Sara Barni, presidenta de la Red Viva contra los abusos en la infancia, en diálogo con La Rioja/12 se refirió a los casos de La Rioja que fueron mediatizados en los últimos tiempos
La desprotección de las niñeces por parte del poder judicial “es un tema lamentable y no solo en el poder judicial de La Rioja, sucede en todo el país y cada vez con más frecuencia”, dijo.
Sara explica que si bien “es cierto que no hablamos de una totalidad, pero hablamos siempre de los mismos personajes que parecen tener las riendas de lo que define las cuestiones de protección hacia las niñeces, el sector más relegado en materia de derechos”.
La presidenta de Red Viva comentó que “particularmente tuve la posibilidad de acceder a algunas de las causas más resonantes que son de esta Provincia y leer los expedientes en los que se refleja un poder concentrado que se atribuye derecho de autor.”
La referente sostuvo “que no se cumple con el debido proceso, no respetan el código de procedimiento y parece haber desistido a título propio de las convenciones internacionales a las que Argentina se ha comprometido llámese CEDAW o Belen DO Para, Convención de los derechos del niño, niña y el adolescente, en definitiva han derogado en esta provincia, como en muchas el art.75 inc 22 por completo.”
La militante por los derechos de las infancias alertó que “no solo que desconocen estos instrumentos internacionales, sino que desconocen las leyes internas creadas a tal efecto cometiendo prevaricato y desconociendo a las víctimas su condición de tal y desprotegiéndolas de hombres vinculados a la política que hacen mal uso de sus influencias y dirigen los procesos a gusto y placer”.
Y pone énfasis en que “esto no puede pasar desapercibido por quienes son los encargados de que estas normas se lleven a cabo, porque si no tenemos que afirmar que la Constitución ha devenido en un mero decálogo de buenas intenciones.”
Sara advierte que “nunca pueden estar protegidos ni a salvo los derechos de las niñeces ni de ninguna persona que esté padeciendo la asimetría de poder como es el caso de las mujeres que están intentando proteger a estas niñeces de las aberraciones vividas y relatadas en cada lugar donde han hablado.”
Al consultarle sobre garantías necesarias para que las infancias sobrevivientes de abuso sexual intrafamiliar puedan vivir libres de violencias, la presidenta de Red Viva sentenció que “las garantías no están dadas porque no se cumple con ninguna normativa o debido proceso, bastaría con que se analicen las causas, se vive fácticamente una dictadura judicial que no tiene control de nadie y tampoco conlleva consecuencias, entonces es muy difícil garantizar algún tipo de derecho.”
La especialista manifestó que “si como ciudadanos y ciudadanas votamos representantes que a su vez votan leyes que son tratadas en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y son sancionadas para ser utilizadas en resguardo nuestro y luego un juez la deroga de hecho y no por derecho, no podemos decir que se respeta el estado de derecho y no estamos hablando de independencia de poderes, sino que hablamos de toma de poderes, se arrogan poderes que no les corresponde”
Caso Cosquillitas
La presidenta de esta ONG que hace 8 años vincula diversos casos de abuso sexual en la infancia se refirió al caso Cosquillitas calificándolo de un “verdadero escándalo jurídico”.
Según ella a “la causa la tratan como una consulta popular con sesgos de género y una marcada utilización de la justicia penal para desarticular a las verdaderas víctimas, ejerciendo violencia institucional que se encuentra sancionada en la Ley 26485 articulo 4, pero que como vemos, parece no importarle a nadie.”
Sara explicó que “la mamá de la niña realizó 15 denuncias por violencia que nunca fueron atendidas, jamás tuvo respuesta. Ella denuncia y aporta pruebas de que este hombre la hostiga publicando en redes que ella no le permite ver a su hija y que es una mala madre y consigue por el entramado social que caló hondo, que los vecinos comiencen a hostigarla también, sin siquiera poder salir a la calle.”
