La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE), Diana Atamaint, señaló al 20 de agosto próximo como fecha tentativa para las elecciones generales anticipadas, luego de que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, pidiese la convocatoria a elecciones tras disolver la Asamblea Nacional (Parlamento). A partir de este jueves comienza a correr el plazo de siete días para que el CNE convoque a elecciones, lo que marca al 24 de mayo como fecha límite.

Para el CNE "es un desafío enorme en cuanto todo se contrae en los tiempos previstos en la Constitución y en la ley", dijo Atamaint al recordar que un proceso electoral normal se prepara con un año de anticipación, pero ahora lo deben hacer en noventa días para la primera vuelta. Atamaint aclaró en la televisión Teleamazonas que se deben cumplir todos los hitos normales de un proceso electoral, por lo que los partidos y movimientos políticos deben realizar primarias.

El CNE debe calificar las candidaturas y proclamarlas, propiciar el debate entre los postulantes posiblemente al inicio mismo de la campaña electoral que, podría desarrollarse durante 15 días, en lugar de los 45 señalados en procesos electorales normales. Aunque aclaró que aún no es un dato oficial, pues debe ser aprobado por el pleno del CNE, Atamaint avanzó que la primera vuelta electoral sería el 20 de agosto y, de ser necesario un balotaje, este sería el 15 de octubre.

"El país espera volver a la tranquilidad"

La Constitución señala que el jefe de Estado debe asumir el cargo el 24 de mayo, pero Atamaint comentó que esto no aplica para las elecciones anticipadas, por lo que especuló que Ecuador podría tener un nuevo Gobierno a inicios de noviembre.

"Aproximadamente sí, tendríamos que esperar que los (eventuales) recursos se resuelvan lo más pronto posible. El país espera volver a la tranquilidad, a la normalidad y en eso, la función Electoral, está totalmente consciente y apelamos a que las organizaciones políticas también tengan ese comportamiento patriótico, y a la altura de lo que exige el sistema político del Ecuador", comentó.

La presidenta del CNE indicó que, si cumplen con los requisitos legales, Lasso y los legisladores destituidos pueden postular en los comicios anticipados, pero ello no se considera una reelección. "No cuenta como reelección, lo dice un pronunciamiento, una sentencia de la Corte Constitucional", aclaró al recordar que se trata de una candidatura para completar un período, por lo que los candidatos pueden volver a postular para los comicios generales de 2025, que es cuando debía terminar el período de Lasso.

Vuelve la calma

No se reportaron protestas en el país y la calma y la normalidad parecían reinar en Quito esta mañana. El sistema de transporte local, provincial y nacional funciona con total normalidad, e incluso se mantiene la restricción de circulación en la capital de automóviles dependiendo del número final de la placa, como de costumbre. Los aeropuertos, hospitales y otras casas de salud, así como los servicios públicos también funcionaban con absoluta normalidad en las primeras horas de este jueves.

Sin embargo, el edificio de la Asamblea Nacional, el Parlamento de Ecuador, permanecía bajo fuerte control de efectivos antimotines de la Policía Nacional, un día después de que Lasso aplicara la llamada "muerte cruzada" y disolviera el legislativo.

La Policía permitió ayer el acceso de personal administrativo de la Asamblea Nacional para retirar sus pertenencias, mientras que se prevé que lo propio podrán hacer los exlegisladores desde el lunes próximo, informaron medios locales, que dijeron que no había problemas con el transporte ni en aeropuertos u hospitales.

Muerte cruzada

El conservador Lasso, en el poder desde 2021, disolvió ayer la unicameral Asamblea Nacional invocando un mecanismo constitucional especial conocido como "muerte cruzada", que le da potestad para hacerlo y que lo habilita a gobernar por decreto hasta la celebración obligatoria de elecciones.

Lasso, de 67 años, dijo que había tomado la medida porque el juicio político que el Parlamento le había iniciado apenas unas horas antes por presunta corrupción, cuyo resultado más probable parecía ser el de su destitución, estaba motivado políticamente y había derivado en una "grave crisis política y conmoción interna".

La "grave crisis política y conmoción interna" es una de las tres causales por las cuales el Ejecutivo puede aplicar el artículo 148 de la Constitución de 2018, que también pone plazos para celebrar elecciones anticipadas presidenciales y legislativas para completar los mandatos correspondientes desde el momento de la disolución del Parlamento.

Apelación

El decreto de Lasso de disolución del Parlamento fue recurrido ante la Justicia constitucional por dos fuerzas políticas, el Partido Social Cristiano (PSC) e Izquierda Democrática (ID), que consideran que el país no está en un estado de grave crisis política y conmoción interna. Virgilio Saquicela, expresidente del Congreso, y otros exparlamentarios presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la decisión de Lasso.

En las primeras horas con la medida vigente, el Gobierno tuvo gestos que parecieron apuntar a mostrarse fuerte: impidió el acceso al Parlamento de los ahora exlegisladores, reunió al cuerpo diplomático para detallar “la decisión soberana” y hasta dictó el primer decreto, una reforma tributaria que reduce impuestos.

El brazo político del poderoso movimiento indígena ecuatoriano, cuyas protestas se vinculan con la caída de tres presidentes de Ecuador desde 1997, dijo que estudiará qué respuesta da a la decisión, que consideró que abre un "escenario de dictadura". Leónidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cuyo brazo político es Pachakutik, convocó a sectores sociales a una "Asamblea popular" para "encarar el modelo dictatorial" que pueda aplicar Lasso en este periodo, lo que puede implicar protestas.

"Plan macabro"

Lasso se defendió anoche en una entrevista con la cadena estadounidense CNN en la que afirmó que había antepuesto a "Ecuador por encima de cualquier interés personal" y denunció un "plan macabro de Correa".

El gobernante volvió a negar las acusaciones de la Asamblea Nacional de supuesto peculado, de las que ya se había defendido ante los propios legisladores en el Parlamento el martes, en el inicio del plenario de juicio político en su contra, el segundo desde que llegó al poder, en mayo de 2021.

Según argumentan los denunciantes, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado. El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker habría ocasionado pérdidas por más de 6 millones de dólares.

El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso. En su artículo 130, la Constitución habilita a su vez a destituir al mandatario sin juicio político previo, si se dan determinadas causales.

El rol de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional tendrá en adelante un rol clave: en lo inmediato, deberá resolver las presentaciones del PSC y de ID para dejar sin efecto el decreto de Lasso y deberá además controlar cada una de las medidas de gobierno del mandatario con un dictamen previo.

Hasta la instalación de una nueva Asamblea Nacional, Lasso gobernará expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, siempre y cuando tengan la aprobación de la Corte Constitucional.



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