Hace muchos años, solicité una audiencia con un miembro de la Corte Suprema de los que habían sido designados por Alfonsín, ni bien comenzado su mandato. Se encontraba en el Tribunal desde hacia 2 años para el dictado de la sentencia, un juicio cuya causa era un delito de lesa humanidad y que habíamos iniciado en ese momento, hacía ya once años . Mi cliente -cuya entera familia había sido secuestrada y desaparecida- necesitaba definirlo por el enorme costo anímico que le generaba. El Cortesano no me concedió la audiencia. Pero en un gesto de “enorme magnanimidad”, habló conmigo por teléfono para decirme “doctora: la Corte no tiene plazos”.

Esta anécdota sirve para tomar consciencia de la falta de empatía con el sufrimiento y/o las necesidades de la sociedad por parte de algunos miembros del Poder Judicial, y que esta característica no es producto simplemente de la personalidad o valores éticos del magistrado, sino que es la consecuencia de un sistema de organización arcaica, patriarcal y cuasi monárquica, en el que caben este tipo de funcionarios.

Las resoluciones de la Corte Suprema disponiendo medidas cautelares que han suspendido las elecciones en San Juan y Tucumán a cuatro días del acto eleccionario, en causas intencionalmente armadas para facilitar el dictado de esa suspensión, no pueden ser analizadas jurídicamente porque no han sido el producto de la “aplicación de la ley” o de su “interpretación” por parte de los magistrados. Son la consecuencia de una jugada política de cuyo engranaje los miembros de la Corte forman parte.

Por más que se trate de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no puede ser la única respuesta el acatamiento, con la consiguiente suspensión de los comicios.

La reacción no puede ni debe ser jurídica, sino política, tal como sucedió con el fallo del 2 x 1 cuya respuesta, con miles de personas en las calles, fue la que desarticuló la jugada de estos mismos personajes.


La autora es abogada