Antonio Pernías fue uno de los integrantes más prominentes del grupo de tareas que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Dentro del campo de concentración de la Marina, lo conocían como “Trueno”, “Rata” o “Martín”. Participaba en los secuestros y en los interrogatorios de sus víctimas, es decir, que tenía un pie en el sector de Operaciones y de Inteligencia del grupo de tareas. Pero su actuación no quedó ceñida a las paredes del Casino de Oficiales, fue uno de los enviados al Centro Piloto de París –la embajada paralela desde donde la Marina gestaba sus operaciones de inteligencia–. Su estadía en la capital francesa terminó favoreciendo a Pernías: la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a prisión perpetua que le habían dictado en 2017, pero lo absolvió por lo sucedido con 53 personas que pasaron por la ESMA mientras él se paseaba por las calles parisinas.

La Cancillería había quedado en manos de la Armada. En Francia, el embajador era Tomás de Anchorena, un integrante de una familia patricia que había sido designado por el Ejército. Pese a las diferencias, para las distintas facciones de la dictadura, había un diagnóstico común: desde el territorio galo se había conformado un importante movimiento de denuncia de lo que estaba sucediendo en la Argentina.

El 26 de julio de 1977 –cuando la dictadura llevaba catorce meses en el poder– el dictador Jorge Rafael Videla, acompañado por el canciller Oscar Montes y el ministro de Economía, José Martínez de Hoz, firmó el decreto 1871. De esa forma, se creaba la Dirección de Prensa y Comunicación de la Cancillería que estaría conformada por tres áreas: el Departamento de Prensa, el Departamento de Difusión al Exterior y el Centro Piloto de París.

Para esa época, Anchorena había recibido 100 mil dólares para poner en marcha la nueva iniciativa de la dictadura destinada a contrarrestar las denuncias internacionales sobre los crímenes del terrorismo de Estado. La primera persona en quedar a cargo del Centro Piloto fue la diplomática Elena Holmberg. Para enero de 1978, empezaron a llegar los marinos a París y, desde entonces, empezó a tensarse la relación entre la embajada –que comulgaba con la línea del Ejército– y el Centro Piloto, que era el brazo de Emilio Eduardo Massera en Europa.

En las primeras semanas de 1978 viajó Alfredo Astiz, que venía de infiltrarse entre los familiares de desaparecidos que reclamaban saber qué había pasado con los suyos. La infiltración de Astiz había derivado en el secuestro de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, que desató un verdadero escándalo internacional con epicentro en Francia.

Pernías, que también había sido parte del operativo de secuestro del grupo que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz, llegó a París en marzo de 1978. Para entonces fueron seleccionadas para viajar mujeres que estaban secuestradas en la ESMA y que eran presentadas ante el personal de la embajada como sociólogas. Pernías se manejaba con identidades falsas en París. Era Antonio Gaimar allí, según afirmó la fiscalía en el juicio de la ESMA Unificada. Además, se hacía pasar por un periodista que asesoraba en el Centro Piloto y se presentaba como Guillermo Morell, según reconstruyeron los investigadores Rodrigo González Tizón y Facundo Fernández Barrio.

A Pernías lo condenaron en 2011, por primera vez, a prisión perpetua. Recibió la misma pena en 2017. Recién el lunes pasado, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal –integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques y Ángela Ledesma– confirmó la segunda sentencia. Sin embargo, Pernías logró ganar parte de la batalla.

Las excusas

La defensa de Pernías planteó que no lo podían responsabilizar por lo que había pasado en el campo de concentración mientras él estaba en Francia, como si se trataran de dos eslabones que no eran parte de la misma empresa criminal. Y los jueces le dieron la razón.

La argumentación de Casación es contradictoria. Los jueces sostienen que “no cabe hesitación alguna de la conexión directa entre las operaciones llevadas a cabo en la ESMA y las acciones desplegadas en el Centro Piloto de París como manifestación del plan criminal de represión en el exterior” y que no cualquier agente era destinado a cumplir funciones en Francia. Sin embargo, a Pernías su estadía en París le terminó saliendo barata.

Por decisión de Casación, terminó desvinculado en 19 casos de personas que están desaparecidas y que fueron secuestradas en 1978, mientras él estaba destinado al Centro Piloto de París. También lo absolvieron en otros 34 casos de personas que sobrevivieron o cuyos cuerpos fueron encontrados durante el mismo período. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, dos bebés que nacieron en la ESMA durante ese año, Sebastián Rosenfeld Marcuzzo y Guillermo Pérez Roisinblit, y un tercero que fue secuestrado con sus padres, Rodolfo Lordkipanidse.

Lo más llamativo es que a Pernías lo absolvieron por el secuestro, las torturas y el asesinato de Holmberg –un caso que no puede desligarse de lo que pasaba en el Centro Piloto mientras él estaba en París–. Holmberg se enfrentó con los marinos. Sus allegados remarcaban que la diplomática denunciaba un acercamiento entre Massera y Montoneros –que nunca se pudo acreditar– y, por otro lado, se quejaba de los gastos millonarios en los que se incurría para apuntalar las pretensiones del entonces jefe de la Armada de instalarse como un líder cosmopolita.

Holmberg terminó de regreso en Buenos Aires. El 20 de diciembre de 1978 la secuestraron desde el garage ubicado en Uruguay al 1055. Su cuerpo apareció flotando dos días después en el Río Luján. Su familia se enteró recién el 10 de enero de 1979 de la aparición. Como señaló la periodista Andrea Basconi en su libro La mujer que sabía demasiado, Holmberg tuvo un final que concatenaba todos los crímenes de la dictadura que ella misma se había encargado de negar en su rol de diplomática.

Mercedes Soiza Reilly, que representó a la fiscalía en el Juicio de la ESMA Unificada, criticó la absolución de Pernías por estos casos. “El Centro Piloto no era más que la continuidad delictiva de las privaciones ilegales de la libertad que habían comenzado en la ESMA”, le dijo a Página/12. “El grupo de tareas de la ESMA desarrolló en París operaciones de prensa con el objeto de desinformar y encubrir su responsabilidad. Además, montó una embajada paralela, espacio desde donde se realizaron verdaderas acciones de inteligencia ligadas al campo de exterminio que implicaron el gasto de sumas millonarias usando fondos reservados que no eran declarados”, agregó. En uno de los juicios, un sobreviviente incluso declaró que eran obligados a falsificar facturas de empresas francesas para justificar el despilfarro de sus captores.