El oficialismo porteño aprobó en la Legislatura un paquete de leyes que forma parte de las medidas anunciadas hace un mes por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para "aliviar" las dificultades para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de exenciones impositivas orientadas a propietarios y a desarrolladores inmobiliarios con el objetivo de que pongan sus viviendas en el mercado de alquileres o de que construyan edificios en la zona sur de la ciudad. La oposición rechazó las iniciativas al señalar que no implican ningún beneficio concreto para los inquilinos ni abordan de fondo los principales ejes de la problemática, como la vivienda ociosa, el aumento de los departamentos destinados a alquileres temporarios o la dificultad para acceder a la primera casa.
El pasado 14 de abril, el jefe de Gobierno y precandidato a presidente anunciaba en conferencia de prensa una serie de medidas para "aliviar la problemática en torno a los alquileres". La ejecución de algunas de ellas, como la bonificación de una parte del seguro de caución, la apertura de una línea de crédito para ingresar a alquilar o el financiamiento de reformas para las viviendas, depende directamente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Las otras, que implican reformas impositivas, debían contar previamente con el aval de la Legislatura.
Luego de casi un mes y medio de inactividad, las puertas del recinto de sesiones volvieron a abrirse entonces para tratar las leyes impulsadas por la Jefatura de Gobierno. Por un lado, el oficialismo aprobó una exención del pago del ABL para los propietarios que pongan su vivienda en alquiler, mientras que modificó el tope de exención de Ingresos Brutos que ya estaba previsto anteriormente: el límite pasó ahora de 75 mil a 220 mil pesos y el máximo de propiedades a contabilizar se elevó de dos a tres.
Cecilia Ferrero, diputada de Vamos Juntos e informante de los proyectos, aseguró durante la sesión que se trata de "incentivos fiscales sobre los inmuebles para promover la oferta para locación con destino a vivienda". Desde UCR-Evolución, el legislador Gustavo Mola la acompañó al señalar que la "actualización del valor" del tope de Ingresos Brutos "busca mejorar los incentivos" para los alquileres. La oposición, sin embargo, consideró que las exenciones propuestas no tendrán ningún efecto significativo sobre la problemática y advirtió que no están orientadas a los y las inquilinas. "Estamos hablando sólo de beneficios para propietarios", alertó en este sentido el diputado Matías Barroetaveña.
"Este no es un tema menor, es el más importante para tratar en la Ciudad y la falta de decisión política está dando como única alternativa a los ciudadanos terminar en la calle", agregó el legislador. Durante sus intervenciones, los diputados y diputadas de la oposición resaltaron con datos varios ejes que hacen a la problemática y que advierten que no fueron abordados en las leyes debatidas. "En 2017 el IVC informó que existían 185.235 viviendas ociosas. Cinco años después, el ENRE, a partir del análisis del consumo eléctrico, dijo que ya son 246.900 viviendas", indicó, por ejemplo, el legislador del FdT, Javier Andrade.
"Desde 2015 a la fecha aumentó cerca del 50 por ciento la población en villas y asentamientos y la cantidad de personas propietarias disminuyó: los inquilinos aumentaron del 24 por ciento a cerca del 38", añadió el diputado. Sobre el aumento exponencial de las viviendas destinadas al alquiler temporario dentro de plataformas como Airbnb, Barroetaveña sostuvo que "tenemos 16 mil viviendas Airbnb y no las tenemos registradas, las controla el instituto de turismo cuando debería hacerlo la agencia de control". Impuesto a la vivienda ociosa, banco público de tierras e inmuebles y proyectos de crédito a la primera vivienda son algunas de las iniciativas presentadas por distintos espacios de la oposición en los últimos años, que no fueron tratadas ni siquiera en comisiones.
La otra exención aprobada este jueves fue la del 80 por ciento del pago de la conocida como "plusvalía urbana" a aquellos desarrolladores que decidan construir en las comunas 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10, es decir, la zona sur de la Ciudad. La "plusvalía" en cuestión, formalmente llamada "Derecho para el Desarrollo Urbano y Hábitat Sustentable", es el monto que los desarrolladores deben pagar por las parcelas de su propiedad en las que se vieron favorecidos por modificaciones de normativa. Si el nuevo Código Urbanístico, por ejemplo, aumentó la capacidad constructiva de la zona en la que se ubica su parcela, el desarrollador debe pagar un porcentaje en compensación.
Sobre esta iniciativa, Ferrero informó que busca fomentar las "zonas estratégicas de la zona sur" donde los desarrolladores no suelen poner el foco para construir. "Mi idea sería que esa plusvalía se pague en metros cuadrados habitables para que el Estado pueda tener departamentos propios a precio de alquiler justo, pero lo que quieren votar hoy es que los desarrolladores ni siquiera lo tengan que pagar", alertó por su parte la diputada Ofelia Fernández, quien subrayó que el problema del alquiler en la ciudad "no es un tema de que se tenga que construir más porque ya hay 200 mil viviendas vacías".
Desde el Frente de Izquierda, que también rechazó las iniciativas, el diputado Gabriel Solano sostuvo que, con la exención de la "plusvalía", "el
capital inmobiliario, sin ningún tipo de restricción, va a terminar expulsando a
la población de esas comunas". Además, el legislador apuntó al Grupo IRSA como el ideólogo de la iniciativa: "Quizás
la craneó el dueño de la principal desarrolladora inmobiliaria de la Ciudad y del Hotel Llao Llao donde hace poco estuvieron Larreta,
Bullrich y Vidal rindiendo examen", aseguró.
Además de las exenciones impositivas, los y las legisladoras también aprobaron otros anuncios realizados por el jefe de Gobierno en las últimas semanas, como la gratuidad de 80 trámites de la administración porteña y la devolución de los importes por el Impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito que fueron cobrados desde fines de 2022 hasta la fecha.
