La deforestación provocada por la minería en tierra indígena yanomami bajó un 95,72% en los primeros cuatro meses del año en comparación con el mismo periodo de 2022. Además, durante los primeros meses de 2023 la Amazonia brasileña en general registró una reducción del 38% en la devastación de la selva.

La caída de la deforestación coincide con la llegada de Lula da Silva a la presidencia de Brasil tras derrotar a su antecesor Jair Bolsonaro en las elecciones.

Durante su gobierno, Bolsonaro incentivó la entrada de mineros ilegales o garimpeiros a tierras indígenas en la Amazonia levantando controles y mecanismos de vigilancia ambiental. También frenó la demarcación de nuevas tierras indígenas, una situación que vulneró a la población indígena frente a la expansión de la minería ilegal.

"En cuatro meses vemos una reducción concreta de la deforestación y también de la devastación vinculada a la minería", dijo el ministro de Justicia, Flávio Dino, en una conferencia de prensa desde la capital Brasilia.

"Es una reducción visible, tangible, concreta y no meramente especulativa", añadió Dino, aunque reconoció que la disminución en la deforestación es “muy por debajo” de lo requerido.

Hace unos días el gobierno informó que durante abril la deforestación en la Amazonia registró una caída del 67,9%  en comparación con abril de 2022. 

El legado de Bolsonaro: minería ilegal y crisis humanitaria

A pocas semanas de haber asumido la presidencia, Lula da Silva declaró una emergencia debido a la situación humanitaria y sanitaria de la comunidad indígena yanomami. Un informe oficial reveló que sólo en 2022 murieron 99 niños menores de cinco años por desnutrición, neumonía y malaria. 

Las autoridades precisaron que una de las razones que llevó a esta crisis sin precedentes fue la creciente actividad minera que contaminó los ríos con mercurio y deforestó gran parte del territorio indígena donde viven unas 30.000 personas. 

A pesar de las denuncias presentadas por la comunidad, el gobierno del expresidente Bolsonaro no atendió a los llamados. En cambio incentivó las incursiones mineras a la Amazonía y para facilitarlo levantó mecanismos de control y fiscalización ambiental.

Sin embargo, durante los primeros meses del año el gobierno de Lula llevó adelante un intenso operativo para bloquear la llegada de la minería ilegal a territorio indígena yanomami. El operativo incluyó el cierre del espacio aéreo sobre este territorio para impedir el aterrizaje de avionetas.

También localizaron decenas de pistas de aterrizaje clandestinas, decomisaron aeronaves utilizadas por los garimpos y destruyeron la maquinaria para extraer oro. El gobierno calcula había cerca de 20.000 mineros ilegales en territorio indígena.

Además, desarticularon una red que traficaba el oro extraído de territorio indígena y lo introducía al mercado estadounidense y europeo.