La historia de Salta, como la del país, no se ahorra hechos truculentos, golpes para domesticar la vida pública. Este fue uno de ésos: cerca de las 22 del 27 de noviembre de 1973 el periodista, comerciante, militante peronista y ex jefe civil de la Policía de Salta Rubén Antonio Fortuny fue asesinado a tiros, delante de su hijo todavía niño, en una vereda de la manzana central de la capital provincial. El asesino, ex senador provincial, un ex policía conocido torturador, se retiró caminando sin que nadie lo detuviera, esquivó la justicia por años y regresó cuando el gobierno de Miguel Ragone ya había sido intervenido y le dieron una condena colmo del cinismo, de apenas tres años. 

Ahora la jueza federal Mariela Giménez declaró que este crimen constituye una grave violación a los derechos humanos y por lo tanto está vigente la acción penal, que ya había sido declarada de tal manera  en 2017 por el juez federal Miguel Medina. La decisión de la magistrada, del pasado 10 de mayo, se tomó a instancias de un planteo realizado por el fiscal general Carlos Amad, en la otra decisión el que instó fue el fiscal general Edaurdo Villalba. 

En septiembre del año pasado el fiscal Amad había solicitado que  “se tengan por acreditados los hechos de los que fue víctima Fortuny, sin perjuicio de la imposibilidad material de persecución penal, atento al Derecho a la Verdad que asiste a las víctimas”.

El fiscal consideró acreditado el homicidio y que fue cometido por Pavicevich, fallecido el 17 de septiembre de 1988. Fortuny, que con su hijo que entonces tenía seis años de edad, caminaba por la vereda de la calle Zuviría casi esquina Caseros (corazón de la ciudad de Salta) y al pasar por el bar del Hotel Victoria Plaza se encontró con Pavicevich, que compartía una mesa con Reinaldo Flores, Rafael Gaudelli, Julio César Salas y Roberto Hattis.

Pavicevich le recriminó que como jefe de la Policía hubiera instado la investigación de apremios ilegales y torturas cometidos por policías, discutieron, Pavicevich intentó golpear a Fortuny, después se apartó un poco, sacó una pistola y le apuntó. Fortuny abrió su saco y le dijo: “Tirá, tirá si sos macho”. 

Tras ejecutar su crimen, Pavicevich se fue caminando por la calle Caseros, sin que nadie lo detuviera. Al día siguiente viajó a Córdoba, de ahí fue a Buenos Aires y más tarde estuvo en Bolivia.  Hasta que el 11 de agosto de 1975, ya con la provincia intervenida, se presentó en la justicia provincial y el 30 de marzo de 1978 recibió una condena irrisoria, de apenas tres años de prisión porque se consideró que había matado en estado de emoción violenta.

La fiscalía sostuvo que tras el asesinato se desplegaron “un conjunto de maniobras dirigidas a lograr la impunidad del homicida, en la que tomaron intervención grupos paraestatales organizados, y disidentes al gobierno de Miguel Ragone, los que actuaron al amparo de las estructuras estatales que controlaban”.

Los alegres colores del cambio 

En su resolución, la jueza Giménez reconoció el “vasto análisis probatorio” realizado por la fiscalía sobre tres aspectos fundamentales: la actividad política de Fortuny, su gestión como jefe de la Policía de Salta y la persecución que sufrió; el asesinato en sí mismo, y los sucesos posteriores. Y concluyó que el crimen fue la consecuencia de la animosidad que sectores de la Policía tenían en su contra. 

En efecto, Emilio Pavicevich, aquel asesino alevoso, fue el ejecutor de un crimen que tuvo muchos autores intelectuales, que odiaban a Fortuny, aquel atípico jefe policial que mereció la mención destacada de Eduardo Galeano y que fue despedido por un poeta: Pasa Rubén Fortuny asesinado/ dibujándole flores/ a los carros de asalto, resaltó Walter Adet en su poema Responso.

