“La sostenibilidad y sustentabilidad que está tan de moda, y Europa se puso firme a conocer la trazabilidad de los productos que consumen y compran”, dijo el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, sobre uno de los temas que se trataron el viernes pasado en la sede de la Sociedad Rural Salteña con la comisión directiva de la entidad madre.

El productor se refirió de esta manera a la ley europea que prohíbe el ingreso de la “deforestación importada”, es decir, la importación de productos primarios que se consiguieron mediante la deforestación. Si ese producto (sea carne o soja), viene de un campo deforestado después del 31 de diciembre de 2020 no podrá ser importado, sin importar que el desmonte sea legal o ilegal.

El 19 de abril pasado se aprobó dicha ley en el Parlamento Europeo, que reúne a los 27 países de la Unión Europea – UE.

Los productos a importar deben pasar varias pruebas de buenas prácticas. Una de ellas es que cuenten con una etiqueta que garantice que no provienen de tierras desmontadas desde el 31 de diciembre de 2020, bajo riesgo de elevadas multas. Se deberá también contar con “información geográfica precisa” sobre el terreno de cultivo de los alimentos con un rastreo que permita comprobar el cumplimiento de todas las normas.

Pero además, la UE dispone que se deban garantizar derechos humanos de las y los trabajadores y de las personas de pueblos indígenas que habitan en las regiones de donde provienen esos productos. En este punto no importaría en principio si los conflictos de intereses son en tierras deforestadas desde el 31 de diciembre del 2020, o si lo son en tierras deforestadas desde antes. Y por lo menos, en algunos casos de Salta, no existe una situación pacífica que pueda garantizar la exportación de productos a Europa.

Frente a este panorama y el debate que hizo la SRA en Salta, el ministro de la Producción, Martín de los Ríos, sostuvo que se trabaja para establecer la trazabilidad de los productos agropecuarios y poder seguir comerciando con Europa, “en el entendimiento de la importancia de colaborar en la lucha contra el cambio climático”. El funcionario fue invitado al encuentro de los grandes productores.

Lula y el desafío de Brasil

“Todas estas ideas aparecían como si fueran de supuestos terroristas ambientales y ahora se aplica en el primer mundo”, dijo a Salta/12 el doctor y docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Marcelo Rodríguez Faraldo.

La necesidad de dirigir la mirada al consumo de los países de llamado primer mundo no es menor. Rodríguez Faraldo recordó que a través de sus consumos “la Unión Europea es responsable del 10% de la deforestación mundial”, tomando en cuenta que la soja y el aceite de palma son los productos que más incidieron en la deforestación mundial.

Al hacer referencia a la ley, el especialista indicó la necesidad de mirar los pasos a futuro. Pues la ley establece hacia 2024 que se debe realizar una evaluación comparativa entre los países que exportan sus productos. Estos podrían ingresar en las categorías de “bajo, mediano y alto riesgo”, según las prácticas de producción de las empresas exportadoras.

Es en estas categorías donde se verá sobre todo el desempeño de los países respecto al respeto de los derechos humanos de quienes trabajan la tierra y de las comunidades originarias.

En diciembre de 2022 Salta/12 había realizado un adelanto sobre la normativa europea. El entonces presidente de la Sociedad Rural Salteña (SRS), Carlos Segón, había indicado que la mayor producción salteña se dirigía a China. Sin embargo, Rodríguez aclaró que producciones como las de poroto tienen a la UE como principal importadora. 

Señaló como interesante el hecho de que Brasil podría ser uno de los países más perjudicados por la ley europea pero que, sin embargo, se destaca “la buena gestión de Lula da Silva, que comprometió que no habría más deforestación en la Amazonía, y esto muestra que Brasil ve una oportunidad” para cumplir con los requisitos de la UE y continuar exportando a la región.

El mercado asiático y la presión sobre los bosques

La UE invitó a otros países y regiones a sumarse a este tipo de iniciativas para colaborar en el freno del cambio climático. Sin embargo, el primer lugar de responsabilidad de deforestación por su consumo se pondera en Asia.

Por el momento, ese mercado no tiene las restricciones de la UE. Ante ello, el coordinador de Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, interpretó que desde allí provendrá una presión sobre la deforestación de bosques argentinos. O tal vez la derivación de productos de desmontes legales e ilegales que se generaron desde inicios de 2021.

Agregó que es necesario conocer cómo se interpretará el daño del fuego sobre las 95 mil hectáreas de tierras quemadas, y la posibilidad de producción y futura exportación. Mientras, respecto de los desmontes, informes oficiales de 2021 indican que en Salta se deforestaron 14 mil hectáreas de las 205 mil desmontadas en todo el país.

“Lo importante es que está en discusión el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta, y hay sectores que reclaman más superficies para deforestar”, dijo Giardini. En este punto consideró que se debe tener en cuenta que deforestar más implicaría para esas tierras perder el mercado europeo para exportar.

“Empresas grandes como Cresud, Juramento, o Desde el Sur ya no podrían deforestar más”, añadió al señalar a estas firmas como las responsables de altas tasas de deforestación en la historia de Salta. “Los tres exportan a Europa”, afirmó.

Sin embargo, el requisito de la fecha para impedir el desmonte es sobre una parcela en particular y no sobre la totalidad de las tierras de cada empresa.

Giardini insistió en la necesidad de penalizar los desmontes. "No puede ser que haya delito para alguien que roba un kilo de pan para comer y no para quien desmonta 11 mil o 12 mil hectáreas", como sucedió en Salta, cuestionó. "No está bueno penalizar las cosas pero nuestro sistema penaliza algunas cosa y no otras (...) y destruir bosques no lo es, ridículamente".