Durante la sexta audiencia del juicio por el crimen de la docente Rosa Sulca, declararon el actual director del Centro de Coordinación Operativa, Abel Velásquez, y la jefa del programa de Demanda Ciudadana del 911, Andrea Silvestri. Explicaron los protocolos e indicaron cuáles eran las funciones de cada puesto en el sistema de emergencias. Estos testimonios fueron requeridos porque hay seis funcionarios y una funcionaria, a quienes se está juzgando por incumplimiento a los deberes, debido a que no se asistió a la víctima.
Silvestri indicó que el 28 de abril de 2020, cuando fue asesinada Sulca, no estuvo en el sistema 911, y explicó el procedimiento que se debe seguir cuando se recibe una llamada de emergencias en la línea:
Indicó que la función del operador civil es recibir el llamado e indagar en los hechos para especificar el tipo de caso, según las opciones que ya están preconfiguradas en el sistema informático, asimismo, debe consignar la dirección, y derivar a "despacho" para que dé la primera respuesta.
Silvestri señaló que los operadores tienen un supervisor cuya función es verificar la buena gestión de la llamada de emergencia, que se cargue el domicilio, lo que sucede, y verificar que se sigan los pasos según los protocolos.
También explicó que el supervisor no tiene que conocer necesariamente la llamada pero puede escucharla si lo precisa, o el operador puede consultarle. En su pantalla ve los incidentes que se presentan. "Debe estar al pendiente de la necesidad de asistencia de algún operador", dijo.
Asimismo, el supervisor tiene un auxiliar de supervisión de demanda, que también cumple la función de operador y debe atender llamadas, pero cuando su superior se toma un descanso, que puede ser de 20 a 40 minutos, lo reemplaza y asume su función.
Silvestri contó que después del asesinato de Sulca en el área de calidad evaluaron la llamada recibida por el operador Pablo Bisón, quien también estuvo inicialmente imputado en la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte pero después fue sobreseído.
Silvestri dijo que el procedimiento de recepción de la llamada de Bisón fue correcto, la tipificación que puso fue "pedido de auxilio". Cuando Sulca llamó, dijo: "me están matando" y se escucharon gritos, luego tomó el teléfono la adolescente S., que está siendo juzgada en el juicio. "Después una femenina dice que es la tía que tomó pastillas, con intención de que se desestime la llamada", explicó la jefa de demanda ciudadana.
"El pedido de auxilio de la señora Sulca era evidente", manifestó Silvestri e indicó que el operador le dio relevancia a ella, no a la segunda voz que intervino en la llamada. "Se escucharon gritos, justamente es lo que respalda el pedido de ayuda", sostuvo. Además dijo que Bisón envió la urgencia a despacho en menos de un minuto y medio. Indicó que además de requerirse intervención policial, se derivó la emergencia al Samec, pero este organismos no intervino.
Respecto al rol del supervisor, que entonces era Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro, indicó que no escuchó la llamada. Mientras que la ayudante, Gabriela Valeria Moyano Casasola, revisó los incidentes. Ambos están siendo juzgados por incumplimiento a los deberes de funcionario público.
Silvestri explicó que antes del crimen de Sulca había un protocolo mediante el cual ciertos hechos requerían el tilde de "relevante", como incendios de pastizales de gran magnitud, homicidios, eventos con muchas personas o los que pudieran tener repercusión mediática, en esa lista no se contemplaba pedidos de auxilio. Ese criterio tenía la finalidad de que este tipo de hechos fueran informados a la superioridad entre quienes se encontraban las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad.
Desde el crimen de la maestra, cambiaron los "criterios de relevancia", añadieron "pedidos de auxilio" y además el tilde ya no tiene la finalidad de comunicar a la superioridad los hechos, y en cambio es para el "seguimiento y coordinación de acciones".
Velásquez también explicó el funcionamiento del 911 y los protocolos, aclaró que en 2020 era jefe de videovigilancia del Centro de Coordinación Operativa, luego asumió como director.
El funcionario detalló que el despachante policial cuando recibe la emergencia del sistema de demanda ciudadana debe despachar "el recurso", que es un patrullero policial, ya sea móvil o bicipolicías, que estén más cercanos y disponibles. Según los requerimientos, también puede enviar refuerzos o Infantería. Añadió que la prioridad que se le dé a la emergencia dependerá de la cantidad de incidentes que tenga en ese momento y del tipo de hechos.
El recurso o primer interventor que llega al lugar de los hechos, tiene entre sus funciones comunicar que llegó. "El despachante espera el trabajo que el primer interventor realice" y va registrando todo en la misma carta que se generó por el llamado entrante.
El primer interventor toma las decisiones "in situ". "Puede requerir refuerzo, otro efectivo, la presencia de un superior, al despachante que hace de comunicador", explicó.
También hay un supervisor de despacho o encargado de cierre de carta, que tiene entre sus funciones verificar que haya congruencia entre los hechos que se han cargado y la tipificación.
Le sigue en jerarquía el jefe de despacho, cuya función es supervisar al encargado de cierre de carta. Controla que la emergencia tenga asignado el recurso necesario y que se haya brindado respuesta. También debe controlar los incidentes que van ingresando e informar al estamento superior, lo que le demanda estar pendiente de un teléfono fijo y que esté en coordinación con una radio. A la vez, debe hacer de nexo con despachantes y los recursos de la calle, controlar al personal y el movimiento del despacho.
Velasquez explicó que el jefe tiene un oficial de servicio que lo asiste para descargar información del sistema, la transcribe en word y eso se envía a las autoridades de seguridad. También indicó que son tres los jefes que trabajan en horarios divididos en tercios. Pueden ausentarse de sus cargos por 10 o 15 minutos y en ese momento al reemplazo lo realiza el oficial.
Asimismo, Velasquez indicó que en el hecho intervino como despachante el suboficial principal Héctor Herrera, mientras que como "primer interventor" actuaron los sargentos ayudantes Antonio Ezequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra en el móvil 1113. Estos policías están acusados por incumplimiento a los deberes de funcionario público, al igual que el jefe de despacho policial, el comisario Gustavo González, y el supervisor de despacho, Normando Corbera.
Como oficial de servicio actuó Daniel Cardozo, quien no está acusado en la causa. En este juicio también está siendo juzgada S. como autora del delito de homicidio calificado por alevosía y criminis causa en perjuicio de Sulca. Además, Martín Oscar Laime está imputado por encubrimiento agravado.