Producción: Javier Lewkowicz.
Sin soluciones mágicas
Por Arturo Trinelli *
En Argentina los hidrocarburos fósiles cumplen un rol preponderante, más allá de los esfuerzos actuales por aumentar la incidencia de las energías renovables. El petróleo, y fundamentalmente el gas, son determinantes en la matriz energética primaria y tienen relevante incidencia en la infraestructura de energía eléctrica existente, altamente dependiente de la generación térmica (más de un 70 por ciento).
No es una novedad decir que el presente del sector hidrocarburífero en la Argentina está en crisis, precipitada por el desplome del precio internacional del barril de petróleo, que cayó a la mitad de su valor en apenas dos años. Frente a semejante retroceso, sería imposible no reconsiderar la dinámica global del negocio, minimizando los efectos que la persistencia de precios bajos genere sobre los puestos de trabajo. En este contexto, por lo tanto, la decisión más importante a tomar se dirime entre dos alternativas: a) subsidiar a la oferta para proteger el nivel de actividad, lo que entre otras cosas supone pagar combustibles caros y continuar asumiendo un costo fiscal cercano al 17 por ciento sobre el total de los subsidios; o b) ir a un esquema de paridad/acople de los precios internos con los externos (“import parity”), que circunstancialmente podría relajar el déficit de la cuenta energética pero que atentaría contra la producción local. En otras palabras, se trata de una disyuntiva política que podríamos sintetizar como la tensión entre autoabastecimiento vs. seguridad energética, punto sobre el cual sí pueden observarse diferencias entre la gestión actual y la anterior.
A los grandes jugadores del sector no pareciera haber otra manera de comprometerlos a invertir que dándoles señales de precios. Argentina, además de estar expuesto como cualquier otro centro de producción a las condiciones del mercado, tiene sus propios interrogantes para resolver: en primer lugar, acaso el más importante, saber qué respaldo otorgará el Estado Nacional, en tanto diseñador de la política energética de alcance federal, para conducir las inversiones al sostenimiento de los puestos de trabajo. Éste además cuenta con un instrumento económico como YPF, empresa de mayor porción de mercado (produce el 45 por ciento del petróleo y el 34 por ciento del gas a nivel local) y cuyas inversiones siempre lideraron la actividad exploratoria en nuestro país. La inquietud entonces es qué rol va a jugar YPF en esta nueva etapa. Signada claramente como “nave insignia” del sector durante la gestión anterior, su protagonismo para traccionar en la actualidad aún está por verse. De hecho, acaba de registrar una caída en la producción de petróleo del 5,7 por ciento durante el primer semestre de 2017. En gas exhibió un crecimiento de 11,8 por ciento y, en materia de inversiones, finalizó el primer trimestre del año con 11 pozos exploratorios y un desembolso estimado en 90 millones de dólares. PAE, la segunda empresa más importante en petróleo y la tercera en gas, registró una caída del 4 por ciento en hidrocarburos. Y el resto viene evidenciando rendimientos peores.
Pero eso no es todo. Desde las políticas públicas también se ha intentado generar condiciones para estimular las inversiones. La ley de hidrocarburos N° 27.007 del 2014 unificó tasas impositivas que debían pagar las operadoras, hasta entonces diferentes en cada jurisdicción, y fijó un plazo para que Nación y provincias acordaran criterios comunes para los pliegos de licitación. La ley, a su vez, obligó a eliminar el llamado carry, que forzaba a la operadora a participar de un porcentaje a la empresa pública provincial sin desembolsar capital. Además se están realizando esfuerzos para consensuar con los sindicatos un compromiso de no parar la producción, rediscutiendo algunas condiciones de trabajo dada la nueva rentabilidad del negocio a fin de minimizar la destrucción de empleo, aunque ya haya sido despedida o suspendida mucha gente.
Lo que queda claro es que, hasta tanto se repongan los precios, no hay soluciones mágicas para mejorar la performance del sector. Pero sí conviene dar cuenta de la gestión pública que se haga de la crisis, recordando que el sostenimiento de la actividad es una premisa consagrada por ley y aprobada por amplias mayorías en el 2012.
