En Tierra del Fuego hubo un segundo fallo a favor de un tomador de crédito UVA. El juez Civil de Ushuaia Sebastián Osado Viruel ordenó al banco otorgante del préstamo limitar el valor de la cuota al 35 por ciento de los ingresos totales del grupo familiar. Fue tal la velocidad del aumento de las cuotas de los créditos con la inflación que en el caso de Melisa Solís, la fueguina deudora, pasaron de representar el 20 por ciento de sus ingresos del comienzo a un 40 y 50 por ciento en la actualidad. En marzo pasado la justicia de la ciudad de Río Grande había fallado en igual sentido. Mientras tanto, en debate lento, el Congreso viene discutiendo desde el año pasado una solución colectiva para este tema.

En 2017 hubo un boom de créditos hipotecarios UVA. Las ventas de viviendas aumentaron 40 por ciento y el 63 por ciento de los préstamos otorgados fueron UVA. A la vez, de ese total, el 80 por ciento fue brindado por bancos públicos, en especial el Nación. Se trataba de préstamos a 20 o 30 años con una cuota ajustable con una tasa de interés variable y con el índice de inflación, en donde la cuota inicial era muy accesible, borrando así el histórico límite de entrada a este tipo de créditos que era para las clases medias altas hacia arriba. 

Entre facilidades técnicas y una intensa campaña publicitaria encarada por el gobierno de entonces (alianza macrista-radical), muchísimas familias suscribieron estos créditos y vieron cómo paulatinamente el ajuste por inflación iba tornando las cuotas impagables. En el caso de la deudora Solís, ella pasó del 20 por ciento de sus ingresos a representar hasta el 50 por ciento en la actualidad. En el caso de Javier Vázquez, el primer fallo a favor del deudor en Tierra del Fuego, el préstamo pasó de representar el 13 por ciento de sus ingresos al 52.

Para comprar una única vivienda, Solís recibió un crédito de 2 millones de pesos en 2018, con una cuota mensual de 16.000 pesos. Ahora paga 162.000 pesos de cuota y todavía le sigue debiendo al banco 17 millones. Melisa es docente y Javier Vázquez empleado municipal, se animaron a endeudarse para cumplir el sueño de la vivienda propia pero la historia terminó en pesadilla. Varios deudores fueguinos y de distintas localidades a lo largo del país se organizaron para promover demandas grupales ante la justicia y también reclamar la sanción de una norma para encauzar una solución colectiva al problema. Pero las propuestas duermen en el Congreso, donde las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la cámara de Diputados vienen discutiendo desde 2022 una legislación para dar curso al reclamo de los UVA pero no alcanzan básicos consensos.

Según datos del diputado mendocino Julio Cobos, se otorgaron 75.000 créditos UVA en 2017, 80.000 en 2018, 9000 en 2019 cuando la aceleración inflacionaria pasa al frente y 20.000 en el 2020. Bastante lejos de los pronósticos de 1 millón de créditos a otorgar, que publicitaba por entonces el presidente Mauricio Macri. 

“Hipotecados UVA” es la red a nivel nacional más grande de los deudores por esta modalidad y le reclaman al Estado una solución política, no jurídica, para lo que fue un negocio especialmente para los bancos. Este es el punto discordante: en qué proporción los bancos y el Estado pondrán el dinero que permita resarcir a una masa colectiva de deudores. Y otros detalles como desde qué momento de la vida del préstamos se considerará para la reestructuración, cuáles serán el esquema de tasas interés y de los nuevos coeficientes de actualización por ingresos.

El porcentaje de 35 por ciento de los ingresos definido en estos fallos fueguinos surge de la última reglamentación que sancionó el Estado respecto de estos préstamos, cuando en 2020 dispuso que las cuotas no debían superar dicho porcentaje de los ingresos de deudores y codeudores, y además fijó un congelamiento de las cuotas entre abril de 2020 y enero de 2021 por la crisis económica causada por la pandemia. El caso de los deudores UVA se inscribe como un capítulo más de la crisis habitacional, los montos y condiciones de los alquileres, y la dolarización del valor de las viviendas.