La Justicia Federal de Victoria se declaró incompetente para investigar los incendios en las islas del río Paraná frente a Rosario y pidió que el caso sea asumido por fiscales de la provincia. La resolución del juez federal de la ciudad entrerriana, Federico Ángel Martín, genera un conflicto negativo de competencia que deberá casi con seguridad dirimir la Corte Suprema de la Nación. Esto porque la Justicia provincial en Rosario determinó en octubre del año pasado no tener jurisdicción para avanzar ya que los delitos que suponen las quemas son de competencia federal. Esta última decisión prolonga el trámite sobre quién es idóneo para tramitar acciones que suponen un grave daño al ecosistema y la salud de la población. "Todos se lavaron las manos y los daños lo sufrimos los rosarinos", cuestionó con firmeza el ex concejal radical Jorge Boasso -uno de los denunciantes- al enterarse del fallo. A eso también le sumó críticas a los fueros federal local y provincial por "sacarse de encima" un tema candente y delicado a raíz de los intereses económicos que pugnan por el suelo en las islas del Delta entrerriano.
Federico Martín adujo contundente "falta de investigación suficiente" al rechazar el expediente. Curioso para un juez de instrucción que justamente debe investigar. "Esta magistratura considera que lo postulado se encuentra desprovisto de elementos objetivos que permitan afirmar la postura declinatoria ensayada, dado que los extremos invocados por los declinantes resultan ser expresiones abstractas, que carecen de asidero en el caso y no se apoyan en material probatorio", argumenta
El magistrado dice que "solo fueron incorporados dos informes siniestrales. El primero de ellos confeccionado en el paraje denominado Isla Garibaldi que da cuenta de un incendio ocurrido el dia 07/08/2022, estimando una extensión afectada en unos 1.200 mt de largo por 520 mt de ancho, habiéndose producido con un elemento de llama libre; mientras que el segundo fue confeccionado en la zona conocida como La Chata el día 07/08/2022, y que fue producido con un elemento de llama libre. No se especificó la superficie afectada". Y que "si bien dichos informes lograron ubicar el lugar y posible fecha de los focos, sus causas y zona afectada, los mismos se encuentran desprovistos de prueba complementaria, por lo que aisladamente lucen insuficientes, por un lado, para tener por probada la aparición de residuos peligrosos en los términos de la Ley 24.051, Y por el otro, para dar por acreditada la interjurisdiccionalidad del caso, con la consecuente competencia federal. Incluso, el informe confeccionado en el paraje denominado Isla Garibaldi ocurrió dentro de la propia provincia del declinante (Provincia de Santa Fe), por lo que este Juzgado carece de competencia territorial para entender en dicho caso".
En buen romance Martin les mandó a decir a los miembros del Poder Judicial rosarino que declinaron su competencia que investiguen al menos en su propio territorio.
El juez de Victoria insistió en "los imprecisos y escasos elementos que obran en la causa remitida por la justicia ordinaria de Santa Fe. No se puede corroborar la mentada interjurisdiccionalidad, la existencia de residuos peligrosos en los términos de ia Ley 24.051, la quema de pastizales alegada por el MPA, pudiéndose solo concluirse -hasta el momento- que los hechos denunciados radicarían en incendios originados a partir del 7 de agosto del 2022 y, que uno de ellos, ocurrió en la misma Provincia de Santa Fe. Es decir, que no se incorporaron pruebas que permitan indicar con precisión el origen de los focos, circunstancia que resulta imperiosa para dilucidar la competencia territorial, atento que no todas las islas del referido delta están bajo la órbita de la Provincia de Entre Ríos. Cabe recordar que, en lo que respecta a las solicitudes de incompetencia, la Corte tiene dicho que en lo que refiere a la falta de investigación suficiente, esta imbuye a los órganos jurisdiccionales a los fines de que estos no se desprendan de los casos sin un mínimo de investigación. Ello no solo implica llevar adelante las medidas concernientes a demostrar la materialidad de lo sucedido, sino que consecuentemente con ello, exige la existencia de indicios que demuestren la certeza necesaria para encuadrar los hechos prima facie en alguna figura penal determinada".
Cabe recordar que en septiembre pasado, en plena crisis ambiental por las quemas en las islas frente a la ciudad, un fiscal provincial pidió que se cite a declarar a funcionarios del gobierno de Entre Ríos, considerando que podrían haber incurrido en el delito de incumplimiento de deberes y daños a la salud frente al desastre por los incendios en el humedal. El fiscal Luis Schiappa Pietra solicitó a la Oficina de Gestión Judicial lo que técnicamente se denomina "una audiencia de cese de estado antijurídico". El motivo fue convocar a declarar a funcionarios entrerrianos que tendrían la responsabilidad de tomar medidas para evitar la continuación de los perjuicios que estos delitos (los incendios intencionales) puedan estar causando en la población".
Pero un juez provincial primero y la Cámara Penal de Rosario después se pronunciaron por la incompetencia de la justicia provincial para intervenir en causas por incendios de pastizales en las islas del Paraná. El primer revés para esa iniciativa lo decidió el juez de primera instancia Nicolás Foppiani ante el pedido de citar al propio gobernador Gustavo Bordet. La fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren anunció entonces la apelación. Posteriormente la camarista Carina Lurati consideró que el asunto en análisis es un delito ambiental de competencia federal, en consonancia con la jurisprudencia publicada en la materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este caso tuvo variadas alternativas judiciales. Antes de que se desencadenara este conflicto de competencias judiciales, en julio del año pasado, el ex concejal radical Jorge Boasso presentó una denuncia penal en la Justicia Federal de Rosario para que investigue y aplique la ley de quemas (Nº 27.604) para encontrar a los responsables de provocar severos daños en la salud de la población producto del humo que emana los incendios, cuyas partículas superan ampliamente el máximo tolerable sobre los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir 25 PM.
La presentación fue en la fiscalía federal 3 de Rosario a cargo de Adriana Saccone por problemas en la vista que tuvo el denunciante, según el planteo de una oftalmóloga, por causa de los incendios. También el periodista rosarino Andrés Canepa participó de la denuncia a raíz de un cuadro respiratorio crítico, atribuido a la misma causa, según certificación de un médico neumonólogo. Y una tercera denunciante fue Adriana Acosta, quien presentó un dictamen médico que acredita que padece de un "cuadro de faringitis alérgica producto del humo de las islas". Todos los médicos acreditantes están citados con nombre y número de matrícula.
Luego de la incompetencia federal se devuelve el expediente al juzgado penal de primera instancia de Rosario, sugiriendo al juez que, de no coincidir con su criterio, lo eleve a la Corte Nacional a fin de que defina quién se queda con el caso. Mientras tanto en Rosario el caso vuelve al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a un equipo en el que participan los fiscales Schiappa Pietra, Matías Ocariz y en el que actúa también el fiscal federal Claudio Kishimoto.
