"Las empresas grandes tienen posiciones dominantes y dejan a la mayoría de las personas en estado de vulnerabilidad". El que habla es Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia de Buenos Aires. En dialogó con BuenosAires/12 explica el funcionamiento de La Dirección provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, una de las tres ramas que componen la subsecretaría que él conduce. 

"Si imputamos a una empresa es porque nos pusimos a revisar, podríamos dedicarnos a que nos llegue una denuncia y ahí actuar, pero es una decisión política ir a revisar los contratos que se están firmando", subraya Aguilar, cuya área intima a las empresas acusadas de emplear una serie de prácticas abusivas se posó en boca de todos.

Además de contar con la Dirección destinada a asegurarse que las empresas se manejen dentro de la ley, el organismo dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica se encarga de la promoción, el desarrollo comercial, el comercio exterior y las inversiones. En la gestión de estas áreas, Aguilar remarca que "hay un hilo conductor", basado en la impronta del gobernador Axel Kicillof. "Es una impronta absolutamente política y territorial porque ualquiera de nosotros sabe qué rol político tiene dentro de su área, cada herramienta tiene un fin", destaca el subsecretario.

Dado que a lo largo de su vida se dedicó a la industria y hasta presidió la Cámara del Cuero, Aguilar destaca una y otra vez que la actitud del área que él conduce no está centrada en multar a las empresas sin un por qué. Luego de afirmar que el gobierno bonaerense "no tiene problemas con las empresas", explica: "El rol del Ministerio de Producción, de la Subsecretaría y de la Dirección de Defensa del Consumidor, es proteger y velar porque no se vulneren los derechos de las y los ciudadanos". "Nosotros somos pro-empresas, no anti-empresas, no las multamos porque sí, queremos que se cumplan los derechos de las personas y que el proveedor se adecue a las normas de la Provincia de Buenos Aires", subraya el subsecretario.

Pese a destacar que le genera "indignación" el hecho de que una empresa no cumpla con lo establecido por la ley, dado que pertenece a “un proyecto político que no está de acuerdo con este tipo de prácticas y abusos", Aguilar señala con firmeza que el enojo queda a un lado a la hora de tomar decisiones. "La indignación se termina en el momento que empieza la obligación de actuar para que no se siga haciendo", y agrega: "Desde las entrañas de nuestro proyecto político, todo este tipo se injusticias nos revela, pero esto no se resuelve con enojo, se resuelve con un Estado presente, que utilice sus herramientas para tratar de solucionar las situaciones que aparecen".

El caso de intimación más reciente fue el de las empresas de viviendas prefabricadas. El Estado bonaerense consideró que Viviendas La Solución, Viviendas Rolón y Viviendas Roca cometieron infracciones y llevaron adelante una serie de "prácticas abusivas" al no publicar los ejemplares de sus contratos en las páginas web donde ofrecían sus servicios. En caso de no modificar esta cuestión, las multas previstas pueden alcanzar los 400 millones de pesos.

"Mi abuela tuvo una prefabricada y yo viví ahí, sé lo que cuesta acceder, vengo de un barrio y hacer una vivienda no es fácil", dice Aguilar y expande su razonamiento: "Cuando haces este tipo de casas estás jugado, y cuando estás jugado, viene una empresa y te vulnera los derechos". Una de las cláusulas impuestas por la empresa Viviendas La Solución, aseguraba que las señas abonadas no se devolvían "bajo ningún concepto", una acción diametralmente opuesta a la normativa vigente, que establece que, en caso de incumplimiento por parte del proveedor, el dinero correspondiente a la seña debe reintegrarse.

"Yo no me meto con los intereses que cobran de seña por la inflación alta, lo que estamos discutiendo es que bajo ningún concepto la devuelvan, porque eso va en contra de la ley", afirma el funcionario, que agrega: "A una persona le analizaron la carpeta y le dijeron 'no te da el recibo', ¿Y le comiste el 40% de la plata que tenía ahorrada para una casa? No podemos permitir que a alguien que le cuesta horrores juntar dos millones de pesos, venga una empresa y te chupe el 40% en una seña. Juegan con la necesidad de las personas".

