de Laborde que “dos de los firmantes del Protocolo no figuran entre los firmantes de la nueva sanción a Venezuela”.

Si se toma el documento conocido como Protocolo de Ushuaia II, firmado en 2011 en Montevideo, las partes son todavía más: a los mencionados antes se suman Ecuador y Perú. 

En los dos protocolos el texto es parecido al de cualquier contrato. Después de mencionar uno por uno a los países dice: “en adelante, las Partes”.

El 21 de julio en Mendoza Macri y su canciller Jorge Faurie intentaron castigar a Venezuela. No tuvieron éxito porque Bolivia directamente se negó a firmar cualquier texto que no contemplara la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente y porque Uruguay dijo que tenía espíritu “colaborativo y no sancionatorio”, según palabras del canciller Rodolfo Nin Novoa.

Fue Uruguay, también, el Estado que se negó entonces a poner con todas las letras en la declaración final de Mendoza una advertencia contra la realización de elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente. 

Desde ese momento tres hechos sucedieron en Venezuela:

  • El primero, la convocatoria a las elecciones, que se realizaron el domingo 30 de julio. 
  • El segundo, la suspensión de la prisión domiciliaria de los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes fueron restituidos a la cárcel militar de Ramo Verde en pijama y de noche.
  • El tercero, la instalación de la Constituyente el viernes 4 de agosto. 

La Argentina, Brasil y Paraguay no albergan ningún misterio a develar. Los tres gobiernos hubieran castigado a Venezuela hace meses. 

¿Qué cambió para que Uruguay modificase su posición?

Una hipótesis es que el gobierno de Tabaré Vázquez varió después del episodio de López y Ledesma.

“Es un desastre”, dijo sobre el tema Nin Novoa en la semana que pasó. “Desconcierta mucho que no se entienda que frente a un choque casi inevitable de trenes la única salida que hay es la negociación, es el diálogo.” Una pista que apoyaría la interpretación de que lo decisivo fueron los traslados de López y Ledesma y no la Constituyente sería esta afirmación de Nin: “El haber tenido los votos que dicen que se tuvo no amerita hacer acciones arbitrarias”.

Otra hipótesis es que Uruguay igual iba a cambiar de postura por el costo interno que estaba pagando ya Tabaré y que la historia de los presos le dio el adecuado argumento público.

“Es un voto a favor del pueblo venezolano para que el pueblo pueda gozar de las libertades, de los derechos y de la democracia”, dijo Nin Novoa después de la reunión de cancilleres.

Uno de los miembros del Frente Amplio, el Partido Comunista Uruguayo, declaró en un comunicado que “con fraternidad y firmeza decimos que no compartimos en lo absoluto la posición asumida por nuestro gobierno” porque “no es aislando a Venezuela que se aporta a la paz sino tendiente puentes de encuentro y diálogo”.

La reacción del gobierno venezolano fue dura. “A Venezuela no la sacarán del Mercosur porque somos Mercosur de alma”, dijo Maduro en declaraciones a Radio Rebelde de la Argentina. También tuvo un breve intercambio con la dirigente social Milagro Sala. “Una oligarquía golpista como la de Brasil y una oligarquía miserable como la que gobierna Argentina podrán intentar sacarnos mil veces pero siempre estaremos allí”, dijo. Llamó a Macri “empleado doméstico de los Estados Unidos” y dijo que “no solamente destruye al pueblo argentino, no solamente agrede a la clase obrera argentina, a los pensionados, a las Madres de la Plaza de Mayo, no solamente encarcela a una mujer humilde de origen indígena como Milagro Sala sino que es la punta de lanza de la agresión contra el pueblo de Venezuela y de la destrucción de la unión que hemos logrado América latina y el Caribe”.

Según Maduro, convocó a la Constituyente porque “hemos tenido que soportar 120 días de una campaña y de un asedio permanente con violencia interna que ha tenido como resultado centenares de víctimas”. 

Así tocó uno de los puntos de debate internacional entre partidarios de Maduro, partidarios de la no intervención y partidarios del intervencionismo. La oposición asigna todos los muertos a las fuerzas de seguridad. El gobierno no suele discriminar unos muertos de otros pero TeleSUR elaboró informes dando cuenta de que también hay casos de linchamiento, incluso mediante el uso de fuego, y participación de grupos parapoliciales originados en gobernaciones pertenecientes a grupos opositores. El Centro de Estudios Legales y Sociales emitió un documento el miércoles 2 de agosto en el que dice que “de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, un porcentaje considerable de estas muertes es consecuencia de disparos de armas de fuego realizados por agentes policiales y militares”. Añade el documento del CELS que “otras muertes se deben a la actuación de grupos de civiles armados que responden tanto a sectores de la oposición que postulan una salida insurreccional como a grupos paraestatales”.

Tras recibir un fallo del Tribunal Supremo de Justicia pidiendo la inhabilitación de la fiscal Luisa Ortega, de origen chavista pero distanciada de Maduro y opuesta cada vez más al gobierno, la Asamblea Nacional Constituyente la destituyó. La ANC está presidida por la ex canciller Delcy Rodríguez, que sufrió el maltrato de la policía argentina después de una reunión con su entonces colega Susana Malcorra.

Un funcionario del Departamento de Estado citado por la agencia española EFE se manifestó “preocupado” por la destitución de Luisa Ortega y señaló que “el único cuerpo legislativo legítimo y democráticamente elegido en Venezuela” es la Asamblea Nacional, o sea el Congreso, que tiene mayoría opositora. 

La suspensión del Mercosur a Venezuela no es la primera. Hace cinco años, en Mendoza, le fue aplicada a Paraguay tras el golpe parlamentario contra Fernando Lugo. Los tiempos cambian: en ese mismo momento la Argentina, Uruguay y Brasil incorporaron a Venezuela como miembro pleno. En agosto de 2016 el Senado de Brasil consumó otro golpe parlamentario, esa vez contra la presidenta electa en 2014 Dilma Rousseff, pero el Protocolo de Ushuaia no fue invocado. El gobierno de Mauricio Macri, ya en funciones, consideró como válido el mecanismo de destitución de Dilma por parte del Congreso. Lo hizo a pesar de que la presidenta depuesta demostró ante la Comisión Interamericana de la OEA través de su abogado, el argentino Damián Loreti, que los parlamentarios habían violado el derecho al debido proceso y especialmente su chance de ejercer la defensa con todas las garantías del Estado de Derecho.

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