La Rioja participó el viernes del 12 Plenario de la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género, un espacio dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, encabezada por Sol Prieto, directora de Economía, Igualdad y Género.
Funcionarias de organismos provinciales de género, economía, trabajo y producción de todo el país intercambiaron experiencias sobre el reconocimiento de las tareas de cuidado y la cuota alimentaria.
La directora de Políticas Públicas de Integración de la Secretaría de la Mujer y Diversidad, Stefanía Bazán, junto a la subdirectora de Presupuesto con Perspectiva de Género del Ministerio de Hacienda, Noelia Herrera, presentaron en la Comisión de Medir la deuda alimentaria, un informe estadístico con información otorgada por el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) que depende del Ministerio Público de la Defensa.
Se trata de un registro creado mediante la sanción de la ley 7.295 (2002) en el ámbito de la Defensoría General del Ministerio Público de la Función Judicial que lleva una base de datos con los nombres de las personas deudoras alimentarias en mora. Tales datos se entregan ante requerimientos de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que acrediten un interés legítimo, y comunica el listado de personas incluidas en las tres Funciones del Estado Provincial, Municipios y Entes Descentralizados y Autárquicos.
De acuerdo con ese informe, y en el periodo que comprende los años 2020/2022 el REDAM lleva registradas 154 personas. En el 2020, hubo 54 personas, en el 2021, 52 y 2022 un total de 48. El histórico del REDAM es de 812 personas deudoras alimentarias. Además a través del Centro de Resolución Alternativa de conflictos durante el año 2022 se realizaron 784 denuncias, informaron desde el organismo a la Secretaría de la Mujer y Diversidad en articulación de información.
Según la Ley 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, la violencia económica y patrimonial es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
En este sentido, en la comisión “Medir la duda alimentaria”, analizaron las diferentes variables de feminización de la pobreza, violencia económica hacia las mujeres, la distribución inequitativa de las tareas de cuidado y la necesidad de transversalidad de la perspectiva de género en el itinerario de los procedimientos de deuda alimentaria.
“El incumplimiento del pago de los alimentos del progenitor con relación a sus hijas/os/es configura un supuesto de violencia económica contra las mujeres que maternan, que no sólo deben asumir el cuidado personal de las infancias y adolescencias, sino también responder en forma exclusiva al costo económico de su crianza. Es interesante analizar los datos estadísticos que presenta el REDAM y que advierte la posibilidad de analizar otros factores que en la realidad suman al incremento de la violencia económica de las mujeres”, explicaron desde el organismo.
Índice de crianza
En marzo de este año, el ministro de Economía Sergio Massa, anunció la construcción del Índice Crianza (IC) junto con la directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto. Su metodología de estimación es desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, y estará compuesto por el costo de provisión de bienes y servicios esenciales para la primera infancia, la niñez y la adolescencia, y el costo del cuidado de niños/as.
El Índice de Crianza (IC) es una herramienta que permitirá contribuir a la organización y planificación familiar y a la gestión de los cuidados. Además, es un valor de referencia para saber cuánto destinan las familias a alimentar, vestir, garantizar vivienda, trasladar y cuidar niños, niñas y adolescentes.
Según datos de la carta de Economía, en el 3er trimestre de 2022 hubo más de 1.600.000 mujeres a cargo de hogares con niños/as y sin presencia de cónyuge (monomarentales). Esto representa al 11,7% del total de hogares. Además, se estima que en estos hogares viven más de 3.000.000 niños/as. Se informa demás que, entre las jefas de estos hogares, el 27,4% tuvo ingresos por debajo de la línea de pobreza y el 5,3% tuvo ingresos menores a la línea de indigencia.
