Los abogados que representan a Cristina Fernández de Kirchner en la investigación por el frustrado intento de magnicidio se opusieron a la elevación a juicio de la causa dispuesta por la jueza María Eugenia Capuchetti, que apunta a fragmentar el expediente y acotar las responsabilidades a los autores materiales. José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal destacaron que siguen pendientes “muchas medidas de prueba sumamente relevantes”, principalmente las que se relacionan con el diputado Gerardo Milman y su entorno pero también con el patovica Hernán Carrol y con la banda de Revolución Federal. “La voluntad encubridora de la jueza ya no puede ser más evidente”, denuncian, y argumentan por qué elevar la causa por tramos “es una práctica incorrecta y daña el descubrimiento de la verdad”. Ante la más que probable negativa de las huestes de Comodoro Py, en el mismo escrito ejercen el derecho a acusar a los únicos tres imputados, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, tarea que de otro modo no podrían hacer en la instancia de juicio oral.
Los abogados de la vicepresidenta señalan desde el comienzo que la instrucción de Capuchetti es “como mínimo negligente” y “parece revelar una voluntad obstructiva” para descubrir la verdad. La extensión temporal de la investigación no responde a la producción de medidas de prueba sino a demoras de la jueza, que derivan en trámites engorrosos.
El escrito de 95 páginas reconstruye los hechos desde el comienzo, la noche del 1º de septiembre, cuando Sabag Montiel gatilló a centímetros del rostro de CFK. Tras su detención se le secuestró el arma y el celular. Esa noche un perito no logró desbloquear el aparato, que llegó al juzgado “con la cadena de custodia respetada y en condiciones regulares”. Capuchetti decidió remitirlo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), adonde llegó en un sobre abierto, sin planilla de cadena de custodia y prendido, con letras rojas que daban cuenta de un error de pantalla. Hasta hoy no se pudo recuperar su contenido.
Después hubo allanamientos, declaraciones testimoniales, se ordenó el secreto de sumario (advierten que el juzgado enviaba “reportes diarios” a determinados periodistas) y la demorada detención de Uliarte, el 4 de septiembre en la estación Retiro, luego de que pudiera fugarse de su casa (con una sola puerta exterior) pese a que tenía en teoría una consigna de la Policía Federal. En el allanamiento a su domicilio se secuestró una hoja con anotaciones sobre la “Regla Tueller”, sobre cómo disparar un arma en un espacio y tiempo reducidos, dato que la jueza pasó por alto.
Una vez identificado el grupo de vendedores de algodones de azúcar y pese a que se desconocía el rol de cada uno, la juez los citó como testigos, incluyendo a Carrizo. De su celular surgirán los diálogos sobre la planificación del magnicidio. “Estamos todos juntos. A la mierda esa Cristina”, escribió el día D. Esa madrugada estaba preocupado porque pensaba que el arma era suya y se lamentaba de que Sabag hizo “todo mal”.
El 23 de septiembre declaró el testigo que el día anterior al atentado escuchó a Milman en el bar Casablanca decir a dos mujeres que “cuando la maten voy a estar camino a la costa”. Los videos confirmarían sus presencias. Luego se conoció el proyecto del diputado advirtiendo sobre un posible “falso ataque” y pidiendo información sobre la custodia de CFK el mismo día del atentado.
Los abogados solicitan entonces medidas urgentes, que el juzgado se demora en producir. El 29 se incorpora un informe según el cual Uliarte había querido alquilar un departamento en Recoleta. Sabag, en un manuscrito, pide que su defensa la asuma Hernán Carrol, del grupo “Nuevo Centro Derecha” vinculado a Bullrich & Milman, a quien Uliarte llamó antes de ser detenida. Al mismo grupo pertenece Delfina Wagner, de Crónica TV, que les dio aire a los “copitos” tras el atentado y se puso a disposición de Uliarte por el momento “horrible” (sic) que atravesaba. Las demoras de Capuchetti derivaron en filtraciones a los medios antes de realizar medidas de prueba elementales. Carrol tuvo tiempo de borrar el contenido de su celular antes de ser citado, por eso insistió en entregarlo voluntariamente.
