La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continuará este jueves con la lupa puesta en las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), una de las causales del proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. La atención estará puesta en la convocatoria de Aldo Tonon, ex director de la OSPJN, quien se había negado a concurrir ante la comisión y que esta vez fue citado con intervención del Juzgado Criminal Federal 12.
La convocatoria realizada por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, para este jueves a partir de las 11, busca avanzar con el análisis de los desmanejos en la OSPJN en la que los diputados vienen trabajando hace ya varias reuniones, y donde los testigos comprometieron aún más las responsabilidades de los jueces de la Corte.
Además de Tonon, también fueron citados Sebastián Clerici, secretario letrado de la Corte Suprema; los contadores públicos Gabriel Martínez e Iván Nicolás Ritvo -quien pidió reprogramar su exposición-; y Laura Ambrosio, afiliada de OSPJN.
La mira estará centralmente puesta en el ex director de la Obra Social, quien fue desplazado tras una serie de auditorias que detectaron numerosas irregularidades: desde la inexistencia de presupuestos y ni siquiera una contabilidad formal hasta contrataciones directas a empresas que no prestaban servicios, además de la desaparición de más de 26 mil medicamentos del stock farmacéutico y la pérdida de millones de pesos por la no renovación de plazos fijos del superávit financiero que manejaba la entidad.
Tonon, un hombre ligado al supremo Maqueda, se había negado a concurrir ante la comisión con el argumento que su declaración ante los diputados lo podría “autoincriminar” en la causa judicial que por esas mismas irregularidades lleva adelante el juez federal Ariel Lijo. Ahora la Comisión volvió a citarlo por oficio con intervención del Juzgado Criminal Federal 12, Secretaría 23.
Las irregularidades en la OSPJN comprometen a los cortesanos y desataron una guerra interna entre ellos. Sobre todo, después que el también desplazado administrador de la Corte Héctor Marchi -ligado a Lorenzetti y quien llevó adelante las auditorías- diera cuenta ante los diputados de la existencia de un informe que la Corte intentó ocultar a la Comisión de Juicio Político: una auditoría que compromete al actual director de la OSPJN, Mariano Althabe, designado por Rosatti. Marchi también denunció ante los diputados las amenazas que recibió del propio presidente de la Corte y su mano derecha, Silvio Robles.
Otro debate que podría abordar la Comisión de Juicio Político en las próximas audiencias es la ampliación de la denuncia contra los jueces realizada por el presidente Alberto Fernández después de la medida cautelar de los supremos para suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán, en lo que describió como una violación a la división de poderes y el federalismo. El oficialismo evalúa las formas en las que podría ser incorporada esa ampliación de los causales de remoción: podría ser presentada a través de un proyecto de ley, incluso por un diputado del FdT, como ocurrió con el inicio del proceso contra los integrantes de la Corte.
Abroquelados en defensa de los jueces de máximo tribunal, los legisladores de Juntos por el Cambio analizan una contraofensiva. Una opción sería reclamar ante la comisión que se incorpore al tratamiento del pedido de juicio político presentado por el bloque de la UCR a fines de 2022 contra el propio Alberto Fernández.
