La Concentración Nacional Universitaria (CNU) sembró el terror en La Plata antes del golpe de Estado. Secuestros, torturas, cuerpos acribillados e incluso dinamitados: un muestrario del horror que incluía las prácticas más comunes de los matones de la ultraderecha. Cuarenta y ocho años después de algunos de estos crímenes, la Unidad Fiscal de Asistencia para causas de violaciones a los derechos humanos de La Plata pidió que dos de sus integrantes, Carlos Ernesto “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares, vuelvan a ir a juicio y que Agustín Antonio “Tony” Jesús se siente por primera vez en el banquillo de los acusados.

La semana pasada, la Unidad Fiscal de La Plata le solicitó al juez federal Ernesto Kreplak que eleve a los tres miembros de la CNU –a quienes había procesado en 2021–. Después de que opinen las defensas, la causa debería abrirse camino hasta el tribunal oral.

En 2017, Castillo (70) fue condenado a prisión perpetua por los crímenes de la CNU. A Pomares (68) le fue mucho mejor: resultó absuelto. La Cámara de Casación Federal ordenó revisar su absolución, pero el TOF insistió. Según consignó la fiscalía, la situación de Pomares está cajoneada en la Corte Suprema –que no se destaca por su celeridad a la hora de pronunciarse en causas de lesa humanidad–. “Tony” Jesús (71) no había sido alcanzado por las investigaciones judiciales con anterioridad, pese a que su nombre figura en las causas sobre el accionar de las bandas ligadas a la Triple A desde hace más de 40 años.

La CNU fue una organización armada paraestatal que tuvo su centro de gravitación en La Plata y Mar del Plata. Los integrantes de este grupo, según consignó la Unidad Fiscal, tenían como objetivo la eliminación de aquellos a quienes ellos consideraban “subversivos” u opositores a la derecha peronista. En general, la CNU actuó en conjunto con las fuerzas armadas y de seguridad, con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y con la Triple A –la banda criminal que tenía arraigo en el Ministerio de Bienestar Social de José López Rega–.

Como sostiene la fiscalía, la CNU tenía su sello característico: sus integrantes solían acribillar a sus víctimas con gran cantidad de impactos de arma de fuego. Los cuerpos, en general, eran abandonados en caminos. Eran ejecuciones que buscaban sembrar el terror en el resto de la militancia, particularmente en los meses previos al golpe de Estado.

En esta causa, Castillo está acusado por seis homicidios y ocho secuestros; Pomares por tres asesinatos y cinco secuestros mientras que Jesús enfrenta una imputación por dos homicidios y seis privaciones ilegales de la libertad. Algunos de los casos tuvieron lugar durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón y otros ocurrieron en abril de 1976, cuando ya la dictadura estaba instalada – lo que demuestra que la CNU continuó actuando al amparo de los grupos de tareas–.

En el procesamiento que dictó Kreplak se contemplan cinco casos distintos. En diciembre de 1975, una patota de la CNU secuestró a Jorge Rosendo Ruda, que tenía 24 años y era trabajador en el Registro de las Personas. Ruda militaba en la Juventud Peronista (JP) y, con sus hermanos, había formado una unidad básica en la zona de Los Hornos. Su secuestro y su posterior ejecución –que incluyó el uso de explosivos– fue el punto más trágico de una larga seguidilla de intimidaciones. En marzo de 1974, los integrantes de la CNU habían entrado a la casa en la que vivía con sus hermanos y su mamá para robar revistas y otros documentos. Al mes, apareció una pintada en el frente de la vivienda: “Monto hijo de puta, sos boleta”. En otra oportunidad, lo pararon con un auto mientras caminaba con su hermano.

Ricardo Arturo “Patulo” Rave era dirigente de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y venía de una familia militante –que fue muy golpeada por la represión, la que incluyó, por ejemplo, el secuestro de su hermanito de nueve años–. A “Patulo” lo secuestraron en la madrugada del 24 de diciembre de 1975. Su cuerpo apareció colgado de un puente.

Alcides Emilio Méndez Paz y Daniel Layson Midon fueron secuestrados el 19 de febrero de 1976. Sus cuerpos aparecieron en la zona de Brandsen. Méndez Paz era trabajador del Astillero Río Santiago mientras estudiaba ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Layson Midon seguía la misma carrera en la Universidad Católica. Era trabajador de Propulsora Siderúrgica.

Graciela Martini era militante de la JP al igual que su pareja, Néstor Dinotto. El 4 de abril de 1976, una patota entró a la casa de los padres de Graciela, donde mantuvo cautivos a su mamá y a un hermanito. A Graciela y a Néstor los encontraron mientras transitaban en un coche con una pareja amiga. Los dos fueron torturados y asesinados.

Entre el 19 y el 20 de abril de 1976, secuestraron a Leonardo Miceli, Carlos Sathicq y Horacio Salvador Urrera. Sus cuerpos fueron encontrados en la localidad de Sarandí, Avellaneda. Miceli y Sathicq trabajaban para Limpiolux SRL, que estaba a cargo del mantenimiento de Propulsora Siderúrgica. Urrera era estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata.

La fiscalía marcó que en la mayoría de los casos los operativos se realizaron de noche, que los secuestradores se movían de civil y que la persecución se dio por la actividad gremial o la militancia política de las víctimas.