La reticencia también fue notoria para investigar la pista Milman y sus asesoras, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdzieiwcz. La jueza dejó pasar contradicciones y mentiras y rechazó el pedido para que les secuestren los celulares. Mientras la Cámara analizaba la apelación, las dos mujeres se aseguraron de vaciar sus teléfonos con un perito proporcionado por Bullrich y en su propia oficina. Gómez Mónaco borró también de las redes los rastros del negocio que comparte con Alejandra Mroue, productora del programa de Crónica TV donde aparecían los frustrados magnicidas. Cuando por orden de la Cámara Federal secuestró los teléfonos de las asesoras, la jueza dio otra orden insólita (extraer información sólo desde el día previo al atentado) que llevaría casi tres meses revertir.
Pese a la “limpieza” previa, se encontraron mensajes valiosos: dos días antes del atentado, hubo una orden de borrar todo lo vinculado a la oficina de Milman. Bohdziewicz finalmente pidió declarar, contó que el diputado estaba “particularmente tenso” los días previos al atentado, que “canchereó” luego sobre su poder para “leer el futuro” y relató las presiones de Gómez Mónaco para que accediera a que un perito al servicio de Bullrich vaciara los celulares, asesorados todos por el abogado de la jefa del PRO.
Entonces la causa entró otra vez en secreto de sumario, hasta el lunes último, cuando se supo de los pedidos del fiscal que Capuchetti rechazó, como secuestrar el celular de Milman y cruzar llamadas entre el entorno del diputado y quienes ejecutaron el atentado. “La voluntad encubridora de la jueza ya no puede ser más evidente y está claro que no hay prueba posible que vaya a hacer que cambie su objetivo: frustrar todo lo que permita conocer la verdad”, concluyen los abogados.
Hasta aquí “fue más un encubrimiento que una investigación”, plantean. Más allá de los autores y partícipes identificados, “no está para nada claro cuáles fueron las motivaciones” del atentado, y se niegan a aceptar la teoría del “loquito suelto”. Enumeran preguntas sin respuestas y pistas sin investigar. La potencial recuperación del contenido del celular de Sabag Montiel está en curso y es “de enorme importancia”, recuerdan, y citan una nota de Tiempo Argentino para destacar que lo que pasó con ese aparato “no se puede escindir del intento de asesinato de la vicepresidenta”. “Que se quiera elevar la causa sin esperar a una posible recuperación también roza lo criminal”, advierten.
Argumentan por qué es “casi ridículo” escindir la causa entre ejecutores y potenciales organizadores cuando se investiga un posible plan criminal con responsables de distintas jerarquías. Las pistas “Milman” y “Carrol” están “indudablemente abiertas”, destacan. En el caso del diputado “no se ha encontrado un solo elemento desincriminante”, dicen y los repasan. Hasta la hoja sobre la “regla Tueller” que tenía Uriarte en su casa surge de una doctrina que importó el Ministerio de Seguridad en la gestión Bullrich-Milman. En el caso de Carrol, quien borró todos los mensajes de su teléfono el día antes de declarar, no se investigó su relación con Milman, pese a que viajó al exterior con el jefe de asesores del entonces secretario de Seguridad.
“Estas líneas están totalmente vigentes y dividir la instrucción cuando lo que se trata de dilucidar es un plan en común sería solo un paso más en la obstrucción judicial al descubrimiento de la verdad”, enfatizan.
La relación de los autores materiales con el violento grupo de ultraderecha Revolución Federal también está “pendiente de esclarecimiento”. Todos ellos tenían como consigna principal eliminar al kirchnerismo, lo que incluía matar a sus caras visibles. Jonathan Morel, en una charla virtual, planteó la posibilidad de asesinar a CFK cinco días antes del frustrado magnicidio y con el mismo método que aplicaría Sabag Montiel. Dos días después Leonardo Sosa y Gastón Guerra, del mismo grupo, estuvieron en el piso superior al que ocupaba CFK en Juncal y Uruguay. Tras el atentado alguien le preguntó a Morel: “¿Lo hicimos bien?”.
