El fiscal federal Gerardo Pollicita promovió una serie de medidas de prueba para profundizar la investigación sobre varios integrantes de la violenta agrupación de ultraderecha Revolución Federal, entre ellos Ximena Tezanos Pinto, la mujer que vive en el departamento de arriba del de Cristina Kirchner en Recoleta.
Las medidas abarcan, además de a Tezanos Pinto, a Ailen Cintia Vallero, Nataly Balboa, Diego Ariel Balboa, María Isabel Said, Cristina Luján Romero, Natanel Reinstein Menin y Franco Castelli.
¿Quiénes son esas personas? Vallero era socia en la carpintería del líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, en la provincia de Buenos Aires; Evelyn Balboa fue pareja de Morel y, junto con su hermano Diego, canalizaron pagos de la empresa Caputo Hermanos para la provisión de muebles en un edificio en Vaca Muerta. María Isabel Said, alias "Dalila", es la mujer que viajó con Morel a Entre Ríos cuando pesaba sobre él un pedido de captura del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Morel fue detenido efectivamente en Entre Ríos, pero, rápidamente, la Cámara Federal porteña —la sala que integran los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia— lo dejó en libertad.
Said aparece también como proveedora de mobiliario para el edificio de Vaca Muerta.
Romero es la supuesta militante de Revolución Federal a la que Tezanos Pinto señaló como quien que le presentó a la abogada de varios de los integrantes de esa agrupación y luego le sugirió que los invitara a su casa para conocerlos. Está vinculada también con la agrupación Equipo Republicano y en las redes sociales se referencia con la precandidata del PRO Patricia Bullrich.
Reinstein Menin participó de una manifestación en la puerta de la casa de CFK al día siguiente del pedido de 12 años de prisión en la Causa Vialidad. Seguidores de la vicepresidenta fueron allí en su apoyo, pero militantes de Revolución Federal concurrieron a repudiarla y se produjeron algunas choques. En ese contexto, Reinstein Menin tomó del cuello a un policía que intentaba detener a otro referente de la agrupación, Leonardo Sosa, quien arrojaba proyectiles. Entre sus pertenencias fue secuestrada una bomba molotov lista para ser arrojada.
Castelli, en tanto, es un ex soldado voluntario que fue procesado en Río Gallegos en octubre del año pasado por intimidación y amenazas contra el diputado Máximo Kirchner. Su situación procesal aún no fue tratada por la Cámara de Apelaciones. Castelli está procesado por formar parte de una "organización que busca imponer sus ideas y acallar las ajenas mediante mensajes de odio, por la fuerza y generando temor".
"En pos de dilucidar si efectivamente aquellos desplegaron conductas penalmente relevantes desde el seno y fundamentalmente como parte de la agrupación Revolución Federal", el fiscal Pollicita dispuso encomendar a la unidad antiterrorista de la PSA "la realización de un análisis con relación a los videos, imágenes y conversaciones mantenidas a través de medios digitales —redes sociales como Instagram/Telegram/Facebook y/o WhatsApp— que fueron recabados" respecto de los involucrados. El fiscal hizo hincapié en "la actividad desplegada en el período comprendido entre el mes de mayo del año 2021 y la actualidad", incluyendo el 1° de septiembre de 2022, el día que atentaron contra la vida de la vicepresidenta.