Con interrupciones de las seis líneas de subterráneos y el Premetro en forma escalonada durante toda la jornada, los trabajadores de la Asociación Gremial AGTSyP exigieron la reapertura de paritarias "para discutir condiciones laborales y salariales". En el centro del reclamo estuvo la exposición de los trabajadores a unidades contaminadas con asbesto, que fueron adquiridas durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires y que el gobierno porteño demora en reemplazar. Mientras tanto, la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura porteña aprobó un pedido de informes al gobierno de CABA para determinar si la administración local detectó la presencia de este tipo de material, potencialmente peligroso, "en los túneles, estaciones y demás infraestructura correspondientes a la traza de las líneas del subte".
La medida de fuerza comenzó este martes con un paro de la línea H entre las 5.30 y las 9. Siguieron paros en la línea B (de 9 a 12), la C (de 12 a 15), la E y el Premetro (de 15 a 18), la línea A (de 18 a 21) y la D (entre las 21 y las 24). Los Metrodelegados le demandan a la empresa concesionaria Emova, la firma estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y la Subsecretaría de Trabajo porteña la apertura de una mesa paritaria donde se discutan nuevos incrementos salariales, ya que el último acuerdo venció en febrero, y un nuevo esquema de horarios que reduzca la exposición de los empleados al asbesto, el material cancerígeno que, denuncian, se encuentra presente en las instalaciones. En este sentido, plantean una reducción de la jornada laboral de 36 a 30 horas semanales con dos francos en lugar de uno.
Alfredo Barrera, secretario de Derechos Humanos del gremio y delegado de la línea D, aseguró que "el asbesto está prohibido en la Argentina desde 2001. La Justicia de la Ciudad nos dio la razón y obliga a la empresa a retirar el asbesto en un proceso que es largo". Por esta razón, la propuesta del sindicato es "mitigar la exposición, ir un día menos a trabajar".
"Hace 5 años denunciamos la presencia de asbesto, un material cancerígeno que ya se llevó la vida de tres compañeros y afectó la salud de 84. Y puso bajo control médico de por vida a 2400 trabajadores, que deberíamos entrar en ese registro", dijo Barrera. Desde entonces, se han tomado diferentes medidas "tratando de concientizar por el impacto ambiental que tiene esto, en la salud, incluyendo a los usuarios, que también están expuestos, porque en el amparo que presentamos se han presentado usuarios y los tomaron como afectados".
Asimismo, los trabajadores reclaman la devolución de los días descontados a quienes adhirieron a los distintos paros que iniciaron el 29 de marzo pasado. Desde la empresa rechazaron la "postura inflexible" del sindicato y aseguraron que "estos descuentos corresponden a ausencias no remuneradas y a que las personas alcanzadas, que representan menos del 6 por ciento de la dotación total de la empresa, no trabajaron su jornada en forma completa". Además, desestimaron la problemática sanitaria que denuncian los Metrodelegados: "Emova ratifica que las más de 2500 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte arrojan resultados considerados adecuados para la salud". Sin embargo, Barrera afirmó que "eso es falso", ya que la legislación no permite la presencia del asbesto en ninguna cantidad: "Al ser un material cancerígeno no hay un mínimo tolerable. Está prohibido y lo tienen que sacar. No es un ambiente seguro si existe asbesto".
Para que den explicaciones
Mientras tanto, la Legislatura porteña aprobó en comisión un pedido de informes para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responda sobre la presencia de asbesto en las formaciones y en la infraestructura de las líneas de subterráneos. La solicitud, impulsada por la legisladora del Frente de Todos Laura Velasco, pretende conocer si la gestión de Horacio Rodríguez Larreta detectó la presencia de este material "en los túneles, estaciones y demás infraestructura correspondientes a la traza de las líneas del subte".
En esa línea, se solicitan los estudios ambientales realizados con la documentación correspondiente. Y, en caso de haber detectado la presencia del material, el GCBA deberá indicar "si se están realizando trabajos para eliminar la presencia de asbesto. Además, se recabará información de los empleados para determinar "si se detectaron afecciones causadas por la exposición al asbesto en trabajadores/as del subte o de los locales presentes en los andenes y/o estaciones de 2018 al presente", y si la empresa realizó un seguimiento de su estado de salud.
La legisladora Velasco explicó que el pedido de informes apunta a contar con datos que "sirvan concretamente en un proceso que es urgente e imprescindible en términos de la salud de los trabajadores y las trabajadoras y también de los usuarios y las usuarias". Durante la reunión de la comisión parlamentaria también estuvo presente el secretario general de los Metrodelegados, Roberto "Beto" Pianelli, quien aseguró que "se sacaron 90 toneladas de asbesto del subte" desde 2018, pero que "todavía quedan 200 más". "Estamos expuestos como trabajadores a las fibras de asbesto, pero también lo están los usuarios en menor medida", dijo y agregó que "esto lleva a la conflictividad que tenemos con la empresa Emova desde marzo, cuando empezamos a pedir que aminore nuestro tiempo de exposición al asbesto".
