Hace poco, escaso tiempo, se presentó en este mismo diario como una confrontación entre los doctores Raúl Zaffaroni, contestando una opinión mía por demás pesimista, al menos teóricamente, y Lucila Larrandart, en apoyo de esa crítica, aquello que yo llamaría posiciones diferentes respecto del Derecho y de la profesión jurídica, si se quiere, respecto del orden -o desorden- jurídico, o, más correctamente descripto aún, sobre la aplicación práctica de esos supuestos saberes. Lamentablemente, deseo y tengo que volver sobre ello. Me pregunto si vale la pena mi propia vida, dedicada en un gran porcentaje a esos saberes y a esa práctica y, con ello, si debemos insistir en aquello que fue nuestro oficio durante muchos años; todavía más: si no debemos arrepentirnos, a la vejez viruela, de haber dejado alguna descendencia que hoy, como nosotros antaño, pretende racionalizar la comprensión y el uso del Derecho.
La crítica se fundaba, como principal argumento, en la llamada “lucha por el Derecho”, criterio inaugurado por un prócer jurídico que supo ser ministro de justicia germano, von Ihering, cuya tez fotografiada formaba parte del artículo de Raúl; todavía más, me concedía a mi, porque me conocía, una posición importante en esa lucha y me instaba a no retroceder, antes bien, a no quedarme quieto. A pesar de sentirme orgulloso por esa comparación injusta, debo expresar mi asombro por la aparente contradicción que de ella resulta: yo, que concibo al Derecho como un mecanismo para lograr la paz –esa sería su función principal y general– debo utilizarlo en procura de una guerra, esto es, de una lucha. Sin rendirme totalmente frente a esa crítica, debo reconocer que existen quienes lo utilizan de ese modo, quienes con fundamento en la interpretación abierta de las palabras y los gestos que componen el orden jurídico usan sus reglas de modo irracional, impudoroso, para defender cualquier idea política con ocultación de su verdadera finalidad. En este último punto coincidimos. Cierto es que esta patología no es privativa de la ciencia jurídica, pues también la física, la química, toda ciencia aplicada e incluso la matemática puede ser utilizada y, en verdad, ya ha sido utilizada por el ser humano para propósitos aviesos, para destruir en lugar de crear –por ejemplo, armamento luego empleado en contra de otros, incluso de la vida de otros seres humanos y, según se pretende, justificadamente–, pero no menos cierto es que el uso del orden jurídico, de sus categorías y normas por quienes hoy han recibido la función de aplicarlas y custodiarlas, revela –como dijo Raúl varias veces una falta de pudor que asombra, con el cual uno nunca creyó tener que lidiar y que enmudece toda respuesta. Uno piensa que, si reacciona con argumentos racionales, quien produjo ese uso se debe estar riendo, por supuesto, sin demostrarlo. Más claramente: tengo la sensación de que, quien miente descaradamente, si bien conserva su rostro serio por fuera, para no descubrir su conocimiento de la verdad, se ríe por dentro de su adversario que intenta convencer racionalmente, pero que ni siquiera puede contestar a la mentira, precisamente por el absurdo en el que ella se funda. Así el ministro Dujovne expresa que en el 2017 el salario obrero le ganará por goleada a la inflación, que ya los “brotes verdes” han florecido antes de la primavera en un desarrollo económico por fin sin freno (¿será por eso que radicó su fortuna en el extranjero?), y su colega, ministro de endeudamiento, expresa que un empréstito a cien años, en moneda extranjera dura, al 8% de interés anual y regido por el Derecho foráneo –ya experimentado por nosotros en sus resultados prácticos– es más que virtuoso, divino como maná del cielo (¡Rivadavia volvé!, por favor).
Así, el Derecho también es utilizado de esa manera y, según se pretende también, justificadamente. Ya de nada vale que múltiples organismos internacionales de aplicación del Derecho internacional hayan condenado el uso de la cárcel como condena previa y desactivación de la protesta social: el carcelero, no obstante, expresa a gritos epítetos e insultos contra ellos, contra sus decisiones y contra sus medidas y, de paso, no las cumple. Ante tamaña afrenta que genera vergüenza por ser natural de este país, mal que le pese obligado por el sistema de paz internacional, nuestra CSJN, cumplidos todos los trámites procesales, se da el lujo de no decidir el caso, que pende ante ella –como dije, listo para ser decidido–, conforme a su teoría oculta acerca de “yo decido los casos que elijo”, los demás que esperen. Los “inferiores” jueces admiten querellas de personajes y abogados contra la señora presidente anterior, contra su ministro de relaciones exteriores y contra legisladores por el delito, descripto ya constitucionalmente, de “traición a la patria” en virtud de un tratado decidido por el PEN dentro de su competencia y ratificado por el Congreso Nacional, que nunca cobró vida por inacción del cocontratante, y hasta se rumorea que ellos pronto serán encarcelados preventivamente por esa imputación. ¡Habrase visto semejante herejía en términos jurídicos!, que usted Raúl, con razón, indicó como exenta de todo pudor. Hoy me entero, por la tapa de este mismo diario, que una ONG, que nuclea a abogados defensores a todo trance de la última dictadura ejercida por militares que este país tuvo, de cuyo seno, incluso, surgieron varios de sus ministros y funcionarios, demanda abstractamente la declaración de inconstitucionalidad de la ley que prevé la posibilidad de excluir de su puesto a la Procuradora General de la Nación mediante el llamado “juicio político” a procesar por el Congreso de la Nación con una mayoría calificada de votos, ante la justicia federal contencioso administrativa. Pero esto no importaría demasiado, pues a cualquier persona se le adjudica el derecho de pedir, sujeto al poder de decidir. El colmo llega cuando la información también advierte que el Estado demandado se allanó inmediatamente a esa demanda por intermedio del señor ministro de justicia. Ni el Derecho federal argentino conoce la acción de inconstitucionalidad abstracta, ni el Estado puede allanarse a tal petición por intermedio de quien lo hizo.
Ya no sé qué pensar. Por de pronto, se me ocurre que la política de este país no transita por carriles democráticos, a pesar de la formalidad de gobernar según comicios. En segundo lugar, imagino al señor ministro de justicia riéndose de mí en su despacho frente a nadie. Por último, observo el frente de la Facultad de Derecho de la U.B.A. en la que “enseñé” medio siglo y no sé si reirme o llorar.
* Profesor Emérito de la U.B.A. (en trance de devolver su diploma).
