La Procuraduría General de Brasil le pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) que abra una investigación sobre la conducta de los jefes de las plataformas Google y Telegram en el país, por sus acciones en contra del proyecto de ley con el que el Gobierno pretende combatir la desinformación en las redes sociales.
La medida se tomó luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, iniciara la acusación y solicitara la investigación. Según él, las empresas que operan las redes sociales utilizan una campaña de desinformación y sobrecargan los sistemas informáticos de la Cámara al alentar a los usuarios a presionar a los diputados a través de un enlace que remite al portal del cuerpo en internet, indicó la estatal Agencia Brasil.
Eliminar mensaje
El ministro del STF, Alexandre de Moraes, ordenó el miércoles a Telegram eliminar un mensaje enviado a los usuarios de la plataforma el martes, en el que alegaba que la aprobación del proyecto de ley se trataba de "un ataque a la democracia" porque “otorgará poderes de censura” al gobierno federal y creará un sistema de vigilancia permanente que “matará a la Internet moderna”. Ante la amenaza de suspender hasta el viernes a Telegram en Brasil, la empresa acató el fallo del juez de la corte que investiga, entre otros, al expresidente Jair Bolsonaro por "fake news" y golpismo y publicó una retractación redactada por el propio magistrado.
La semana pasada se dio una situación semejante. Google también uso sus servicios para criticar el proyecto legislativo y el Gobierno obligó a la empresa a retirar de sus plataformas el texto. Según el ministro de Justicia, Flávio Dino, Google usó su "poder económico" para promover una "campaña abusiva y engañosa".
El proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado, castiga la difusión de contenidos falsos en cuentas automatizadas, además de responsabilizar a los proveedores por contenidos de terceros impulsados en espacios pagos. No obstante, es resistido por el Partido Liberal del expresidente Bolsonaro, que tiene la mayor bancada parlamentaria en la Cámara baja.
El Gobierno brasileño también se enfrentó el mes pasado contra Telegram por la negativa de la compañía a facilitar datos de grupos neonazis que difunden mensajes de odio en el país y que, según las autoridades, fomentaron ataques violentos en las escuelas. Telegram, cuyo servicio fue interrumpido en ese momento por orden judicial, se defendió alegando que los datos solicitados son imposibles de obtener.
