La concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) presentó un proyecto para crear el Programa de Conservación de Fachadas, que apunta a lograr condiciones de mayor seguridad en el espacio público, particularmente en las veredas y calzadas, a partir de la reducción de los riesgos que representan las fachadas urbanas en estado de deterioro. La edila propone que se realice un relevamiento de balcones, barandas, balaustradas, aleros, marquesinas, ménsulas, estructuras adicionales de soporte, elementos adosados a los muros, y cualquier elemento que pueda desprenderse total o parcialmente y producir lesiones a las personas o daños a sus bienes. El relevamiento se realizará en los diferentes sectores de la ciudad, pero comenzará en el Area Central, particularmente en el casco histórico que concentra muchos inmuebles antiguos. "Es necesario formalizar controles permanentes y establecer mecanismos que permitan hacer un seguimiento periódico del estado de conservación de los frentes", dijo Gigliani. El proyecto establece además una modificación del Fondo de Preservación Urbanística, creado en 1991 y que está pensado únicamente para inmuebles catalogados que tienen protección patrimonial, para destinarlo eventualmente a solventar los costos para realizar los trabajos necesarios que los propietarios no puedan afrontar. 

En los considerandos del proyecto que debe tratarse en las comisiones de Planeamiento, Gobierno y Presupuesto, la concejala Gigliani plantea la necesidad de implementar mecanismos para garantizar la seguridad de las personas y la integridad de los bienes que se encuentran en el espacio público, muchas veces en riesgo por el peligro de desprendimiento de partes o elementos de las fachadas de edificaciones absolutamente deterioradas por falta de mantenimiento.  "Ya son varios los casos de desprendimiento de elementos o partes de las fachadas de inmuebles antiguos que han provocado daños significativos sobre la vía pública", apuntó la edila.

Se trata de inmuebles deshabitados y en estado de abandono, algunos por falta de recursos de sus titulares y otros producto de la especulación de los propietarios para habilitar su demolición cuando la normativa vigente se lo impide. Gigliani sostiene que en la zona del casco histórico -aunque de modo más aislado, estos problemas se extienden a otros sectores de la ciudad- se concentran muchos inmuebles antiguos, cuyas estructuras, mamposterías, balcones, aleros y ménsulas se encuentran comprometidos, siendo ésta una zona con gran circulación de peatones y vehículos.

En relación al diagnóstico, la concejala se refirió a varios aspectos que explican lo que sucede con estos inmuebles, ya sean de patrimonio o no pero que son antiguos: "La crisis económica, muchos están bajo sucesión y por lo tanto no hay nadie que se haga responsable de manera directa. Hay también algún margen de especulación de quien los deja caer en ruinas para luego poder demolerlos. Frente a esto, y sabiendo que existe un peligro real, queremos que la Municipalidad tome acciones".

La Ordenanza establece que el Programa de Conservación de Fachadas funcionará en el ámbito de la Dirección General de Obras Particulares (DGOP). La repartición realizará cada 3 años un relevamiento del estado de las fachadas urbanas en lo que hace a sus elementos estructurales, identificando las situaciones de riesgo y su descripción en una ficha donde se establezca la ubicación precisa del inmueble, la descripción del problema que incluya fotografías y una primera valoración del nivel de riesgo.

Las fichas serán recibidas y evaluadas en la DGOP, desde donde se emitirán las cédulas intimando a la realización de los trabajos necesarios, ya sean de demolición, reparación o refuerzo, para los cuales se deberá contar un plan detallado de acciones a realizar, proyectadas y programadas por un profesional habilitado, quien también dirigirá el desarrollo de los trabajos. Los profesionales habilitados son los mismos que el Reglamento de Edificación habilita para presentar proyectos y dirigir la ejecución de obras que  deberá estar visado por el Colegio Profesional correspondiente.

Para realizar las tareas de relevamiento, la Municipalidad podrá suscribir convenios con las Facultades de la UNR para que participen alumnos avanzados bajo tutoría en el marco de pasantías o prácticas profesionales asistidas. También está pensado, para establecer honorarios accesibles para la elaboración de los proyectos, que la Municipalidad establezca convenios con los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros. "Hay un montón de gente que tiene inmuebles de patrimonio o casas viejas que no están patrimoniadas, pero que no tienen plata para afrontar los costos de preservación y conservación", sumó Gigliani.

En ese sentido, la iniciativa contempla en que los propietarios de los inmuebles puedan probar fehacientemente que no pueden afrontar los gastos correspondientes a los trabajos que sea necesario realizar, el Municipio podrá destinar parte de los recursos del Fondo de Preservación Urbanística a subsidiar parcial o totalmente dichos gastos o articular con el Banco Municipal de Rosario una linea de créditos blandos para hacer frente a las erogaciones que demanden las tareas. 

"Si se acredita que no se tiene la posibilidad económica, así como se hace con las casas de patrimonio, y lo del Programa Esfuerzo Compartido que se hace con las veredas, donde la Municipalidad pone una parte y el titular la otra. Incluso, si hay casos donde no se encuentran a los titulares, que la Municipalidad lo pueda hacer por sí y que después se lo carga en su Tasa General de Inmuebles para que en algún momento lo devuelva", explicó la edila de iniciativa Popular.

Gigliani ingresó al mismo tiempo un pedido de informes al municipio para conocer, entre otros puntos, el estado de la cuenta en el Banco Municipal de Rosario del Fondo de Preservación Urbanística -creado para facilitar el financiamiento de la restauración de edificios y monumentos y realizar campañas de concientización- al momento de asumir la actual gestión de gobierno en diciembre de 2019. También pide que se informen los montos ingresados a dicha cuenta a partir de la fecha señalada, especificando su origen, y en el caso de provenir de convenios público-privados, que se identifiquen con precisión. 

Además, la edila requiere al Departamento Ejecutivo un listado de inmuebles, identificados por dirección y datos catastrales, y propietarios beneficiados, con referencia al correspondiente convenio. "En el capítulo 2 del Plano Urbano Rosario señalaban que del año 2004 al 2010 se habían recuperado 45 inmuebles privados. Queremos saber qué pasó desde el 2019 a la fecha con ese Fondo de Preservación Urbanística", concluyó Gigliani.