El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó este martes tras el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) que su Gobierno va a "arrasar" con los pandilleros y que no "saldrán jamás" de prisión, al tiempo que criticó a las ONG de "derechos humanos" porque "solo velan por los derechos de los criminales".
"Que sepan todas las ONG de 'derechos humanos’, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás", publicó Bukele vía Twitter.
El posteo del mandatario se dio después de que la PNC reportara la muerte de un agente en el norteño departamento de Chalatenango, "quien fue atacado por pandilleros mientras patrullaba con otros policías".
"No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepago, sus políticos marionetas, ni su famosa 'comunidad internacional', que jamás se preocupó por nuestra gente. Sanaremos nuestro país y eliminaremos esta peste por completo", aseveró Bukele.
El presidente salvadoreños insistió que "los pandilleros que aún quedan en nuestro país, acaban de asesinar a uno de nuestros héroes. Pero ahí no dirán nada las ONG de 'derechos humanos', ellos solo velan por los derechos de los criminales".
"¿Ven por qué debemos continuar con el Régimen de Excepción hasta terminar por completo con esta peste? Este cobarde asesinato no quedará impune. Los haremos pagar caro lo que hicieron", sentenció Bukele.
Ampliación del régimen de excepción
El Congreso, de amplia mayoría oficialista, se dispone a votar por la decimocuarta ampliación de un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, como el derecho a la defensa.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, remarcó que unas 5.000 personas arrestadas bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que representan más de 7% de las detenciones, fueron liberadas.
Asimismo, Villatoro rechazó los señalamientos de diversas organizaciones humanitarias sobre la detención de personas sin vínculos con las pandillas.
Organizaciones humanitarias del país centroamericano registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 "víctimas directas" de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
El Gobierno enmarca en esta medida su llamada "guerra contra las pandillas" a la que atribuye la reducción de los homicidios hasta una tasa de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2022, aunque este dato es cuestionado por un observatorio de derechos humanos.
