El excomandante paramilitar colombiano Salvatore Mancuso dijo en una audiencia judicial que los escuadrones de ultraderecha que dirigía a fines de la década del 90 tenían orden de asesinar al entonces líder de izquierda y actual presidente del país, Gustavo Petro. Mancuso declaró por cuarto y último día ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, un mecanismo creado para juzgar crímenes cometidos en el conflicto entre el Estado y grupos armados iniciado en la década del 60.
Petro y otros líderes de izquierda "fueron parte de los objetivos militares" de las ya extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandadas por Mancuso, admitió el líder paramilitar en su audiencia en una cárcel de Estados Unidos, donde está preso. Desmovilizados en 2006 bajo un acuerdo con el gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010), estos sangrientos ejércitos sembraron el terror en su lucha contra guerrillas de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según Mancuso, las AUC trabajaban de la mano de instituciones estatales como la policía, el Ejército, un sector de la prensa y principalmente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El actual canciller Álvaro Leyva, quien estuvo muy metido en procesos de negociación con las FARC, fue otro de los blancos de la operación. En la lista también aparecen nombres como los actuales senadores del oficialista Pacto Histórico, Alirio Uribe y Piedad Córdoba.
En la audiencia por videoconferencia, Mancuso aseguró que un directivo del DAS, la unidad de inteligencia de la época, fue quien les dio la orden de asesinar al actual mandatario, que es el primero de izquierda en la historia de Colombia. El DAS se disolvió en 2011 por un escándalo de espionaje a jueces, opositores y defensores de derechos humanos bajo el gobierno de Uribe.
En la declaración, el "Mono Mancuso" dijo que Álvaro Uribe le quitó el esquema de seguridad al alcalde de El Roble en el departamento de Sucre, Eudaldo Díaz, quien le había dicho públicamente al entonces presidente que su vida corría peligro. Mancuso sostuvo que las AUC procedieron a asesinar al alcalde tras el retiro de la seguridad. También dijo que las Fuerzas Armadas conocían los movimientos de las tropas de las AUC y evitaban presentarse en los territorios para darles libertad de acción.
Mancuso aseguró también que las AUC apoyaron candidaturas de políticos que buscaban llegar al Congreso en las elecciones de marzo de 2002 y también hubo respaldos para las campañas de los ahora expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.
"Queremos que él diga más"
El presidente Gustavo Petro reaccionó a las declaraciones del exparamilitar en su cuenta de Twitter. "Según Mancuso, José Miguel Narvaéz desde el DAS ordenó asesinarme. El DAS ponía mis escoltas. De las operaciones en mi contra logramos información previa sin ayuda de los gobiernos y logramos frenarlas", aseguró el líder de izquierda.
Por su parte Diamelis Bello, víctima originaria del departamento de Sucre, en donde también operaron las AUC, dijo que esperaba que el exjefe paramilitar diera más detalles sobre los crímenes del grupo armado, para así poder "sanar y perdonar". "Hemos escuchado lo que ya nosotros sabíamos, queremos que él diga más. Sabemos que el sí sabe y tiene algo nuevo que contar", sostuvo Bello.
Los magistrados de la JEP escucharon los relatos del excomandante en el departamento norteño de Córdoba, junto con un grupo de víctimas de la región, que sufrió en carne propia la violencia del paramilitarismo. La JEP, surgida del acuerdo de paz con las FARC en 2016, decidirá luego si Mancuso es elegible o no para acogerse a esa justicia especial. Para ello, el tribunal le exige "demostrar que actuó como 'bisagra' o punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública".
Mancuso fue extraditado en 2008 cuando estaba dando su versión sobre los crímenes cometidos en el marco del proceso de paz con las AUC. El excomandante colombo-italiano de 58 años fue condenado en Estados Unidos a más de 15 años de prisión y ahora busca acogerse a la JEP con miras a obtener beneficios como penas alternativas a la cárcel en su eventual regreso a Colombia.
