El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, dictaminó que es necesario secuestrar y analizar el celular del diputado de Gerardo Milman (Juntos por el Cambio) como vía central para saber si "tuvo participación" en el "atentado contra la vida" de Cristina Fernández de Kirchner o en un intento por "obstruir el avance de la causa". La medida, que se había negado a concretar la jueza María Eugenia Capuchetti, tiene "carácter de pertinente y conducente, en atención a la gravedad del hecho investigado y a la vinculación del mencionado (Milman) al objeto procesal", señaló en respaldo al fiscal de primera instancia, Carlos Rívolo, que la había impulsado. Ahora la decisión está en manos de la Sala I de la Cámara Federal que marcó el camino (aunque tardíamente) para que se incautaran los teléfonos de dos secretarias del legislador, algo que la magistrada también se había negado a concretar. 

El juzgado tuvo durante la investigación una resistencia visible a profundizar la llamada "pista Milman" que introdujo una arista política a la investigación del intento de magnicidio. La primera pista llegó con el testigo Jorge Abello, un asesor del diputado Marcos Cleri (Frente de Todos), que declaró que escuchó a Milman en el bar Casablanca de la esquina del Congreso decir: "Cuando la maten yo estoy camino a la costa", dos días antes del atentado. Con él, describió, había dos mujeres. La presencia de Milman allí fue corroborada por las cámaras de seguridad y resultó que estaba con sus colaboradoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz. Ellas declararon el 26 de octubre y la jueza no quiso llevarse sus celulares. Lo hizo por indicación de Cámara recién el 1° de diciembre. Bohdziewicz dijo entonces que, con asesoramiento, había borrado el contenido del teléfono porque quería preservar su privacidad. A principios de este mes reveló, además, que en rigor no lo borró por voluntad propia sino que la llevaron a la oficina de Patricia Bullrich, donde la esperaban Milman y un perito. 

A partir de este último testimonio el fiscal Rívolo pidió el secuestro del teléfono de Milman. La joven dijo que el perito también había "manipulado" el aparato del diputado y que a su excompañera la mandaron a comprar un equipo nuevo y cambiar la clave de "Icloud" (ya que es un Iphone"). Capuchetti sólo aceptó incautar el teléfono de Gómez Mónaco, porque en diciembre no sabían que también usaba una segunda línea que no estaba a su nombre. Pero sobre Milman argumentó que no estaba imputado y que tiene fueros parlamentarios, por lo que habría que iniciar un proceso en la Cámara de Diputados.  

Rívolo apeló y Agüero Iturbe, en defensa de su colega, sostuvo el recurso y pidió que se revoque la resolución de Capuchetti, que consideró "arbitraria" y que va "en detrimento de la verdad". "No se trata de una excursión de pesca", dice el dictamen que se conoció ayer. Señala que el pedido se basa en datos concretos de la causa y que está circunscripto a las "conversaciones y/o material digital" que permitan cotejar lo que dijo el testigo Abello y lo que señaló Bohdziewicz.

"Es una medida circunstanciada desde el punto de vista fáctico y cronológico", que no considera "antojadiza", insiste en alusión al pedido de extraer datos sobre un período específico, desde el 1° de julio de 2022 hasta el 10 de mayo de este año, y que se debe limitar al caso en investigación. Fundamenta el pedido en que, además, que no hay otra vía para acceder al contenido del celular y reconstruir el papel de Milman en el affaire. 

"Este ministerio público busca la verdad material e histórica del acontecimiento", señala Agüero Iturbe, en un hecho que --recuerda al citar a la propia Cámara-- es "de gravedad institucional".  "No debe obviarse" "el efecto que posee el paso del tiempo sobre la posibilidad de obtener o conseguir la determinación de la verdad, pues el transcurso  del tiempo impacta en los rastros (...) requiere la debida diligencia judicial en la producción de la prueba". Y sigue: "Aquí no se encuentra en juego el derecho a la libertad en ninguna de sus variantes. Lo que se propone por esta parte es la intromisión fundada y necesaria en la esfera de reserva de Milman con un fin determinado: obtener la verdad dentro del marco legal que regula el proceso. Ese ámbito inquebrantable cede frente al interés público que conlleva el proceso punitivo". Para él, aunque parezca elemental, "la prueba existente en un celular solo puede ser obtenida si se analiza el celular". Obstaculizar toda prueba, dice, "es incompatible con un adecuado servicio de justicia". 

A esta altura, cuando están por cumplirse 9 meses del intento de asesinato, todo parece tardío, aunque sigue siendo indispensable. La decisión queda en manos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Mientras tanto, en los próximos días, de todos modos, gran parte de la causa sería elevada a juicio oral, pese a la oposición de la vicepresidenta.