La Seccional Rosario de ATE concentró ayer en Gobernación para reclamar la reincorporación de la trabajadora provincial Natalia Cachiarelli y que devuelvan sus funciones en la Municipalidad de Funes a Romina Michaut. La movilización en Gobernación se realizó con la presencia de Amsafe Rosario y SiPrUS. También acompañaron el Colegio de Psicólogxs y la Corriente Clasista y Combativa. Cachiarelli fue injustamente despedida del Estado provincial, y Michaut fue desplazada de su puesto laboral y sufre la violación de medidas de restricción de acercamiento de un funcionario municipal en Funes.

Cachiarelli denunció hace seis años el abuso de cinco menores por parte de dos adultos de un mismo núcleo familiar. Como consecuencia, la psicóloga recibió varias amenazas por parte de personas implicadas en el caso. Por entonces, denunció la falta de protección por parte de la repartición oficial, además de otras irregularidades protagonizadas por funcionarias en relación al caso.

Su experiencia remite a la de la docente Vanesa Castillo, víctima de femicidio por quien acusó de violentar a sus alumnos, a raíz de lo cual se viene peleando por la aplicación de la ‘Ley Vanesa’ de protección de víctimas y trabajadorxs estatales comprometidos con esas situaciones. En 2021, Cachiarelli fue trasladada a Rosario donde cumplió funciones en la Secretaria de Políticas de Inclusión y Desarrollo Territorial, allí fue parte del armado del Programa de Femicidios de la provincia, hasta el momento que fue cesanteada del Ministerio de Género, Igualdad y Diversidad. La carta de cesantía que golpeó la puerta de su hogar en marzo, llevaba las firmas del Ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, y del Gobernador de la Provincia, Omar Perotti.

“Es una situación completamente injusta, porque lo que alegan en la cesantía es una situación mentirosa de supuesta inasistencia que yo tuve en 2019, cuando en realidad un juez falló a mi favor intimando al Ejecutivo a que me asigne un lugar de trabajo. Como el Ejecutivo no respondió tuvimos que acceder a la justicia”, recordó la psicóloga a quien le ‘reflotaron’ un viejo expediente para correrla de su lugar con un perfil claramente persecutorio.

Romina Michaut, por su parte, fue desplazada de sus funciones en la Municipalidad de Funes, donde además tiene una orden de restricción de acercamiento por violencia contra un funcionario local que incumple la disposición judicial, mientras ella no puede volver a su puesto laboral original. Por eso, se reclama la vuelta a funciones de ambas trabajadoras y el cese de las violencias y hostilidades de las respectivas patronales estatales.

“Esto tiene que ver con decisiones políticas. Es gravísima la situación en que se revictimizó a la compañera Natalia y exigimos que rápidamente se la reincorpore, que haya una reparación, porque esto hay que ponerlo en el contexto de lo sucedido con Vanesa Castillo en esta misma provincia. En relación a Romina, hay un fallo judicial que debe cumplirse y la agresión constante que significa el sostenimiento de esta situación injusta, nos obliga a redoblar medidas de no tener respuestas”, adelantó la Secretaria General de ATE Rosario, Lorena Almirón.