El gobierno provincial envió a la Cámara de Senadores el anteproyecto de ley de un Sistema Provincial de Protección de Derechos de las y los Consumidores, que apunta a actualizar los mecanismos en la prevención, atención y resolución de conflictos de usuarios y consumidores con comercios y empresas de servicios, atendiendo a las nuevas demandas del consumo. En el gobierno creen que la reforma es necesaria para "dejar atrás décadas de mecanismos administrativos ineficientes y faltos de seguridad jurídica".
La norma propone la descentralización de funciones en los gobiernos locales con todas las facultades que hoy tiene el Estado provincial a través de la decisión propia de cada municipio o comuna en sus ordenanzas de adhesión. Según el gobierno, de esta forma "se consolida la política de delegación que ya adoptó la actual gestión, la cual duplicó las oficinas locales del consumidor, y también delegó la facultad de celebración de audiencias de conciliación".
En relación a la autoridad de aplicación, el proyecto la mantiene en la Secretaría de Comercio Interior y Servicios. Los principales mecanismos propuestos son:
-Sistema de reclamos en la vía administrativa con procesos, plazos y despapelización como premisas fundamentales.
-Proceso de reclamo judicial con gratuidad, celeridad participación de las partes involucradas apostando a juzgados y recursos más ágiles en el tiempo y los recursos.
-Establecimiento de un procedimiento que haga efectivo el régimen de sanciones dispuesto por la legislación de fondo, es decir, la Ley Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24.240.
-Participación de las asociaciones de consumidores haciéndolos parte del reclamo administrativo, las audiencias y los juicios.
-Involucramiento de las universidades, colegios profesionales, municipios, comunas, y la comunidad académica para el asesoramiento y ejecución de las políticas de consumo.
