Su imagen recorrió el mundo en 2018 cuando un tribunal de San Martín lo condenó por delitos de lesa humanidad y reconoció que las empresas –incluso las multinacionales– estuvieron involucradas en los secuestros, torturas y desapariciones durante la última dictadura. A los 97 años murió Héctor Sibilla, el exjefe de seguridad de la planta de Pacheco de Ford Motors, sentenciado a doce años de prisión por las privaciones ilegales de la libertad que padecieron 24 de los trabajadores de la empresa a quienes él debía supuestamente proteger.

Posiblemente nadie encarnó mejor que Sibilla la comunión entre los militares y el empresariado durante los años del terrorismo de Estado. Retirado del Ejército, se convirtió en el hombre fuerte de la Ford durante 20 años. Cuando dejó la automotriz consiguió un puesto en la oficina de Seguridad de la Embajada de los Estados Unidos, donde estuvo hasta 2004.

Sibilla falleció el 4 de abril pasado en la clínica Bazterrica. Sin embargo, su deceso fue recién informado en el expediente el martes último y trascendió en las últimas horas. Condenado en 2018, su sentencia fue confirmada en 2021 por la Cámara Federal de Casación Penal en lo que se reconoció como un hito en el proceso de verdad y justicia en la Argentina. Su caso estaba apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no suele caracterizarse por su celeridad a la hora de revisar las causas de lesa humanidad.

Nacido en 1926, Sibilla egresó a los 20 años del Colegio Militar de la Nación. Estuvo en el Ejército hasta 1962. En ese momento, se retiró con el grado de mayor. Antes de incorporarse a la Ford, pasó por una empresa de nombre Organización de Protección Industrial (ORPI) –que era manejada por militares retirados de alto rango–. ORPI también prestaba tareas de seguridad en la planta de Pacheco. Meses atrás se presentó un testigo ante el juez Daniel Rafecas y declaró que ORPI, en realidad, era una fachada de la Jefatura II de Ejército, es decir, de la estructura de inteligencia.

En la Ford lo conocían como “mayor”. Estaba ahí desde el 13 de mayo de 1967. El 24 de marzo de 1976 pasó la noche en la planta. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió que era porque “podía pasar algo”. Y efectivamente pasó: ese día comenzaron los secuestros, la militarización de la fábrica y la puesta en funcionamiento de un lugar que funcionó como campo de concentración. Veinticuatro trabajadores de la Ford fueron secuestrados después del golpe de Estado. A 17 de ellos los privaron ilegalmente de la libertad dentro de la propia fábrica y a nueve de ellos los tuvieron cautivos en un quincho que fue usado como centro de detención y tortura. 

A Sibilla lo ascendieron al grado de teniente coronel en julio de 1976, pese a que llevaba quince años retirado. Posiblemente fue una recompensa por su colaboración en la represión. La justicia dio por acreditado que Sibilla participó en el secuestro de operarios y que también estuvo presente en la tortura de otros que fueron llevados a la comisaría de Tigre.

A pesar de su recorrido por el mundo militar, empresarial y de la diplomacia, la familia de Sibilla no recibió grandes saludos por su fallecimiento. Quien publicó un aviso fúnebre en el diario La Nación para despedir a su “querido amigo” fue Juan Carlos Anchézar, el vicealmirante que recaló como número dos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Carlos Menem. Durante los años ‘80, Anchézar fue uno de los oficiales superiores que evaluó la capacidad de Adolfo Scilingo –casi una década antes de que le confesara al periodista Horacio Verbitsky haber participado de los vuelos de la muerte–. En 2019, Anchézar terminó condenado a tres años de prisión en el juicio por el encubrimiento del atentado de la AMIA.

Además de Sibilla, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín condenó en 2018 a otro jerarca de la Ford, Pedro Müller, que integraba el directorio de la empresa en los años '70 y, en la práctica, funcionaba como el número dos de la automotriz que abrió su planta en Pacheco a principios de la década de 1960.

La Corte tiene un recurso de Müller contra su condena desde el año pasado. No es el único planteo que tiene por responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad: semanas atrás le llegó una apelación de las querellas contra un sobreseimiento de Juan Ronaldo Tasselkraut, el exgerente de la Mercedes Benz. En general, los supremos --más afectos a las intrigas palaciegas o a las disputas partidarias-- suelen aplicar la "cronoterapia" a estos casos: como prueba están los seis años que el expediente de Carlos Pedro Tadeo Blaquier pernoctó en el cuarto piso del Palacio de la calle Talcahuano.