El máximo Tribunal de Salta puso punto final el 8 de mayo a un litigio judicial iniciado hace cuatro años por el municipio de La Caldera. El intendente Diego Sumbay respondió a una demanda de fideicomiso “Marina Barlovento” contra la comuna. Funcionarios de dos gestiones anteriores avalaron la entrega de un tercio del catastro 1846 a los socios del fideicomiso. El espacio de 135 hectáreas se localiza al noreste del Dique Campo Alegre, dentro de un área de gran valor turístico y natural en esa jurisdicción en el norte del Valle de Lerma.

En primera instancia, la causa obtuvo en mayo del año pasado sentencia a favor del municipio. El Juzgado Contencioso Administrativo de segunda nominación rechazó la demanda interpuesta por “Marina Barlovento” que ostentaba derechos sobre esos terrenos. “La estrategia del fideicomiso era escriturar las hectáreas pactadas por gestiones anteriores (Luis Mendaña 2011 – 2015 y Daniel Escalera 2015 - 2019), cuando firmaron un boleto de compra venta”, detalló Sumbay durante un encuentro con la prensa. “Es nuestra responsabilidad informar a la sociedad y a la provincia qué ocurrió con ese catastro”, mencionó al iniciar su alocución.

“Vamos a hacer los estudios correspondientes para hacer realidad el desarrollo integral prometido para el catastro que fue cedido por la provincia de Salta al municipio. Queremos que ese lugar sea para la gente, no para los privados”, continuó. "Planificamos zonificar el espacio. En la zona del peri lago proyectamos un desarrollo turístico que genere empleo a los pobladores de La Caldera. Más arriba -por la el relieve montano- hay habitantes rurales que queremos que sigan viviendo en la zona y sean parte del turismo rural o la producción ganadera. Finalmente, sobre un espacio cercano a la ruta nacional 9 planeamos un barrio municipal eco sustentable", detalló.

Mapa con la zonificación que especificó Diego sumbay (Imagen: Municipalidad de La Caldera).

“La modalidad administrativa que siguieron gestiones anteriores fue la venta directa de esas hectáreas para entregarlas a un fideicomiso privado. No hubo licitación previa, aunque debió ocurrir por tratarse de un bien del Estado”, declaró la abogada de la comuna, Cintia Mendoza. Recordó que hace más de una década la ordenanza 587 aprobada en 2012 por el Concejo Deliberante caldereño durante la gestión de Luis Mendaña, “si bien no estableció quién fue el comprador, sí mencionó la modalidad de venta directa”, insistió. Esa decisión administrativa, “dejó de lado todas las formas que establecía la Ley de Contrataciones de Salta (6838). Por eso la justicia falló a favor de la comuna”. 

Héctor Velásquez, miembro del equipo jurídico de La Caldera, precisó que “en caso de bienes públicos, debe existir un proceso de licitación, conformación de pliegos, información detallada a los integrantes del Concejo Deliberante y, eventualmente, la publicidad de esa venta. Ninguno de esos pasos se cumplió”.

Según el mapa catastral de la provincia, la matrícula 1846 de La Caldera tiene una extensión aproximada de 135 hectáreas, de las cuales la mitad se encuentran bajo agua. El total del territorio en superficie alcanza las 75 hectáreas. El 1 de febrero de 2016, por medio del boleto de compra venta, el Estado municipal y privados pactaron la transacción por 40 hectáreas, es decir, una tercera parte del catastro municipal. La suma a pagar por el fideicomiso “Marina Barlovento” fue diez millones de pesos, que además se abonarían en cuotas. “La primera entrega fue pactada en tres millones de pesos, pero esa suma nunca ingresó a las arcas municipales”, explicó Sumbay a los medios. “Pedimos un resumen bancario para saber si ese pago, que avalaba la operación con el boleto de compra venta, se había realizado. Constatamos que no hubo ingresos por esa suma e inmediatamente comenzamos las gestiones ante la justicia provincial”, relató el jefe comunal.

Héctor Velásquez profundizó en la trama con otros detalles. “En 2019 hubo una discusión de fondo sobre cuál sería la vía formal a seguir (en el proceso judicial): civil o contenciosa administrativa”. En 2020 el juzgado que tramitó el expediente dispuso que la causa “era de puro derecho”, por lo tanto la investigación del caso se centró cuestiones administrativas, y no sobre responsabilidades civiles. “Estamos evaluando las acciones a seguir”, respondieron los dos abogados comunales a la consulta de Salta/12 sobre la futura judicialización de responsabilidades de funcionarios comunales por la entrega irregular de tierras. “Somos muy cuidadosos y serios. Vamos a analizar profundamente qué pasos serían los adecuados”, aclaró Mendoza.