* Docente UBA/FLACSO/UNPaz
El futuro de la minería
Por Julieta Godfrid * y Diego Murguía **
La atracción de inversiones extranjeras, especialmente para el sector minero metalífero, aparece en la retórica del gobierno actual como una llave maestra para destrabar el crecimiento económico. La nueva política minera de comienzos del 2016 (liberación del mercado de cambios y capitales, quita de retenciones, etc.) reforzó las condiciones macroeconómicas en pos de atraer inversiones mineras. A su vez, algunas instituciones del sector fueron favorecidas como por ejemplo el Servicio Geológico Minero Argentino cuyo presupuesto se duplicó, y se incentivaron programas de infraestructura como el Plan Belgrano y el túnel de Agua Negra, de especial interés para el sector minero.
Una consecuencia parcial de dichas medidas es el aumento en el presupuesto de la exploración minera en Argentina: se espera que en 2017 (según las proyecciones del gobierno) el mismo sea de 56 millones de dólares, duplicando el monto de 2016 (23,8 millones), si bien aún un presupuesto muy reducido en comparación a Chile (615 millones en 2016) o Perú (373 millones en 2016). Decimos parcial porque, entendemos que el aumento en el 2017 de los presupuestos de exploración en Argentina se explica, en cierta medida, por la dinámica global: frente a una caída continua entre 2013 y 2016, se espera que los presupuestos globales en exploración se mantengan estables o suban hasta un 10 por ciento. En cuanto a inversión en nuevas minas hubo un leve crecimiento durante el 2016 y 2017 mediante inversiones en proyectos que estaban en fase avanzada como Cerro Moro, San Nicolás y proyectos de litio.
El gobierno nacional se ilusiona con alcanzar una inversión de 25.000 millones de dólares en los próximos 8 años, superando ampliamente el monto invertido en el período 2007-2015 (10.000 millones). Para ello la Nación y las provincias (excepto Chubut, La Pampa, La Rioja y Santiago del Estero) firmaron en junio el nuevo Acuerdo Federal Minero, el cual se plantea, entre otros objetivos, el fortalecimiento institucional, el mejoramiento de las relaciones con las comunidades y la gestión ambiental. Sin embargo, resulta difícil imaginar cómo se alcanzarán esta “metas” cuando muchos de los gobiernos firmantes no han garantizado, desde el inicio de los emprendimientos, las condiciones institucionales mínimas para generar e implementar mecanismos de consulta popular y control ambiental acordes a la escala y complejidad de dichos proyectos.
La cuestión socioambiental sigue siendo un tema central no resuelto en la Argentina. El cumplimiento de la ley de glaciares y ambiente periglacial presenta un conflicto legal de magnitud para varios de los proyectos avanzados de mayor envergadura como son Pascua-Lama, Constelación, Los Azules, el Pachón, entre otros. Los últimos accidentes ambientales en Veladero como la cuestión estructural de las filtraciones del dique de colas en Bajo de la Alumbrera son un reflejo de la debilidad institucional y falta de transparencia en los organismos provinciales de control ambiental. Otras cuestiones que reflejan la conflictividad en el sector son la prohibición de la actividad minera metalífera en siete provincias, el escaso desarrollo en localidades cercanas a las minas, entre otras.
Desde el inicio de las mega-explotaciones, las comunidades locales han intentado por vías institucionales (amparos, demandas penales, etc.) expresar sus cuestionamientos respecto de la actividad, los cuales, en su mayoría, han sido sistemáticamente desoídos. A pesar de la persistencia de conflictos socioambientales, los gobiernos insisten en la promoción de la actividad sin garantizar las condiciones institucionales donde la ciudadanía pueda participar de modo significativo durante la toma de decisiones, por ejemplo durante una evaluación de impacto ambiental. Así cabe preguntarse cuál es el futuro del modelo mega-minero. La falta de transparencia en la gestión de los recursos minerales pone en jaque las garantías democráticas y también la estabilidad del sector minero.
* Departamento de economía política y sistema mundial del Centro Cultural de la Cooperación.
** Instituto Interdisciplinario de Economía Política, FCE-UBA/CONICET.
