La Policía Federal brasileña realizó este jueves un nuevo operativo contra los sectores de ultraderecha que el ocho de enero pasado asaltaron las sedes de los tres poderes en un intento de forzar un golpe contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La operación se concentró en los estados de San Pablo, Mato Grosso do Sul y Paraná, donde se ordenaron 22 allanamientos en domicilios de personas cuyas identidades no fueron reveladas y parte de cuyos bienes fue bloqueada por la justicia, según informó en un comunicado la propia Policía Federal en el marco de la operación Lesa Patria.
"Había personas con doble identidad"
De acuerdo al informe policial, el bloqueo de bienes es por un valor de hasta 40 millones de reales (unos ocho millones de dólares). El ministro de Justicia, Flavio Dino, dijo en una entrevista con el canal Globonews, sin dar muchas precisiones, que "la operación muestra que había personas con doble identidad: un productor rural y que financia actos criminales".
Dino indicó que las investigaciones sobre los hechos del ocho de enero "no tienen fecha de cierre" y puso como ejemplo el asalto al Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021, un caso en el que "dos años después aún hay operaciones en curso". Según la prensa brasileña, uno de los empresarios investigados es Geraldo Killer, un ruralista que financió parte de la campaña para la fallida reelección de Jair Bolsonaro y la del senador Marcos Pontes, el astronauta que fue ministro de Ciencia y Tecnología bolsonarista.
La policía incautó un arsenal de cinco armas y decenas de municiones en el domicilio de otro empresario investigado por financiar los actos golpistas. El decomiso se realizó en Maracaju, una ciudad de 48 mil habitantes en Mato Grosso do Sul, a 160 kilómetros de la capital Campo Grande.
El sospechoso en ese caso es Adoilto Fernandes Corone, un empresario que ya había sido señalado como financista de las protestas por la Fiscalía General de la República. Otros blancos del operativo serían los llamados CAC, coleccionistas de armas, tiradores o cazadores deportivos, de acuerdo a la cadena TV Globo.
Bolsonaro en la mira
Por los incidentes del ocho de enero, atribuidos a activistas de ultraderecha que respaldan al expresidente Jair Bolsonaro, fueron detenidas 2.215 personas, de las cuales unas 300 permanecen en prisión. El resto responderá ante los tribunales en libertad.
La Corte Suprema, responsable del juicio contra los golpistas, ya aceptó las acusaciones contra 550 de los responsables de esos ataques, que responderán por diversos delitos contra la democracia y el Estado de derecho. El Supremo incluyó a Bolsonaro entre los investigados con el fin de determinar si, aún estando ese día en Estados Unidos, de donde volvió el pasado 30 de marzo, incitó ese movimiento o tuvo algún papel en la planificación de la intentona golpista.
El expresidente brasileño declaró el mes pasado ante la Policía Federal por haber publicado en las redes sociales un video en el que pedía la liberación de los detenidos por golpismo y denunciaba fraude en las elecciones. Bolsonaro argumentó ante el comisario que lo interrogó que publicó el video por error en Facebook porque estaba bajo los efectos de la morfina, recuperándose de una internación por problemas gástricos durante su estadía de tres meses en Estados Unidos.
Por el intento de golpe está detenido y procesado el exministro de Justicia de Bolsonaro Anderson Torres, quien en el momento del ataque era el secretario de Seguridad del gobierno de Brasilia y había ordenado a la policía no reprimir a los golpistas que asaltaron la sede de la Corte, el Congreso y el Palacio del Planalto.
El miércoles, para demostrar que Brasil vive "en un régimen democrático", Lula ordenó que se retiren las vallas que desde hace más de tres años cercaban la sede del gobierno en Brasilia. "La democracia volvió a este país y la presidencia no debe estar cercada con vallas, porque la democracia no las soporta", declaró el mandatario a periodistas y sostuvo que el retiro de esas vallas no compromete la seguridad del Palacio de Planalto, ya que "para eso están la Policía, las Fuerzas Armadas y también el Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia".