Sospechas en campaña y mercado de tierras

A la conferencia de prensa del jueves por la mañana también asistieron el actual senador por el departamento La Caldera, Miguel Calabró, y el ex intendente de esa comuna, Luis Mendaña. “En 2011, cuando fui diputado por La Caldera, redacté una ley para ceder 120 hectáreas al municipio”, explicó Mendaña a este medio. “En 2012, ya durante mi gestión como jefe comunal, se generaron dos ordenanzas. Una, declarando de interés municipal el desarrollo integral del Dique Campo Alegre. Otra, autorizando la venta por un lado, y aprobando bases y lineamientos para el desarrollo del espejo por otro. Las ordenanzas fueron las 586 y 587”, enumeró, “dos medidas razonables en función del cargo de donación de la provincia para el desarrollo de las tierras. Las ordenanzas especificaron la cesión de tres hectáreas para ser destinadas a viviendas sociales”, explicó. “En los años de mi gestión, 120 familias solicitaron viviendas”, cerró el ex legislador e intendente caldereño.

Artículos de la ordenanza 587 

“No fuimos invitados, pero como no tenemos nada que ver con las acusaciones en nuestra contra, estamos aquí para dar la cara”, dijo Calabró frente a las y los periodistas que lo rodearon. Su nombre fue mencionado por el actual intendente de La Caldera, cuando aseguró que el senador departamental “se había desentendido del intento de entregar el catastro comunal a privados”. 

A sillas de actual jefe comunal, Calabró le respondió: “sospechosamente, a horas de la veda electoral, el intendente que busca ser reelecto decide dar explicaciones ante la prensa”. Punto seguido, denunció que Rodrigo Páez, subsecretario de Salud y Ambiente de la Municipalidad de La Caldera, ofreció 320 terrenos a empleados municipales en días previos a las elecciones del domingo.

“Nosotros realizamos un sondeo entre los empleados de la comuna”, respondió este funcionario a Salta/12. “Los empleados municipales, en su mayoría, obtuvieron sus viviendas por el plan FONAVI (Fondo Nacional de Viviendas), pero sus hijos no tienen acceso a techo propio y viven con ellos”, explicó. “Los loteos de viviendas que se realizaron durante las gestiones de Miguel Calabró como intendente del municipio, terminaron en manos de personas que no son del pueblo”, agregó Páez. “Hoy tenemos un déficit habitacional muy importante. Muchos habitantes del municipio fueron expulsados a los asentamientos de Salta capital por este modelo inmobiliario”, amplió. “La comuna no cuenta con terrenos suficientes, pese a la existencia de un Banco de Tierras Municipal. Desarrolladores como Calabró no quieren entregar terrenos que forman parte de sus loteos para construir viviendas sociales, una escuela, un puesto sanitario o un salón de usos múltiples”.

Cuando Miguel Calabró se retiraba de la conferencia, este medio le preguntó: “de ser electo intendente, ¿qué haría usted para proteger los intereses y derechos de las familias caldereñas si se concreta la construcción del nuevo tramo de la ruta nacional 9 entre el río Vaqueros y La Caldera?”. “El Banco Municipal de Tierras no se cumple porque Sumbay no lo hace cumplir”, respondió. “La Caldera tienen unos cuatro mil lotes que necesitan un encuadre legal. Hay una cuestión difícil que es la oferta y demanda de tierras. La Caldera es un lugar turístico además. Como gobierno local debemos regular la oferta. Hay fincas tabacaleras que les conviene realizar loteos. Necesitamos un ordenamiento territorial serio”, concluyó el actual senador que pretende la jefatura comunal.

“¿El municipio tiene un plan de desarrollo urbano?”, le preguntó Salta/12 a Diego Sumbay. “Tenemos un código con pautas y normativas básicas sobre los papeles que debe presentar cada loteador”, respondió. “Hicimos un relevamiento social. Tenemos contabilizado 200 pedidos de viviendas por familia que viven dentro del municipio. En los registros del IPV hay poca gente del municipio. Ocurre porque muchas personas no tienen recibo de sueldo”.

“El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) visitó el municipio y escuchó nuestras necesidades. Nos informó que existe un plan de obras de viviendas para el municipio La Caldera, pero para concretar la construcción, necesitamos avanzar con los desarrolladores en el Banco de Tierras Municipal", explicó el jefe comunal. "El municipio no tiene catastros públicos más allá del catastro en el Dique Campo Alegra, los únicos lotes fiscales son de la provincia (en alusión a terrenos alrededor del espejo). Solo nos queda gestionar espacios tanto con el gobierno provincial, como con desarrolladores y otros propietarios privados, para que contemplen la donación de terrenos para viviendas sociales. La Caldera ha crecido muchísimo por las viviendas de segunda residencia”, dijo, “y los pobladores están arrinconados. Por eso hay que trabajar en conjunto para poder hacer frente al déficit habitacional”.