El escándalo por el intento de cerrar con un juicio abreviado la acusación contra Marcelo Galaz, ex secretario del senador nacional Dionisio Scarpin, por el abuso sexual de su sobrina sumó nuevos capítulos tras la decisión del juez Santiago Banegas de apartarse de la causa y no convalidar el procedimiento. Galaz admitió su responsabilidad en los abusos sexuales reiterados a su familiar, cuando la niña tenía entre 4 y 10 años, en vistas a evitar el juicio oral y público y cerrar el caso con una condena de 7 años de prisión en lugar de los 32 que había pedido originalmente el fiscal Aldo Gerosa. En la abrupta reducción habría mediado una interferencia del senador departamental por General Obligado Orfilio Marcón (padrino político de Scarpin). Tanto Gerosa como Marcón dieron notas periodísticas en los últimos días. Eso llevó a la víctima, hoy de 26 años, a publicar una carta en sus redes sociales dirigida a Marcón. "Me revuelve el estómago que el fiscal Gerosa y usted se hayan encontrado para hablar de mi causa y de la aspiración a juez del primero", escribió y contó: "Usted mencionó ese jueves lluvioso, previo a la cancelación del inicio del juicio oral, cuando le sacaron fotos en la entrada del Poder Judicial. ¿Se acuerda de lo que hizo después? Yo se lo recuerdo: al salir fue directamente a la casa de mi abusador, esa noche hicieron una fiesta", escribió.

Las declaraciones públicas de Marcón y Gerosa despertaron también el repudio de la Mesa por Mí, por Todas y Todes de Avellaneda, al considerar que el fiscal y el senador se dirigieron al espacio "de manera peyorativa, tergiversada y con un claro sesgo hacia la manera de construcción y participación que damos las organizaciones feministas y populares".

Desde la Mesa plantearon que "cuando el fiscal Aldo Gerosa señala ¿Donde estábamos?, cuando según éste, a la víctima del abusador Galaz solamente la acompañaba fiscalía, le respondemos: que de ninguna manera aceptamos que pretenda cuestionar nuestra organización igualando responsabilidades entre el Poder Judicial del que él es parte con la Mesa por Mí, por Todas y Todes de Avellaneda integrada por militantes sociales y políticas que nos conformamos para exigir a la Unidad Especial de Género, a su cargo, que garantice a las víctimas el acceso a las leyes que las amparan desde una perspectiva de género efectiva, perspectiva que nos parece ausente hasta el día de hoy puntualmente en el caso Galaz y otros".

Desde las organizaciones feministas, también respondieron al senador. "Con respecto a los dichos de Marcón dirigidos hacia nosotras en una entrevista radial, donde de manera ofensiva instala la premisa falsa de que la Mesa estaría mal asesorando a la víctima del caso Galaz mediante información errónea, con la intención de involucrarlo en un vínculo de connivencia con la Justicia para influir en el desenlace del caso Galaz, le respondemos que la Mesa elabora su posición a raíz del testimonio que nos brinda en primera persona la víctima. La víctima afirma y lo hace público en sus cartas, a raíz de declaraciones que el fiscal le dirige a ella, que el senador Marcón lo estaría presionando de llegar a un juicio abreviado para que éste no "salpique" la campaña electoral 2023 en la cual Marcón va por su reelección como senador provincial. Gerosa le afirma a la víctima que su ascenso como juez depende de concretar este acuerdo. Incluso avasalla a tal punto los derechos de la víctima acusándola de 'mala víctima' y que si ella no obedecía a su estrategia judicial le soltaría la mano". 

La respuesta de la Mesa es posterior a la publicación de la víctima. En una extensa misiva, la joven afirma que escribe "con miedo" porque es "una ciudadana común y corriente" y en cambio, Marcón es "un legislador con demasiado poder" "que lamentablemente no usó en beneficio de la comunidad". "Grande fue mi sorpresa al escuchar que usted no se sintió bien tratado en este proceso. Imagínese como me sentí yo. Años me tomó encontrar mi voz y poder denunciar a mi abusador para que al hacerlo, me vuelvan a revictimizar", sigue la carta. Y asegura que "esto no se trata del juicio abreviado, se trata de cómo llegamos a él. Yo llego destrozada, con el cuerpo gritándome que pare, ya no puedo seguir". 

La joven dice en esa carta que su abusador "llega muy tranquilo, sabiendo que usted y sus amigos del poder lo protegen y le brindan lo necesario para que él y su familia se encuentren bien". En una posdata, la joven dice: "Hágame el favor de limitarse al hablar de mi familia y 'las feministas', nosotras sin ningún tipo de recursos hicimos más que usted, que los tiene todos".

"Condicionado" 

En otra dimensión se inscribe la decisión del juez Santiago Banegas de inhibirse para convalidar el procedimiento abreviado. Para ello, se amparó en las declaraciones que el Procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, hizo en LT8, en una entrevista con José Maggi. Barraguirre aseguró que investigaría el procedimiento, y mencionó la polémica que envolvía al caso. 

La inhibición de Banegas no está fundamentada en la evidencia de una reunión impropia entre un funcionario judicial y un senador departamental, sino que acusó a Barraguirre de condicionar su decisión. "Estas afirmaciones resultan de una gravedad institucional extrema, toda vez que no solo no he dictado resolución alguna en estos autos -aceptando o rechazando el acuerdo traído a estudio por los litigantes- sino que me encuentro aún dentro de los plazos legales para hacerlo (…)", explicó el juez en un comunicado oficial.

A la polémica se sumó el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial que, con la firma de Ivan Kvasina y Roberto Della Mónica, elevaron una nota a la Corte Suprema de la provincia quejándose por "lo sucedido con un magistrado del fuero penal de la localidad de Reconquista, que en una causa judicial se viera afectada su libertad de juzgar en forma anticipada a la adopción de su decisión". 

La nota indica que "ni las leyes, ni la Constitución ni tampoco los Tratados Internacionales admiten una doble vía" que "vulnera la libertad e independencia de los jueces y juezas a la hora de resolver, lesionándose con ello la garantía de los ciudadanos y las ciudadanas de ser juzgados por una justicia independiente".