El alcalde de Chicago, el demócrata Rahm Emmanuel, decidió enfrentarse a la administración de Donald Trump en los tribunales por su política contra las ciudades santuario, que son las que se niegan a colaborar con las autoridades federales en la búsqueda, detención y deportación de millones de inmigrantes que viven en el país hace años, inclusive décadas, de manera irregular.
La metrópoli estadoundense demandó ayer a la administración de Trump ante una corte federal por imponer condiciones para que las ciudades reciban fondos federales. La semana pasada, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, envió cartas a cuatro ciudades -Baltimore, en el estado de Maryland; Albuquerque, en el estado de Nueva México; y Stockton y San Bernardino en California- para informarles que no podrán acceder al nuevo programa de Asociación de Seguridad Pública del Departamento de Justicia federal porque no cumplieron con las condiciones impuestas por el gobierno de Trump. Sessions, también anunció en julio que la administración solo derivaría unos fondos federales conocidos como JAG a las ciudades que cumplieran determinadas condiciones.
Estas son compartir información sobre inmigrates con las autoridades federales, dar acceso a instalaciones de detención local y notificar al Departamento de Seguridad Nacional con al menos 48 horas de antelación la puesta en libertad de inmigrantes indocumentados buscados por las autoridades federales.
“Chicago no será chantajeada para cambiar nuestros valores”, dijo el domingo el alcalde Emmanuel, cuando anunció que la ciudad acudiría ayer a los tribunales. “Somos y seguiremos siendo una ciudad de acogida”.
La demanda asegura que la administración de Trump obliga a las ciudades a decidir entre recibir fondos y cumplir sus obligaciones constitucionales.
Además indica que pone en peligro la cooperación entre las autoridades locales y las comunidades inmigrantes locales, un argumento muy repetido por las ciudades santuario, que alegan que los inmigrantes sin papeles dejarán de denunciar delitos y colaborar con la policía si son perseguidos por las autoriddes locales.
Trump defendió en campaña electoral que actuaría contra las ciudades santuario si llegaba a la presidencia y a los pocos días de entrar en la Casa Blanca firmó ya una orden ejecutiva para retirar fondos federales a esas. Esa orden fue posteriormente desarrollada por Sessions.
No es que los inmigrantes indocumentados no puedan ser detenidos en las ciudades santuario para ser deportados. De hecho lo son, pero cuando eso ocurre es sin la colaboración para ello de las autoridades locales.
Algunas de estas ciudades cuentan incluso con una legislación que prohíbe expresamente a los funcionarios municipales colaborar con las autoridades federales a efectos de deportación de sin papeles. En Chicago, la policía tiene vetado preguntar por estado migratorio de las personas. Otras de las ciudades santuario más grandes son San Francisco, Washington DC, Nueva York, Los Angeles y Seattle.
