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“Quiero una solución. Los explosivos petroleros fueron hallados dentro de áreas que antes no estaban urbanizadas”, declaró el intendente electo de Tartagal, Franco Hernández Berni. Respondió así a la consulta que le realizó Salta/12 sobre las acciones que iniciará -una vez que asuma como jefe de esa comuna norteña en diciembre de 2023– en relación a los reiterados descubrimientos de boosters de prospección sísmica dentro del ejido de la ciudad de Tartagal. Cualquier medida a tomar, “será en defensa de la ciudadanía tartagalense”, aseguró.
El hallazgo de explosivos destinados a exploración de hidrocarburos se denuncia dentro del municipio Tartagal desde febrero de 1999. Solo en los primeros meses de 2023, los afloramientos ocurrieron en varios puntos de esa ciudad. Primero en el oeste, sobre un sector que las y los tartagalenses utilizan como paseo de fin de semana, también para la extracción de áridos, conocido por “Circuito La Toma”. Luego, la comunidad originaria guaraní TGN 40 Viviendas reportó hallazgos en una calle con obras municipales. La comunidad se encuentra al sureste, cerca del gasoducto que opera la Transportadora General del Norte. Finalmente, en abril, entre los kilómetros 2 y 6 de la ruta nacional 86 (que vincula la ciudad norteña con el paraje Tonono), comunidades originarias y docentes reportaron la presencia de explosivos. Los cartuchos rojos de unos 20 centímetros, semejantes a un lápiz muy gordo, emergieron del subsuelo por movimientos realizados por máquinas excavadoras operadas por contratistas. La obra la gestionó la provincia, pero la Dirección de Vialidad provincial desconocía líneas de prospección sísmica (picadas que guiaron la colocación de explosivos hace cinco décadas) en su área de trabajo.
“Es una situación complicada”, continuó el intendente electo Hernández Berni en diálogo con Salta/12. “Tiene que tomar intervención la provincia de Salta a través de la Secretaria de Energía y Minería, intimando a las empresas concesionarias a dar una respuesta inmediata”, opinó luego. Para el actual diputado provincial por el departamento General San Martín y del bloque Todos, “la primera responsable es la empresa que dejó eso, y el responsable último es el Estado provincial. No el gobierno”, aclaró, “sino la Provincia de Salta porque los recursos no renovables son de las provincias”.
A su entender, determinar sobre quiénes recae la responsabilidad de remover ese pasivo ambiental se sustenta en hitos de la historia nacional reciente. “Desde que se modificó en 1992 la normativa nacional en materia de hidrocarburos (ley 24.145), y después por la reforma de la Constitución Nacional en 1994, es obligación de las provincias la administración de esas áreas explotación”, recordó. “Justamente, tenemos ese debate cuando discutimos la devolución de los pozos someros para ser administrados por la provincia de Salta y concesionarlos luego a pequeñas empresas del norte”.
Insistió en que el Estado salteño es quien tiene la obligación de solicitar a la Nación el cargo del pasivo ambiental abandonado por YPF hace, al menos, cinco décadas. Hernández Berni adelantó que, una vez en funciones como jefe comunal, coordinará acciones con el intendente electo en Aguaray, Guillermo Alemán, y la intendenta electa en General Mosconi, Ana Guerrero, dos pueblos vecinas a Tartagal dentro del departamento General San Martín y con historia petrolera en común. Su objetivo: acelerar la remoción de los boosters de zonas urbanas y peri-urbanas en las tres comunas.
La consulta al intendente electo por el Frente Avancemos por las responsabilidades sobre el peligroso pasivo, fue después de una breve entrevista que mantuvo Salta/12 con el gobernador Gustavo Sáenz. “Lo primero que hicimos fue contactarnos con los especialistas que trabajaron en YPF esa época, para que nos digan dónde están los explosivos y nos faciliten las ubicaciones. No podemos adivinar”, respondió Sáenz a este medio el domingo por la mañana, después de votar.
“Hasta el momento, nos llegó información relativa al área de Colonia Santa Rosa”, añadió en referencia a uno de los sectores más afectados por los incendios forestales de 2022, conocido como Valle Morado, en el departamento Orán. En noviembre pasado, brigadistas nacionales y bomberos provinciales escucharon detonaciones de explosivos, lo que derivó en su evacuación inmediata. Valle Morado se encuentra dentro de un área de exploración petrolera conocida como Yacimiento Caimancito. El primer mandatario salteño, que fue reelecto, aseguró a este medio que “continuará trabajando” en el tema, sin brindar otros detalles.
La desinformación, una constante en casi 25 años
“¿Usted conocía la existencia de una causa federal por hallazgo de explosivos que se tramita en Salta capital?”, consultó este medio a Hernández Berni. “No sabía que existía un expediente, menos desde 1999. Yo tenía 10 años entonces”, respondió. El expediente 133/1999 se tramita en el Juzgado Federal 2 a cargo de Mariela Giménez.
