El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja comenzó el juicio oral contra Eduardo Abelardo Britos, ex alférez del Escuadrón 24 “Chilecito” de la Gendarmería Nacional y exjefe de seguridad del Instituto de Rehabilitación Social riojano, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de Wenceslao Pedernera y otras 36 víctimas.
El ex gendarme pasó dos años prófugo de la justicia argentina hasta que fue extraditado desde Paraguay en 2011 para ser juzgado. En 2013, fue condenado a 15 años de prisión como responsable del delito de imposición de tormentos contra seis presas y presos políticos.
Pedernera era integrante de la pastoral de monseñor Enrique Angelelli, en 1972 se mudó con su familia a Sañogasta por su acción pastoral comprometida con los pobres. En la noche del 24 de julio de 1976, mientras se encontraba en su hogar, fue atacado por un grupo de tareas del Ejército que lo acribilló delante de su esposa e hijas. Murió horas más tarde en el hospital de Chilecito. Sus últimas palabras fueron pedir a su familia que no odiaran.
El asesinato de Wenceslao no fue un caso aislado. Su asesinato fue parte de la represión dirigida contra el obispado de La Rioja, había sido precedida una semana antes por los asesinatos de los dos curas de Chamical, Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, en un plan orquestado por las fuerzas militares en connivencia con sectores poderosos de la provincia para desarticular el creciente Movimiento Rural Cristiano, en una avanzada que tendría como corolario la muerte en un accidente automovilístico fraguado del máximo referente del sector, monseñor Angelelli, sólo nueve días después, el 4 de agosto de 1976. El Papa Francisco reconoció oficialmente en 2019 que la muerte de Wencesaleo Pedernera junto a la de Angelelli, Longueville y Murias, los “cuatro mártires de La Rioja”, tuvieron el carácter de “martirio en odio de la fe”, lo que conllevo a su beatificación y su nombramiento como patrono de la Familias Campesinas Riojanas por el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida.
El proceso, en el que intervienen los jueces José Camilo Quiroga, Juan Carlos Reynaga, Mario Eduardo Martínez y José Fabián Asis -como sustituto-, tiene como objeto tres causas que tramitaron por separado y en las que Britos está imputado como autor mediato en el homicidio calificado de Pedernera; como autor mediato en privación ilegal de la libertad, tormentos, allanamiento ilegal y delitos sexuales en hechos que involucran a 42 víctimas, y como miembro de una asociación ilícita. Asimismo, también se le imputa la imposición de tormentos agravados respecto de Paschetta y Bofelli. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la responsable de la Fiscalía General ante el TOF y la Unidad de Derechos Humanos de esa jurisdicción, Virginia Miguel Carmona, junto al fiscal general Rafael Vehils Ruíz.
Participaron las abogadas querellantes Dras. Viviana Reinoso y María Elisa Reinoso de manera presencial, y tanto Britos como su defensa participaron de manera virtual de la primera audiencia de este proceso oral y público. Actualmente el imputado está cumpliendo condenas previas en Salta por delitos de lesa humanidad.
En la segunda audiencia sucedida el viernes 5 de mayo empezó a declarar la familia de la víctima que estuvo presente en el hecho sucedido hace 47 años. La viuda Cornejo de Pedernera, sus hijas Susana y Estela “quienes al momento del hecho tenían corta edad pero tienen recuerdos claros y precisos, porque son nada más y nada menos que testigos presenciales” explicó la querella. Ramona Cornejo de Pedernera “espero toda su vida este momento” resaltó una de sus abogadas “desde el primer momento que ha ocurrido el hecho denunciando y gritando siempre la justicia para su esposo”. Coca, como se la conoce a la viuda de Pedernera actualmente tiene 89 años y viajó 200 km para declarar presencialmente el 5 de mayo. El viernes 12 de mayo declaró su hija mayor, Maria Rosa quien vive en Mendoza y viajo para dar su testimonio. Tambien lo hizo el historiador Luis Miguel Baronetto, un comprometido con la investigación de la causa.
El Secretario de Derechos Humanos de la provincia estuvo presente en todas las audiencias y resaltó la importancia social de poder acceder presencialmente a un juicio oral para vivir este hecho tan trascendental para nuestra historia. También compartió las 3 jornadas el Obispo Dante Braida quien destacó que “esto se tiene que esclarecer para el bien de toda la sociedad”.
Hoy en Argentina se están llevando adelante más de 15 juicios orales en diferentes provincias y desde la vuelta de la democracia, ya fueron condenados por la justicia más de 1100 genocidas.
