La justicia tras los pasos de la espía que se infiltró en Madres de Plaza de Mayo

Isabel Correa entró al Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) en 1969. Por entonces, otros jóvenes como ella –que arañaban la mayoría de edad– se entusiasmaban con la ebullición que significaba la revuelta obrera y estudiantil en Córdoba. Ella, por el contrario, comenzó a codearse con quienes ocupaban los espacios más lúgubres de la estructura de inteligencia y con quienes, años después, se convertirían en encumbrados torturadores en los centros clandestinos de la dictadura. Durante los años del terrorismo de Estado, la espía de la PFA se infiltró en Madres de Plaza de Mayo, tal como figura en su legajo y como reveló este diario el año pasado. La justicia busca determinar si su infiltración estuvo vinculada a los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz o si fue posterior.

Al Cuerpo de Informaciones siempre se entra por recomendación. En su caso, quien la llevó fue Pedro Mario Schiaffino, que fue el segundo jefe del Departamento de Informaciones Policiales Antidemocráticas (DIPA) y, durante la dictadura, actuó como Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601.

En el curso de capacitación para 19 ingresantes, ella quedó segunda en el orden de mérito. En esa camada estaba Juan Antonio del Cerro –conocido como “Colores” en los centros clandestinos Atlético-Banco-Olimpo (ABO) y en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)--. También dos agentes que fueron destinados al Batallón 601.

“Isabelita” –como la llamaba un exintegrante de la PFA– estuvo entre 1971 y 1972 destinada al Servicio de Inteligencia del Estado (SIE), un destino poco común entre los integrantes del Cuerpo de Informaciones. Entre 1974 y 1975, abandonó la fuerza, pero después se reincorporó. Para entonces empezó a estudiar Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, reportó en el Departamento de Asuntos Extranjeros, uno de los enclaves dedicados a la persecución de los militantes de la región. Después pasó a la División Central de Reunión, a la Dirección General de Inteligencia y al Departamento de Asuntos Subversivos.

Entre 1979 y 1980, estuvo en el Departamento Situación y registró una comisión en la que no se especificó el destino. Una hipótesis que se maneja es que, en ese momento, haya estado destinada al Batallón de Inteligencia 601 y, desde allí, se haya acercado a las Madres de Plaza de Mayo u otros familiares que reclamaban saber qué habían hecho con los suyos. En ese período le dio las mejores calificaciones Pedro Godoy, conocido como “Calculín” en los centros clandestinos ABO y que, en los primeros tiempos de la democracia, quedó a cargo del temible Departamento de Protección del Orden Constitucional (DPOC) –un área que continuó con las infiltraciones y hasta tuvo su momento de gloria en la investigación del atentado a la AMIA al “perder” grabaciones–.

La teoría de que la agente de la PFA pudo haber estado destinada al Batallón 601 se robustece porque ella formó pareja con un PCI en los últimos años de la dictadura, como remarca un informe que el Programa Verdad y Justicia, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, le envió al juez federal Ariel Lijo.

Una espía entre las Madres

En 1981, el expolicía Luis Alberto Martínez –conocido como el “Japonés– dio una extensa declaración ante la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en Suiza. Como era esperable, le preguntaron por uno de los casos que más conmoción causó en Europa: el secuestro de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet junto con un grupo de militantes que frecuentaba la Iglesia de la Santa Cruz –entre los que se encontraban las integrantes de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco. En ese momento, Martínez dijo que la PFA tenía infiltrada a una agente, “Isabelita”, en ese grupo.

El 16 de diciembre de 1982, el jefe del Departamento Situación, Eduardo Pedro Antoniuk, pidió el traslado de la agente a Mar del Plata –donde residía su pareja–. Dijo que la mujer figuraba en una “denuncia realizada en el ámbito internacional como perteneciente a organismos de seguridad involucrados en la lucha antisubversiva”. Todo indica que se refería a la declaración del “Japonés Martínez” que la vinculaba a la infiltración en Madres y a los secuestros de las monjas francesas.

En una certificación –hecha ese mismo año– por Juan Andrés Fonte, número dos de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), figuraba que Correa cumplía funciones de reunión de información en el servicio externo “habiendo estado infiltrada en la Agrupación MADRES DE TERRORISTAS, siendo detectada”. No especificaba cuándo ni cómo.

Bajo la sombra de Astiz

Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, una patota de la ESMA secuestró a doce militantes que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz. Todos fueron conducidos al campo de concentración de la Marina, torturados y trasladados en un vuelo de la muerte que partió desde el Aeroparque Jorge Newbery el 14 de diciembre de 1977. Ese operativo criminal tuvo el sello del marino Alfredo Astiz, que se infiltró haciéndose pasar por el hermano de un desaparecido.

El interrogante es si la infiltración de “Isabelita” fue contemporánea a la de Astiz o posterior, si hubo colaboración entre la PFA y la Armada o, por el contrario, una interna entre las fuerzas.

El fiscal Federico Delgado advirtió que en el segundo tomo de La verdad los hará libres –el libro que publicó la Conferencia Episcopal Argentina (CEA)-- estaba citado un comunicado de “Familiares de los desaparecidos de Santa Cruz” en el que se apuntaba a la participación de la PFA en los secuestros de diciembre de 1977. El representante del Ministerio Público se interesó porque él interviene en la investigación sobre la SSF en el marco de la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército.

Delgado pidió la información al Episcopado, que envió los documentos. El comunicado era una respuesta a una información que había hecho circular la dictadura en la que responsabilizaba a Montoneros por los secuestros de Domon y Duquet, para lo cual sirvió la foto que les tomaron a las religiosas dentro de la ESMA con una bandera de la organización político-militar.

El comunicado mencionaba, por ejemplo, que cuando un familiar fue a denunciar la desaparición a la Comisaría 24 le hicieron una descripción fisonómica de su pariente o que la PFA allanó domicilios de familiares. Por lo que pudo reconstruir Página/12, el episodio de la Comisaría 24 corresponde a lo sucedido con un familiar de Remo Berardo mientras que la casa que fue allanada en la madrugada del 9 de diciembre de 1977 fue la de los padres de Horacio Elbert. Ambos integraban el grupo de activistas de la Iglesia de la Santa Cruz.

Delgado envió la información que recabó al Juzgado Federal 12 –a cargo de la causa ESMA– para que continúe con la pesquisa.