El Tribunal Oral Federal de Tucumán comenzará a juzgar este miércoles a 27 militares y policías retirados por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de más de 200 personas en los centros clandestinos que funcionaron la Jefatura de Policía y el ex ingenio azucarero Nueva Naviera durante el Operativo Independencia y la última dictadura cívico militar. Gran parte de los hechos que serán juzgados fueron revelados en listas y documentos de la represión que un testigo robó a la Policía, resguardó durante décadas y aportó a la Justicia diez años atrás. Listas con nombres de víctimas y sus destinos, de integrantes de las patotas genocidas, descripciones de operativos, notas de interrogatorios que “cambiaron radicalmente la situación de las causas judiciales” sobre el terrorismo de Estado en Tucumán, indicó el fiscal Pablo Camuña.

Se trata del décimoquinto juicio de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia y el tercer tramo de la megacausa “Jefatura” que llega a debate oral y público. El primer tramo fue desarrollado durante la primera década del siglo. En junio de 2010 Juan Carlos “El perro” Clemente fue citado a declarar como testigo. Clemente fue secuestrado durante la dictadura, liberado y cooptado por la Policía, de la que se fue en 1984. Se sentó ante el tribunal con dos biblioratos que entregó a los jueces: eran pilas de papeles que se había robado de la sede policial que fue epicentro del genocidio en la provincia.

Camuña, que será fiscal en el debate, recordó que trabajó esos documentos en la Fiscalía, sobre todo en el chequeo de su veracidad. Lo primero que llamó la atención entre los papeles contenidos en los dos biblioratos fue una lista de 293 personas que habían estado secuestradas en Jefatura. Las listas contenían nombres, sobrenombres en algunos casos, y una columna que indicaba “DF”, disposición final, si es que habían sido asesinadas; “Libertad” y “Disp. PEN”, si es que habían sido “blanqueadas” en cárceles. “Esa lista tenía algunos casos que ya estaban en trámite judicial y muchísimos otros que para ese momento nunca habían sido denunciados siquiera”, añadió Camuña.

Para poner “blanco sobre negro” la veracidad del documento, desde la Fiscalía convocaron a personas cuyo destino en la lista figuraba como “libertad” y les preguntaron si habían estado secuestradas en Jefatura. “Dijeron que sí”, sostuvo el fiscal. Las listas de personas que habían pasado a disposición del Ejecutivo también figuraban como que habían pasado por el penal de Villa Urquiza. “Se convirtió en un documento fundamental, de los pocos que han sido rescatados de las fauces de la represión”, concluyó el fiscal. Además de la lista de víctimas, las carpetas contenían nóminas de cadáveres identificados –alguno de los cuales pertenecían a personas que hasta el momento figuraban como desaparecidas–, “anotaciones en pedazos de papel, cosa que todo indica que son anotaciones de sesión de tortura, con nombres, direcciones”, señaló Camuña. Y legajos no oficiales de los miembros de las patotas.

“Jefatura III” cuenta con elevación a juicio desde 2020. En mayo de 2022 el TOF había anunciado en una audiencia preliminar que iba a comenzar el debate en agosto de aquel año, pero se demoró un poco más. El tribunal está compuesto por Jorge Basbus, Noel Costa y Juan Carlos Reynaga, que escucharán a más de 300 testigos. Los militares retirados Camilo Colotti, Ramón Cooke, Mario D’ursi, Luis Ocaranza, José Abbam y Augusto Neme, y los policías Ricardo Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Manuel Vila, Miguel Horlando Chaile, Hugo Figueroa, Guillermo Ugarte, María Luisa Acosta De Barraza, Antonio Vercellone y Ramón Jodar ya fueron juzgados y condenados en otros tramos de la megacausa, con sentencias en 2010 y 2013. Los policías retirados Alberto Rivero, Emilio Abec, Segundo Acosta, Miguel Ángel Nieva, Miguel Ángel Venturino, Juan Villacorta, Pablo Zarate, Olga Aguilar De Porcelo, Ernesto Senco, José Antonio Vázquez y Juan Eudoro Soria llegan a debate por primera vez. Se los acusa de secuestros y torturas, pero también violaciones de domicilio, vejaciones y homicidios. Los policías Luis Armando De Cándido y Félix Insaurralde fallecieron a la espera del juicio oral y Miguel Ángel Moreno quedó fuera del proceso por incapacidad.