Otros casos emblemáticos

La situación de la empresa de medicina prepaga OMINT. S.A. fue la que más repercusión tomó. En su momento, el Estado bonaerense la imputó por no garantizarle el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a una de sus pacientes. Demorando el trámite y la atención de la gestante, OMINT ocultó información, obstaculizó la práctica e incumplió con la prestación del servicio por la cual era contratada.

“Dado que se trataba de un embarazo, ya pasaba a ser una cuestión biológica y la persona era ultra vulnerable", relata Aguilar. "Inmediatamente, acompañamos a la gestante en su reclamo, y tras varios idas y vueltas, la Provincia generó tres instancias de conciliación, hasta que la chica aceptó y cerró un acuerdo económico", detalla. "Además, se obligó a OMINT a implementar un protocolo ante casos de interrupción voluntaria del embarazo y a poner un botón verde en la web", explica Aguilar. "Si logramos que nunca más le pase a otra persona, la cuestión está resuelta”, agrega.

Otros de los casos más recientes es el de "Rappi" y "PedidosYa". Además de un porcentaje extra en la comida y el valor del envío, las empresas de delivery cobraban una "tarifa por servicio", destinada al mantenimiento de la plataforma web. “¿Dónde está la inversión en todo esto? ¿Qué dejan? ¿Qué aportan? El usuario paga todo: la comida, el viaje y el mantenimiento de la plataforma”, recrimina el subsecretario, quien destaca que las empresas “se hacen las distraídas, dilatan la solución y no quieren involucrarse en diversas situaciones”.

La empresa norteamericana Netflix fue otra de las apercibidas por la Dirección provincial que defiende a los consumidores. Dentro de las tres cláusulas que el área comandada por Aguilar consideraba como abusivas, había una en particular que superaba los límites. “La cláusula decía que, ante cualquier tipo de reclamo, debían dirigirse con los tribunales de Estados Unidos”, explica el subsecretario, quien asegura: “pensé que no la iban a contestar”. “No solo la contestaron diciendo que la iban a adecuar, sino que accionaron y sacaron las cláusulas", cuenta. "Además, eso sentó un precedente y modificaron las cláusulas en todo el país, convirtiéndose éste en el único de Latinoamérica donde lo hicieron”, asegura Aguilar.

Un eje que aborda constantemente el área destinada a los consumidores es que el usuario conozca sus derechos. Teniendo en cuenta que la gente cuando adquiere un servicio ni siquiera se fija en los términos y las condiciones, desde la cartera productiva apuntan a incorporar el conocimiento desde la escuela secundaria.

“Junto a Educación, logramos meter en la escuela secundaria la materia de Derecho de la Ciudadanía y la defensa del consumidor ya es parte de la currícula y, a partir de ahí intentamos que los chicos y las chicas que vayan a la escuela tengan conocimiento sobre sus derechos", cuenta el subsecretario y agrega: "En la dinámica del sistema, esta es ‘la vida del enter’, y eso no te da tiempo a nada. Esta herramienta enseña derechos a los habitantes de la Provincia. Gracias a esto, generamos conciencia más allá de nuestra página oficial y de la publicidad”.

“La referencia que nos mueve es la de la identidad bonaerense”, dice Aguilar. “Vi pocas veces un compromiso de esta naturaleza con la provincia y con su entramado productivo, por eso pregonamos el derecho a la producción, y no somos un eslogan, es una línea que marca Kicillof", dice. "Derecho al Futuro son hechos reales, intimar a las empresas se da en el marco de una política activa respecto a todas las cuestiones que nos conciernen como bonaerenses", agrega y explica: "Nosotros, haciendo tanto por las empresas, es imposible que vayamos en contra de ellas; si se adecúan a lo que determina la ley, se soluciona el problema”.

Si bien la Dirección provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios ya existía, Aguilar subraya que darle la actividad que merece mejora el funcionamiento interno. “Cuando le das un rol de injerencia, te das cuenta la diferencia, a la gente de planta permanente, la que está hace muchos años, le gusta sentirse importantes y enfrentar a este tipo de cosas”, destaca el subsecretario y remarca que cuatro años más de gestión “serían muy buenos” para completar el laburo que realizan día a día.