Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, aseguró hoy que “la prisión domiciliaria es una salida oportuna” para la dirigente social Milagro Sala, a partir del dictamen de la CIDH en el que se pide al gobierno argentino poner fin a su encarcelamiento preventivo o, por lo menos, morigerar sus condiciones de detención. En conversación con el programa “Toma y Daca” (Radio El Mundo AM 1070), el funcionario reconoció que debería aplicarse “una prisión domiciliaria o una libertad vigilada”.
Al ser interpelado por cómo se sigue desde el gobierno nacional la inminente liberación de la dirigente social, Avruj dijo que en estos 18 meses Milagro Sala “nunca fue vista como enemiga, sino como una ciudadana que estaba reclamada por la Justicia para dar respuestas". "Fuimos nosotros, con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quienes entendíamos que la prisión domiciliaria era una salida oportuna. Los organismos denunciaban que era una prisión arbitraria y reclamaban la liberación, pero la CIDH no ha dado respuesta a eso, sino que se ha expedido sobre la situación de detención para determinar que cambie el lugar donde ella está transitando su detención, en vez de estar en al Alto Comedero que esté en su casa, con todas las garantías, los cuidados y los controles correspondientes”, afirmó.
Y agregó: “Como dijo el Presidente y como decimos siempre: somos respetuosos del sistema interamericano de Derechos Humanos. Yo he comparecido todas las veces que se me ha requerido ante la CIDH o en Ginebra. Aspiro a que en los próximos días se va a dar cumplimiento a una de las dos alternativas que ha planteado la CIDH: prisión domiciliaria o libertad fiscalizada electrónicamente.”
El martes pasado el Ejecutivo Nacional dio el paso formal para cumplir la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exige que Milagro Sala abandone la prisión y en la que también reitera que el gobierno está obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que dijo que la detención de la líder de la Tupac Amaru es arbitraria. El gobierno del gobernador de Jujuy Gerardo Morales considera que el plazo de 15 días dispuesto por la CIDH rige a partir de esa notificación.
A principios de la semana pasada Morales se vio obligado a admitir que las "cautelares" de la CIDH son de cumplimiento obligatorio. Acatando bajo protesta, Morales twitteó estar en desacuerdo con otorgar "el privilegio de prisión domiciliaria a corruptos". Días después, mientras esperaba la visita del presidente Mauricio Macri en un acto de campaña, el gobernador jujeño calificó a los integrantes de la CIDH como un “facción de burócratas que vive en Washington" y considero a la resolución del organismo, “que no tiene nada que ver con la realidad y con los desafíos que Jujuy tiene”, como un “injusto privilegio”.
“Siempre fuimos respetuosos de la autonomía de las provincias. Siempre hemos dicho que esto era un tema netamente judicial y que no había que politizarlo”, puntualizó hoy Avruj en sus reflexiones que reflejan un cambio en el discurso oficial (marcado por frases de Mauricio Macri como: “A la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una serie de delitos importantes que ameritaban que hubiese causas”) y que al mismo tiempo siguen en la línea de desmarcarse de las decisiones del gobierno provincial y de la independencia de poderes.
