El 4 de julio pasado, las legisladoras porteñas Claudia Neira y Maia Daer llegaron hasta la Casa Rosada para participar de la jura de Silvina Batakis como ministra de Economía. Mientras trataban de entrar en la Casa de Gobierno, fueron abordadas, acosadas e incluso escupidas por un grupo de personas identificadas con Revolución Federal –la agrupación que lleva por lema “bala al kirchnerismo” y que protagonizó una serie de protestas violentas en las que sus miembros llevaban guillotinas y antorchas encendidas–. Por estos hechos, el juez Marcelo Martínez de Giorgi llamó a ampliar su indagatoria a Jonathan Morel, pero las representantes del Frente de Todos (FdT) agredidas se presentaron para pedirle que convoque a otros integrantes del grupúsculo. Entre otros señalaron a Cristina Luján Romero, amiga de Ximena de Tezanos Pinto –vecina de Cristina Fernández de Kirchner–, quien les habría franqueado el ingreso al edificio de la vicepresidenta a dos integrantes de Revolución Federal cuatro días antes de que Fernando Sabag Montiel intentara asesinarla.

Revolución Federal se conformó hace un año. El 3 de julio último, sus integrantes lograron impedir que se hiciera una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos para oficializar que Batakis se haría cargo de la cartera que acababa de abandonar Martín Guzmán. Envalentonados por lo conseguido afuera de la residencia presidencial, llegaron al día siguiente a la Casa de Gobierno para escrachar a quienes se acercaran a la jura de la economista.

El entonces ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi fue uno de sus blancos del odio. Las legisladoras Neira y Daer, otro. A las dos mujeres empezaron a perseguirlas, insultarlas e incluso a amenazarlas con prenderlas fuego. Inicialmente el caso se investigó en el juzgado de CABA a cargo de Patricia Larocca y después pasó al fuero federal. Allí se agregó a la causa en la que Martínez de Giorgi investigaba a cuatro integrantes de Revolución Federal: Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile.

Todos ellos están procesados por incitación a la violencia colectiva. La Cámara Federal –de la mano de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi– confirmó los procesamientos, pero entendió que no eran parte de una asociación ilícita destinada a combatir ideologías. El tercer integrante de la Sala I, Mariano Llorens, entendió que Revolución Federal únicamente hacía uso de su derecho a la libre expresión.

Días atrás, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, Martínez de Giorgi decidió ampliar la indagatoria de los dos fundadores de Revolución Federal, Morel y Sosa. A Morel lo convocó para el 5 de junio próximo para responder por las amenazas contra Neira, Daer, Ferraresi, el periodista Víctor Hugo Morales y Victoria Donda –a quien le advirtió que iba a terminar como sus padres desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado–. Sosa debe presentarse para explicar los desmanes que protagonizó el 22 de agosto pasado afuera del departamento de CFK, horas después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran la condena de la vicepresidenta en la causa Vialidad.

Neira y Daer le dijeron al juez que debe llamar a otras personas porque lograron identificar a otros integrantes de Revolución Federal en el ataque que padecieron. Los señalados, además de Morel, son:

  • Sabrina Basile, que las siguió junto con otros de sus compinches mientras les gritaban: “Las vamos a prender fuego”.

  • Sergio Quintana, quien –según marcaron las legisladoras– se desempeñaría como médico en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Esta persona habría sido quien escupió a Daer.

  • Cristina Luján Romero, quien las habría abordado en Balcarce e Hipólito Yrigoyen mientras les decía: “Váyanse con Cristina a la reputa madre que las parió, hijas de puta, chorras”.

Romero ya estaba en el radar del juez. Martínez de Giorgi ordenó días atrás profundizar la pesquisa sobre una serie de personas que fueron divisadas en las manifestaciones violentas de Revolución Federal o que tendrían algún tipo de vinculación con la agrupación. Entre los apuntados estaban Romero y la propia Tezanos Pinto.

Según relató la vecina de CFK en entrevistas, ella y Romero son amigas. Se habrían conocido en las marchas que se hacían a favor del policía Luis Chocobar, que fusiló a Juan Pablo Kukoc después de que asaltara a un turista en La Boca. Romero, en sus redes sociales, muestra su admiración por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

De acuerdo con las versiones recogidas en los medios, Romero funcionó, además, como quien acercó a Tezanos Pinto a otras personas con nexos con Revolución Federal. Una de ellas es la abogada Gladys Egui, que supuestamente se instaló en uno de los cuartos de la casa de Tezanos Pinto unos tres o cuatro meses antes de que Sabag Montiel atentara contra CFK. Egui actuó como abogada de Sosa y de Gastón Guerra –dos de los integrantes de Revolución Federal–.

Egui habría sido quien llevó el 28 de agosto del año pasado a Guerra y Sosa al edificio de CFK, tan solo cuatro días antes de que Sabag Montiel intentara asesinarla. La explicación oficial sobre su misteriosa presencia es que tenían que firmar unos papeles para las causas en las que Egui los representaba: a Sosa por haber querido voltear las vallas que protegían el edificio y a Guerra por haber emprendido contra la camioneta de Sergio Massa cuando llegaba a su jura y por haber agredido al periodista Lautaro Maislin. Ellos declararon que tomaron café, comieron sanguchitos y charlaron de política ese fin de semana en el que hubo un despliegue monumental alrededor del departamento de la vicepresidenta. 

Pese a que el accionar de Revolución Federal se enlaza con el intento de magnicidio, en Comodoro Py los dos hechos se investigan por separado por decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti y el camarista Llorens.