Desde Santa Fe

El gobierno de Santa Fe será querellante en la causa que investiga los operativos para meter miedo en Rosario, que arrancaron la semana pasada con la circulación “masiva e intencionada de mensajes falsos” y siguieron el lunes con las amenazas a escuelas. El gabinete de Omar Perotti los vincula con el año electoral. “El objetivo es desestabilizar”, “quebrar la tranquilidad pública”, dijo el ministro de Gestión Pública Marcos Corach, quien ayer firmó el escrito de la provincia junto con el fiscal de Estado Rubén Weder. “Trabajamos todos los días para paliar el flagelo de la inseguridad, no podemos tolerar que haya sectores que buscan lo contrario”, dijo Corach. “Los vecinos y vecinas de Rosario se merecen saber quiénes son los que se aprovechan de estas bajezas para echar nafta al fuego”.

En el petitorio, la Fiscalía de Estado constituyó “domicilio legal” en la Casa de Gobierno en Santa Fe, y requirió que se “disponga la participación” de la provincia como “querellante en la causa” que investiga la fiscal de Rosario Valeria Haurigot.

Los mensajes que circularon –por whatsApp- en el barrio La Cerámica con “información que es indiscutiblemente falsa” tenían como objetivo “quebrar la tranquilidad pública” y “afectar a la sociedad”, dice el escrito al que accedió Rosario 12.

“El contenido del whatsApp” sobre un supuesto “toque de queda en un barrio de la ciudad de Rosario o de inminentes tiroteos entre bandas que se disputan territorio para la venta de drogas” encuadra en el Código Penal. “Dicha conducta tipifica en el delito de ‘intimidación pública’ previsto en el artículo 211, que reprime con prisión de dos a seis años, al que para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, diere voces de alarma, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.

“No quedan dudas –planteó la provincia- que transmitir mediante whatsApp la existencia de un toque de queda en un barrio de la ciudad de Rosario o de inminentes tiroteos entre bandas que se disputan territorio para la venta de drogas tiene la idoneidad suficiente para causar en la población el temor público que la norma pretende evitar”.

“Y no se puede desconocer que el medio material utilizado –el mensaje de whatsApp- es lo suficientemente idóneo para producir los efectos de infundir temor público. En este aspecto, cuenta con la capacidad necesaria para lograr la finalidad que convierte en típica la conducta, ya que el medio une a la posibilidad de trascender públicamente, la aptitud de infundir temor público en la sociedad rosarina”.

“Está por demás claro que el whatsApp que nos ocupa, atemoriza o induce miedo a un número indeterminado de personas; crea en el ánimo de la colectividad (…) el temor a la ocurrencia de algo que puede tener consecuencias lesivas para sus componentes” y por lo tanto, es una “conducta alcanzada por el artículo 211 del Código Penal”.

“Por lo demás, el ilícito queda consumado con la sola circulación del mensaje tendiente a lograr la finalidad de alterar la paz social, aún cuando la misma no se concrete; por lo que ahora es de especial trascendencia determinar el o los sujetos autores de tales conductas”, expresó la provincia.

Y en el cuarto punto del escrito (“Nombre y apellido de los imputados”), la provincia planteó: “En cuanto a la individualización de las personas que se encontrarían comprometidas con la investigación”, la querella aún no está en condiciones de identificarlos “con nombres y apellidos, en virtud de no haber accedido” a la investigación de la fiscal Haurigot y “no haber imputados a la fecha”.

El viernes, apenas se anotició de que el Ministerio Público había iniciado una investigación de oficio, Corach vinculó las operaciones para meter miedo en Rosario con el año electoral. Es una "campaña nefasta" para generar "temor y caos". "Estas cosas no ocurren solas”. “No es obra de un loquito suelto” o de un “lunático que opera en una habitación”. “Acá hay alguien más que piensa, financia y viraliza” este montaje y “eso es un delito que afecta a toda la sociedad”. “Esperamos que el MPA revele “quién o quiénes están detrás de este armado siniestro”.

“La sincronización del montaje con las intimidaciones públicas (a las escuelas) parece la respuesta a la decisión del gobernador Perotti de cortar los vínculos del Estado con el delito. Ya actúan los fiscales. Ojalá en breve tengamos respuestas”, agregó.