Brasil redujo la deforestación en la Amazonia. Según las autoridades, durante abril perdió 329 kilómetros de cobertura vegetal, 67,9% menos de lo que perdió en abril de 2022 cuando fueron deforestados 1.026 kilómetros cuadrados.
La mayor selva tropical del mundo se recupera de los índices de deforestación registrados en 2022. Durante los primeros cuatro meses del año la Amazonia perdió 1.173 kilómetros cuadrados, mientras que en ese mismo periodo del año pasado deforestó 1.968 kilómetros cuadrados.
Esto implica una reducción de 40,4% de la deforestación, según datos del Instituto Brasileño de Estudios Espaciales (INPE).
Entre agosto de 2022 hasta abril de 2023 la deforestación acumulada fue de 5.977 kilómetros cuadrados.
La deforestación saltó casi un 60% en los cuatro años del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) frente a los cuatro años previos. Organizaciones ambientales denuncian que esto fue consecuencia de la falta de controles y el debilitamiento de los órganos ambientales durante el mandato de Bolsonaro.
El expresidente también incentivó la minería ilegal y la llegada de garimpos o mineros ilegales a las reservas indígenas. Durante el gobierno de Bolsonaro Brasil perdió importantes acuerdos internacionales como el Fondo Amazonia que habían activado países europeos para proteger la selva amazónica.
Brasil, camino a ratificar el Acuerdo de Escazú
En su primer mes de gobierno Lula da Silva logró reactivar el Fondo Amazonia. Además, esta semana el ministro de Derechos Humanos, Sílvio Luiz de Almeida, anunció que el gobierno brasileño envío el Acuerdo de Escazú al congreso para su ratificación.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado latinoamericano sobre ambiente. El pacto incluye mecanismos de protección de la naturaleza y también para proteger para los defensores del medioambiente. También garantiza el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Hasta el momento el Acuerdo de Escazú fue ratificado por 15 países latinoamericanos, entre ellos Chile, Belice y Granada.
“Corresponde ahora al Congreso Nacional deliberar sobre este tratado, que genere una importante plataforma jurídico-institucional para la protección del medio ambiente y de las personas defensoras de derechos humanos”, concluyó el ministro de Derechos Humanos de Brasil.