Recordó que el caso de Flavia Zaganias , presa y condenada a 22 años “porque según sostienen, sus publicaciones provocaron un supuesto linchamiento de quien ella denunció como agresor de abuso sexual hacia su hija, luego de que el fiscal archivara la causa.”
En este sentido sostuvo que “en este caso, nada se hizo con este Señor, por lo que la mamá decidió trasladarse a la provincia de Córdoba”. Explicó que “en los dos informes que se le pide a SENAF Córdoba ante la denuncia de este señor por malos tratos hacia la niña, se informa que luego de hablar con la Directora del jardín donde concurre la niña desde hace 1 año, el responsable del edificio donde viven la madre y la niña, ninguno da cuentas de que la niña padezca malos tratos.”
Aseguró que en los informes figura que “la directora habla de una madre presente, ocupada, dedicada, colaborativa y concluyen desde SENAF que no hay vulneración de derechos hacia la niña por parte de su madre”. Pero le dan ingreso a una vecina “que dice recordar al progenitor de la niña, de un evento y que reconoció a la niña cuando una supuesta defensora de niñeces de una supuesta fundación, llega a preguntarle por la niña.”
Sara señaló que “esta vecina sostiene que para ella la niña tiene que estar con su papa y esgrime ser testigo de supuestas agresiones hacia la niña y con eso pareció alcanzar para condenar a una mamá”. Para Sara Barni la madre de la niña Lila “el único delito que cometió fue duelar a su papá dos meses antes de que naciera la niña y atravesar una depresión pos parto que luego de terapias y a pesar de seguir siendo violentada, superó.”
Según la especialista “el arrancamiento de esa niña es de una crueldad tal, que la niña no quería irse del lugar porque su mamá la iba a buscar ahí y no la iba a encontrar”. Ella cuenta que pese a esto, “deciden una guarda provisoria y se la otorgan a la abuela paterna y a la tía abuela materna, cuando esta última la va a buscar a casa de la abuela paterna, la encuentra moreteada” Sara relata que “por que con la lógica que se tiene en un caso así, la tía abuela denuncia en el estado que la niña había sido entregada. Esta denuncia no abrió una investigación para saber porque la niña tenía golpes en su cuerpo. NO! Lo que hicieron fue extender una perimetral a ella y enviarla a hacerse una pericia porque la diagnosticaron de paranoica.”
Para la presidenta de Red Viva esto lo hacen porque pueden, “porque no cumplir con las normas está permitido si sos juez y tenes el firme propósito de adoctrinar a una mujer”. Para Barni esto “no es un mensaje individual, es un mensaje colectivo para toda mujer que se revele contra el poder machista que le dio una tarea de cuidado y que no nos va a permitir que salgamos de ahí. Es por eso que tenemos que irnos de nuestras propias casas, abandonar todo lo construido, desde lo material hasta lo psicosocial, porque nadie está dispuesto a proteger a la mujer que se revela y quiera hacer valer sus derechos junto a los de lxs hijxs.”
Caso Arcoiris
Sobre la denuncia que realizó la defensa de los denunciados por los abusos hacia la niña, en contra de la Defensora de Niños Niñas y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, la Directora del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Maria Emilia Naddeo, y el director operativo de la Guarda Jurídica Permanente del Consejo de Derechos de de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Terrens, por supuesta asociación ilícita por no permitir que restituyeran a la niña a su presunto abusador, Sara comentó: “fijate que la Asociación Ilícita era una figura utilizada en la dictadura para armar causas y mucho de lo utilizado en la dictadura se sigue utilizando, porque el único poder que no tuvo costo en cuanto a sus actuaciones, fue el poder judicial. Ellos firmaron los pliegos de la dictadura y luego siguieron siendo jueces como si nada.”
Sara sostuvo que Delfina Silva Zarranz es una presa política porque la disputa real “es si seguimos teniendo Estado de Derecho en Argentina.”
