Los fiscales Gonzalo Vega y Gabriel González requirieron juicio para nueve policías por hechos de violencia institucional en perjuicio de Franco Centurión, un joven de 29 años que había sido transplantado de médula en la infancia, que fue demorado, salió de la comisaría en grave estado, tuvo que ser hospitalizado y falleció días después, el 1 de enero de 2022. El padre, Santos Centurión, consideró que otros efectivos que también participaron de la violencia contra su hijo no están acusados.

En la causa están imputados, Julio César Martínez y Cristian Adrián Vargas, por los delitos de vejaciones, severidades y omisión de los deberes de funcionario público en concurso ideal, hechos cometidos en perjuicio de Franco Centurión.

Los fiscales señalaron en el requerimiento de elevación a juicio realizado ante el Juzgado de Garantías 2 de Tartagal que durante la investigación advirtieron que los efectivos dispensaron un trato denigrante al joven al momento de ser alojado en la dependencia policial, haciendo que se quitara la ropa y realizando acciones humillantes y de burla por su aspecto físico.

Por otro lado, están imputados también los policías Ernesto Marino Velázquez, Rodrigo Albano Correa, Isaac Silvestre Galarza, Héctor Federico Flores, Marcelo Morales, Carlos Facundo Borjas y Francisco Ramón Espinoza por severidades y omisión de los deberes de funcionario público en concurso ideal.

En la acusación, los fiscales sostienen que estos siete imputados, hicieron caso omiso de las medidas dispuestas para garantizar la atención médica del detenido, desatendiendo su salud, según lo prescripto por el médico que atendía a la víctima. Los acusan por haber omitido "el traslado y las acciones tendientes a garantizar que se la administren los medicamentos y atenciones destinados a tratar su dolencia, no dando así cumplimiento a la conducta debida de garantizar los derechos humanos esenciales para una persona privada de su libertad".

Además, Vega y González señalaron que estos efectivos omitieron cumplir las obligaciones que dispone la resolución 052/99 de la Secretaría de Seguridad, que en el Capítulo II Sección IV, Del Celador, establece que se debe "velar por la seguridad física y moral de cada uno de los detenidos alojados en la dependencia", así como "registrar en el libro de guardia todas la novedades surgidas en el turno en relación a los detenidos, tales como enfermedades, atenciones médicas recibidas, visitas". Y concluyeron que por ello "se verifica el incumplimiento funcional doloso".

El padre de Franco, Santos Centurión, dijo a Salta/12 que no le notificaron del requerimiento a juicio a policías y se enteró por una consulta periodística sobre la base de un parte de prensa que publicó el martes el Ministerio Público Fiscal dando difusión pública a la novedad. E insistió en que en el requerimiento no están todos los policías que participaron de la violencia contra su hijo: "son 11 los policías que están imputados en la causa, a mí me dijeron acá (en la Fiscalía) que son 11", sostuvo. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal dijo a este medio que los imputados eran solo 10 y los requeridos a juicio son 9, y no informó en qué quedó la acusación contra el décimo policía.

Centurión padre recordó que los policías de la Comisaría 45 de la ciudad de Tartagal golpearon a su hijo, y durante la detención también lo hicieron efectivos del 911 "que no han sido imputados ", pese a que también los acusó. El hombre denunció que debido a los golpes que recibió en la dependencia policial Franco salió en grave estado y tuvo que ser hospitalizado en Tartagal y luego trasladado al Hospital San Bernardo donde falleció. Sin embargo, las acusaciones no mencionan violencia física.

Centurión también resaltó que cuando murió su hijo los otros detenidos que estaban en la Comisaría fueron trasladados a distintos lugares, "para que no declaren", porque también eran testigos de los hechos de violencia. El padre dijo que sólo a uno de los detenidos no lo trasladaron porque ya debían liberarlo, y además quedaron en la Comisaría otros dos hombres que cumplían condena.

El hombre había denunciado además amenazas, hostigamiento policial en perjuicio suyo y de su familia, entre estos hechos, señaló que otro hijo suyo y su esposa, también fueron víctimas de violencia física. El último hecho fue cuando lo amenazaron por teléfono el 1 de enero de 2023, al cumplirse un año de la muerte de Franco. "Todavía no puedo saber quién era el que me amenazó, pasaron más de 4 meses", afirmó Santos Centurión. Por todo esto se encuentra hasta la fecha con consigna de la Policía Federal, el padre dijo que por ahora han cesado esos hechos.

Centurión dijo que se contactó con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura para pedir apoyo con el caso, y desde el organismo le dijeron que actuaría el Comité local, pero expresó que todavía no sabe si éste intervendrá.

Consultado por Salta/12, el integrante del Comité contra la Tortura de Salta, Andrés Giordamachi, dijo que está "en comunicación permanente con el padre del fallecido, brindándole asesoramiento legal y apoyo político". "Todavía no hemos decidido la forma de intervención en el proceso ya que el señor Centurión (padre de Franco) tiene abogado particular y que se constituyó como querellante", explicó Giordamachi.