Lo de los carros de asalto no es una licencia poética. En su breve conducción de la Policía de Salta, desde mayo a octubre de 1973, en la primera parte del gobierno de Miguel Ragone, Fortuny había eliminado estos instrumentos de la represión convirtiéndolos, convenientemente pintados, en transporte de niños y niñas de los barrios populares. También había demolido los inmundos calabozos, donde 190 detenidos sobrevivían entre la mugre y la tortura, en apenas 18 celdas de la Central de Policía y hacía suyos los preceptos del ministro del Interior de la Nación, Esteban Righi. Hablaba de “disciplina civil”, de “cambiar la policía represiva por la policía dirigida a proteger al pueblo”.

En su resolución la jueza recordó que en 1958 Fortuny fue electo vicegobernador de la provincia como compañero de fórmula de Ragone, aunque ese mandato no pudo concretarse porque las elecciones fueron anuladas por la proscripción al peronismo. Sin embargo, ambos siguieron en la acción política y en 1973, con el triunfo de Ragone para la gobernación, el periodista y comerciante fue designado al frente de la Policía de Salta. 

Enrolado en el Frente Revolucionario Peronista (FRP), Fortuny se propuso erradicar la tradición torturadora de la fuerza de seguridad salteña, acostumbrada a manejarse con gobiernos de facto. Al ponerlo en funciones, el 25 de mayo de 1973, el gobernador Ragone anunció que se iba a cambiar la estructura policial para que dejara de ser un órgano de represión y se convirtiera en una organización al servicio de la seguridad del pueblo.

Con esa premisa las autoridades policiales fueron puestas en comisión. En respuesta a las denuncias por maltratos y vejámenes, se iniciaron sumarios y se envió la información al juez penal de turno. Apenas diez días después de su asunción había novedades: dispuso remociones y cambios en la Policía, entre ellos, el poderoso Joaquín Guil, que por entonces era inspector general, fue trasladado a San Antonio de los Cobres. Guil, y otros jefes policiales que habían constituido de hecho una banda criminal que en el futuro iba a cometer todo tipo de delitos, se iba a cobrar esta afrenta. La jueza Giménez recordó que Guil recibió ya varias condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de terrorismo estatal. 

“Puede concluirse que Fortuny fue un hombre muy cercano a Ragone, quien se propuso un desmantelamiento del aparato represivo de la policía provincial y que esto valió una animosidad muy enérgica por parte de los grupos duros de policías, formados para el accionar represivo, afines a los opositores al gobierno del ex gobernador”, había afirmado el fiscal en su dictamen. Sostuvo que Pavicevich era parte de esos policías criminales, por eso contó con la protección "por parte de las estructuras estatales controladas por el poder represivo en ascenso". En esas condiciones "no es una rareza sostener que, junto a sectores de la derecha peronista y no peronista y miembros de las fuerzas de seguridad, ante los frustrados intentos de derrocamiento del exmandatario abortados por el respaldo popular, comenzaran a pergeñar acciones concretas de otro tenor para deshacerse de Fortuny, ya que tanto él como la figura de Ragone les ocasionaba una molestia que iba en aumento, debido a que no lograban expulsarlos del poder”. 

El fiscal había concluido que el asesinato de Fortuny “se inscribe como el primero y más significativo suceso de una larga sucesión de hechos de persecuciones sistemáticas que comenzaron a sufrir los integrantes del espacio político del ex gobernador, que se agravaron con la intervención federal de la provincia en el mes de noviembre de 1974”.

Por su parte, la jueza Giménez resaltó la “clara obligación del Estado Argentino de investigar las violaciones a los derechos humanos, en tanto es un derecho de las víctimas y sus familiares conocer qué es lo que verdaderamente ocurrió. En esa inteligencia, resulta razonable el dictado de una sentencia declarativa como la que aquí nos ocupa para satisfacer el derecho a la verdad”.