El predio ubicado en 1 y 60 de La Plata comenzó a operar como campo de concentración antes del golpe de Estado de 1976. Un día antes de que los militares sacaran del gobierno a María Estela Martínez de Perón, hubo una reunión en ese edificio –donde funcionaba el Cuerpo de Infantería de la Policía bonaerense– para ultimar los detalles de cómo se sucederían los secuestros y las torturas. Cuarenta y siete años después, estos hechos serán juzgados por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata. En el juicio que comenzará a las 9 de la mañana del jueves próximo, los jueces también analizarán lo sucedido en la Comisaría 8ª de la capital bonaerense, que funcionó como centro clandestino durante la dictadura.

Ni la persecución, las fichas ni las listas negras comenzaron con la dictadura. Antes del golpe, los servicios de inteligencia tenían catalogadas a distintas personas como “peligrosas”. Esos listados se desempolvaron en la madrugada del 24 de marzo en La Plata: el personal policial salió de cacería. En las primeras horas del régimen dictatorial se registraron secuestros en los Astilleros Río Santiago, en Propulsora Siderúrgica, en la Sociedad industrial de Aparatos de Precisión (SIAP), en el Frigorífico Swift y en YPF, entre otros lugares de trabajo.

Las personas secuestradas, en muchos casos, fueron llevadas al predio de 1 y 60. Allí, les tomaban “declaraciones espontáneas”, que poco tenían de espontáneas y mucho de tormentos. También solían sacarlas al patio y tomarles fotos para confeccionar fichas con sus casos. Tanto las declaraciones espontáneas como las fichas fueron halladas en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y serán prueba esencial en este juicio –muy esperado en La Plata–.

Dentro de 1 y 60, los secuestrados eran alojados en dos zonas particularmente: la cuadra y los calabozos. Según los investigadores, esta dependencia policial funcionó como un lugar de tránsito de los detenidos hacia otros lugares de detención clandestinos y también como un espacio de tormentos.

Desde lo simbólico, 1 y 60 es un lugar muy emblemático de la represión, sobre todo por su ubicación en pleno centro de la ciudad. "No nos olvidemos que sigue funcionando ese lugar", advierte la abogada querellante Guadalupe Godoy y recuerda que fue usado en plena democracia --en febrero de 1996-- para la detención masiva de estudiantes como parte de la represión a una manifestación contra el arancelamiento de la universidad pública.

La Comisaría 8ª, emplazada en 7 y 74, funcionó como un paso intermedio entre la total clandestinidad y el blanqueo de detenidos. Es decir, esta dependencia policial albergó a detenidos que venían de otros centros clandestinos –como podían ser 1 y 60 o La Cacha–. Parte de esa zona gris es que los detenidos eran anotados en los libros de la comisaría, lo que significaba un anclaje después de días, semanas o meses en el estado de excepción que significaban los campos de concentración de la dictadura.

Lo que caracterizó a la Comisaría 8ª fue el hacinamiento total. Un policía declaró que llegaron a tener 180 detenidos en cuatro calabozos. También quienes pasaron por allí declararon que el hambre era una constante. La comida solía llegar desde la Unidad 9 de La Plata.

Por estos hechos, los jueces Karina Yabor, Andrés Basso y Ricardo Basílico juzgarán a 18 represores. Entre ellos hay algunos que se sentarán por primera vez en el banquillo u otros que ya arrastran varias condenas en su haber, como es el caso del exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, que acaba de sumar una prisión perpetua por dos operativos hechos en marzo de 1977 que terminaron con seis personas asesinadas y tres niños robados y enviados a un hogar de menores en el que sufrieron todo tipo de abusos y maltratos durante casi siete años.

Dentro de este proceso estarán quienes reportaban en el Regimiento 7 de Infantería de La Plata –donde tenía asiento el Área 113: Jorge Alberto Crinigan, Ismael Ramón Verón, Lucas Marcelo Castro, Enrique Francisco Welsh, Luis Gustavo Diedrichs, Lucio Carlos Ramírez, Rubén Vicente Sánchez y Enrique Armando Cicciari.

También los acompañará en el banquillo un exintegrante de la Policía Federal Argentina (PFA), Carlos Hugo Leguizamón. La PFA intervino en secuestros. Se logró identificar quiénes fueron los efectivos abocados a esa tarea gracias a que uno de ellos perdió su documento de identidad en un operativo y, por ese faltante, debieron labrarse actuaciones administrativas.

De la Bonaerense están incluidos Claudio Rubén Mejías, Tomás D’Ottavio, Raúl Ricardo Monzón y Juan Antonio Vidal. También será de la partida Carlos Ernesto “Indio” Castillo, miembro de la banda de matones conocida como Concentración Nacional Universitaria (CNU).

El proceso permitirá también analizar qué rol jugó el Destacamento de Inteligencia 101 en la maquinaria represiva. Según los testimonios, el Destacamento no solo conseguía información para provocar nuevas capturas, sino que enviaba a sus hombres a las salas de torturas para interrogar a los detenidos-desaparecidos. Por estos hechos deberán responder Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale.