El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, dijo que tiene nueva munición jurídica para denunciar por segunda vez al presidente Michel Temer, quien hace menos de una semana logró sobrevivir en el cargo gracias a que la Cámara de Diputados votó a favor de bloquear una acusación por corrupción que podría haber terminado en un juicio político. 

“Hay flechas todavía”, advirtió el Fiscal General de la República cuando le preguntaron si puede volver a someter a Temer a otra votación en Diputados con una nueva denuncia. Si lo consigue, podría debilitar la figura del gobernante, ya que si la acusación es esta vez aceptada, el presidente sería suspendido del cargo por seis meses mientras el Supremo Tribunal Federal (STF) define su futuro político. 

En cambio, si la denuncia no es aceptada por Diputados sólo será investigada una vez que Temer deje el mandato, algo previsto para el 1 de enero de 2019, el fin formal de la gestión iniciada por Dilma Rousseff, su compañera de fórmula destituida el año pasado en un juicio político.

Las denuncias que prepara Janot, según anticipó al diario Folha de S. Paulo en una entrevista publicada ayer, tienen que ver con la primera rechazada en Diputados la semana pasada: la confesión del dueño del frigorífico JBS, Joesley Batista, realizada bajo la figura legal de delación premiada.

“Tenemos dos investigaciones (sobre Temer): obstrucción de la justicia y asociación ilícita. Yo sigo mi investigación. Mientras haya bambú, habrá flechas. Mi mandato va hasta el 17 de setiembre y no voy a dejar de trabajar hasta ese día”, prometió Janot a poco más de un mes de abandonar el cargo. 

En el pasado, Janot presentó una denuncia por corrupción contra Temer y ahora sumó estos dos nuevos cargos, acompañados de las que se espera sean delaciones muy importantes, sobre todo porque son de personas acusadas de extorsionar, pedir, distribuir y seleccionar sobornos a favor del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer.

En este punto, aparecen como claves las delaciones premiadas que preparan el ex presidente de la Cámara Baja e impulsor del juicio político contra Rousseff, Eduardo Cunha, y el lobista del PMDB Lucio Funaro, ambos presos en el marco de la llamada Operación Lava Jato.

“Tienen que entregar hacia arriba, no pueden delatar a gente por debajo de ellos”, explicó el fiscal.

La investigación de Janot contra Temer se construyó en gran parte a partir del dueño del frigorífico JBS, Batista, quien grabó en secreto al actual presidente y a Neves, supuestamente dialogando sobre sobornos. 

En su primera acusación, Janot denunció por corrupción pasiva a Temer porque consideró que pidió y recibió sobornos al grupo JBS. Esa grabación y esa acusación profundizó aún más la escandalosa crisis de corrupción que había abierto la delación premiada de los directivos de la constructora Odebrecht, un escándalo que también golpea al presidente.

Janot afirmó ayer que “un político que es delincuente no es político y sí delincuente”, y con esa declaración buscó rechazar la acusación que le hace el Palacio del Planalto de que las denuncias en contra del presidente fueron realizadas para bloquear una cierta recuperación económica.

El miércoles pasado, el gobierno consiguió 263 votos en Diputados para salvar a Temer, pero esta supervivencia podría complicar los esfuerzos del presidente para aprobar la mayor de las reformas prometidas al empresariado, un proyecto que busca reducir el déficit fiscal y el llamado “costo Brasil”, la del sistema previsional.

Temer ahora busca recuperar la ofensiva y, por eso, lanzó un contraataque contra el fiscal Janot, a quien acusó de “atentar contra el país”, luego de que se divulgara la grabación clandestina avalada por el Ministerio Público que le hizo el empresario Batista.

Además, el mandatario convocó a la subprocuradora Raquel Dodge para reemplazar a Janot el 17 de setiembre. Con esto espera que el Ministerio Público asuma un perfil más bajo frente a estos escándalos, que ya forman parte de la agenda mediática y política del país, disparada por la Operación Lava Jato en Curitiba. 

Las delaciones premiadas a cambio de acusar a políticos están siendo objetadas por la justicia. Por ejemplo, el Tribunal Regional de Porto Alegre -que debe definir la suerte del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 9 años y medio de prisión por el juez Moro- absolvió hace poco en una causa al ex tesorero del PT Joao Vaccari por considerar que Moro usó demasiadas delaciones premiadas y ningún documento para probar su acusación.

Lo mismo está ocurriendo, ahora, con Sergio Machado, el ex titular de la empresa estatal Transpetro y dirigente del PMDB, quien grabó clandestinamente a senadores y devolvió dinero que tenía en Suiza a cambio de su libertad domiciliaria: el ex funcionario vive ahora en una mansión frente al mar en la ciudad Fortaleza (noreste), pero con tobillera electrónica.

Los acuerdos de la Fiscalía de Curitiba -que dirige la investigación de Lava Jato- y la Fiscalía General de Janot -que se ocupa de los acusados que tienen fueros- fueron además condenados por el juez del STF Gilmar Mendes, un magistrado amigo de Temer que le salvó el pellejo al presidente en junio pasado, durante un juicio por las finanzas de la campaña presidencial Rousseff-Temer, que podría haber terminado en su destitución. 

“Janot es el fiscal general más descalificado de la historia, no tiene preparación emocional y jurídica para el cargo que tiene”, sentenció Mendes en diálogo con Radio Gaúcha de Porto Alegre. Mendes cenó el domingo con Temer en un encuentro fuera de la agenda oficial de ambos. Estuvieron, según el magistrado, dialogando sobre la reforma política que prepara el gobierno.

Como parte de su contraofensiva, Temer ya anticipó que podría presentar un proyecto para adoptar el sistema parlamentario en Brasil a partir de 2018, lo cual eliminaría las elecciones directas presidenciales.