Un total de 883 ejecuciones se registraron en el mundo en 2022, un número récord desde 2017, señala Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena de muerte, publicado este martes, denunciando una "ola de asesinatos" en algunos países.
"El número de ejecuciones registradas en 2022 alcanzó su nivel más alto en cinco años, con los principales países responsables de este récord en Medio Oriente y el Norte de África entregados a una ola de asesinatos", fustigó la organización defensora de los derechos humanos.
El informe contabiliza 883 personas ejecutadas en 20 países en 2022, un aumento del 53% con respecto al año anterior.
"Este aumento drástico de las ejecuciones, sin tener en cuenta las miles que probablemente tuvieron lugar en China el año pasado, se debe principalmente a países de Medio Medio y el Norte de África, donde las cifras registradas aumentaron de 520 en 2021 a 825 en 2022", señala Amnistía Internacional.
El número de ejecuciones en Irán pasó de 314 en 2021 a 576 en 2022, se triplicó en Arabia Saudita, pasando de 65 a 196 (la cifra más alta registrada por la Ong en 30 años), mientras que Egipto ejecutó a 24 personas, según el informe.
Arabia Saudita "llegó a ejecutar a 81 presos en un solo día", destaca Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. Señala también a Irán, donde "en un intento desesperado por sofocar la protesta popular, las autoridades quitaron la vida a personas que solo estaban ejerciendo su derecho a manifestarse".
Amnistía Internacional subraya que el número total de ejecuciones en el mundo en 2022 fue en realidad "considerablemente más alto" de lo registrado, ya que "el secreto que rodea el uso de la pena de muerte sigue impidiendo una evaluación precisa en varios países, como China, Corea del Norte y Vietnam".
"Aunque no se conoce el número exacto de personas ejecutadas en China, este país sigue claramente a la cabeza", agrega.
Sin embargo, el informe destaca "un rayo de esperanza": seis países abolieron total o parcialmente la pena de muerte en 2022. Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona y la República Centroafricana la abolieron para todos los delitos, mientras que Guinea Ecuatorial y Zambia la eliminaron solo para delitos de derecho común.