El efecto de la desinformación se advierte también en las decisiones tomadas por el Concejo Deliberante tartagalense, que el 4 de mayo pasado aprobó sobre tablas un proyecto de declaración formulado por tres ediles del bloque de la Unión Cívica Radical. Puntualmente, solicitaron que “Defensa Civil de la provincia de Salta, y la repartición u organismo correspondiente de la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, procedan a la detección y eliminación de los boosters explosivos aún existentes en la zona de la ruta nacional 86”. No aludieron a otros casos en los alrededores de la ciudad norteña.
Una de las autoras del proyecto, Fabiana Beky, contó que accedieron a un pedido presentado por comunidades originarias y un grupo de la Asociación Docentes Activos (ADA). “Nos preocupó la seguridad de los vecinos, principalmente de las comunidades”, explicó la concejala. “¿Conocía la existencia de líneas sísmicas y explosivos colocados en ellas?”, preguntó este medio. “La verdad no, nunca había escuchado sobre algo así. Creo que el tema salió a la luz por los movimientos de máquinas en la ruta nacional 86”, respondió. “Nosotros siempre tuvimos respuesta de las autoridades en Salta capital. Creo que con este proyecto de declaración, también la tendremos”, manifestó en otro tramo.
El viernes 6 de mayo, dos días después de la sesión en el Concejo de Tartagal, docentes y caciques de comunidades indígenas que viven sobre la ruta 86 marcharon desde la intersección con la ruta nacional 34 hasta la plaza San Martín, damero central tartagalense. Las consignas fueron dos: no más boosters y no más agrotóxicos. “Invitamos a todos los precandidatos de diferentes partidos para que incluyan en su agenda de trabajo la solución de los dos problemas, porque los consideramos muy urgentes. Tememos que pasen las elecciones y se olviden”, dijo Cebino Simplicio, de la comunidad wichí El Crespín.
El comunicador originario contó también que solicitaron una entrevista con el intendente Mario Mimessi. “Nos respondieron que estaban de campaña”, dijo. “Lo único que nosotros pedimos es que nos ayuden para tener bienestar para todos”. El referente agregó que en Tartagal “nadie está abocado a solucionar problemas que tienen que ver con la seguridad y el ambiente”.
Durante esa primera semana de mayo lograron cruzar algunas palabras con candidatos que visitaban los precarios barrios distribuidos a ambos lados de la ruta 86. “Antes de la marcha, pudimos plantearles nuestros problemas”, contó Simplicio. Ellos fueron Jorge Restom (actual diputado, que se postuló al cargo de senador provincial por el Frente Avancemos), Nicolás Arce (candidato a intendente de Tartagal por Juntos por el Cambio) y Sandra Ardiles (candidata a jefa comunal de esa ciudad por el Frente Avanza con Vos). “Nos dijeron que iban a tomar cartas en el asunto”, continuó el referente comunitario. “Los invitamos a la marcha, pero cuando llegamos a la plaza no había nadie. Estábamos nosotros, entre chicos y grandes, unas 40 personas. Nadie más”. Las comunidades presentes fueron El Quebracho, TGN, Lapacho Viejo, 20 de Junio, TaiKolic y El Porvenir.
La causa del Renault 12
“Tuvimos contacto, en una (instancia de) mediación con un abogado de YPF. Fue por zoom. Quería evaluar lo que nosotros pretendíamos por el daño al automóvil, para así no ir a juicio. Cuando pasó lo de la explosión, Gendarmería nos informó que todos los detalles los elevaban a una causa federal, abierta hace mucho tiempo, y que se tramitaba en Salta capital. Nada más. Nosotros no sabíamos nada de eso”, contó Don Ely, tartagalense que en enero llevaba a su mujer, un nieto y sus perros a pasear al río Tartagal por el camino del Circuito La Toma. En un lugar cercano a la playa, el vehículo presionó sobre un booster petrolero y explotó. Por suerte no hubo víctimas.
“Ocurrió a la una de la tarde”, contó el periodista Luis Mena, que cubrió el hecho. “Se comunicaron por las cuatro de la tarde con la policía cuando encontraron señal. Tardaron en llegar porque nadie les creía que había pasado eso, pensaron que era una broma”, dijo el comunicador de General Mosconi. “Recién a las cinco llegó la Policía y Gendarmería Nacional (encargada de la detonación de explosivos) a las ocho de la noche. Nunca me había cruzado con algo así”, confesó. “La policía me pidió que no filme, porque podía activar otros explosivos con el celular”.
La familia de Tartagal no tuvo más novedades, ni del abogado de YPF SA que los contactó, ni del gobierno de la provincia, ni del actual intendente de Tartagal. Las comunidades originarias temen por sus niños: ¿qué pasará si encuentran otros explosivos y juegan con ellos? No hay campañas de información pública que difundan la existencia de boosters petroleros en el subsuelo, con imágenes claras e información precisa sobre qué hacer y cómo proceder en caso de hallazgos, pese a que en el expediente 133/1999 el juez federal Miguel Medina primero y la jueza Mariela Alejandra Giménez ahora ordenaron varias veces informar a toda la ciudadanía sobre los explosivos petroleros abandonados por YPF.
