El escándalo institucional en el que derivó una causa penal por abuso sexual de una niña que tiene como imputado a un allegado al senador nacional Dionisio Scarpín; entró en la agenda de la Legislatura provincial. El diputado Fabián Palo Oliver reveló ayer que presentó un proyecto de comunicación para que la Cámara de Diputados provincial requiera de manera oficial al Ministerio Público Fiscal (MPA) que informe si ha intervenido respecto de los desempeños del fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, y de sus subordinados, los fiscales Aldo Gerosa y Juan Marichal, acusados de maniobras que configuran la revictimización de la denunciante –que hoy tiene 26 años– y el favorecimiento del acusado, su tío, quien ofició como secretario privado de Scarpín cuando este era intendente de la ciudad de Avellaneda.

El legislador apuntó a lo que deduce fue una red de protección en favor de Marcelo Galaz, integrada entre otros por quienes debían hacer justicia. Galaz, según su propia confesión luego de la denuncia, abusó sexualmente de su sobrina entre los 4 años de edad y hasta los 11 cumplidos.

"En un primer momento, se lo investigó por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante reiterados en el tiempo, en número indeterminado de veces agravados por causar daño grave a la salud mental de la víctima y promoción de la corrupción de una menor de edad agravado por la edad", señaló Palo Oliver en su presentación parlamentaria que se hizo eco de la denuncia amplificada por el espacio Mesa por Mí, por Todas y Todes de Avellaneda.

Es que luego de que el caso entre en terreno judicial el año pasado –cuando la víctima pudo recién revelarlo y señalar a su abusador– "se sucedieron una serie de hechos –marcó Palo Oliver– que son muy graves desde el punto de vista institucional. Algunos denunciados por la víctima, otros confesados por sus protagonistas".

"Entre estos hechos inadmisibles –continuó el legislador–, podemos resaltar las denuncias de la víctima del caso acerca de la revictimización recibida, de las recriminaciones y el trato denigrante por parte del fiscal Gerosa; el sorpresivo cambio de carátula que implicó bajar un pedido de condena de 32 años de prisión a uno de 7, producto del acuerdo en juicio abreviado, con intervención del fiscal Marichal previa anuencia del fiscal general", recriminó el escrito del diputado en alusión al responsable del MPA en el distrito norte, Rubén Martínez.

Cuando la víctima publicó los abusos de los que fue víctima, el fiscal Gerosa le recriminó haberlo revelado en redes sociales, e insinuó que "le soltaría la mano" para no complicar su posible nombramiento como juez, según marcaron desde aquella ONG.

También pidió explicaciones sobre la presencia del senador radical Orfilio Marcón en Tribunales de Reconquista, en la víspera de la suspensión del juicio oral por el acuerdo de juicio abreviado que benefició a Galaz, acompañado del secretario de Gobierno del municipio de Avellaneda, Bruno Zanel, en la gestión de Scarpín. 

Galaz, además de haber sido mano derecha del actual senador nacional y precandidato a diputado provincial por la lista de Carolina Losada, integró la Juventud Radical en aquella ciudad del norte santafesino.

"Es inmoral el intercambio de información entre Gerosa y el senador Marcón, a los fines de conocer el avance de su situación en un concurso judicial, a cambio de que Marcón pregunte si había posibilidades de realizar un acuerdo por juicio abreviado", apuntó Palo Oliver en su presentación.

"Llama la atención. Los contactos telefónicos fueron reconocidos por los propios interlocutores", sumó el diputado.

En este marco, Palo Oliver sostuvo que "todas estas cuestiones tiñeron el trabajo de los representantes del MPA en la causa, por lo que se impone la debida investigación de los mismos", concluyó.