Desde el 5 de mayo, Mónica Estefanía Aquino está desaparecida. Pasaron varios días hasta que empezó a intervenir la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), a cargo de Alejandra del Río Ayala y la causa empezó a moverse: el 16 de mayo, Hugo Pérez, la pareja de la joven de 29 años, fue detenido e imputado por explotación sexual y violencia de género. Le pegaba, la obligaba a prostituirse, le sacaba la plata y hasta llegó a acuchillarla. Toda la familia del hombre explotaba a Mónica: también fueron imputados el hermano y la madre del violento. Vivían en el barrio Varadero Sarsotti, en el sudoeste de la ciudad de Santa Fe. Después de unos días en los que estuvieron con la familia paterna, los cuatro hijos de Mónica, de 10, 8, 5 y 3 años, quedaron a cargo de Mirta, la mamá de la joven. Apenas se enteraron, desde la Campaña Nacional por la Emergencia en Violencia de Género acompañaron a la familia de la chica -son 15 hermanos- a hacer la denuncia. “Esta persona, la pareja de ella, tenía antecedentes, había estado preso por tentativa de homicidio, la mamá de Mónica lo había denunciado porque la había amenazado de muerte”, contó Solange Etcheverría, de la Campaña.

Cada día que pasa se suma la desesperación: ¿dónde está Mónica? “Estamos acompañándola a Mirta, la mamá de Mónica, en esta petición, para que las autoridades no dejen de buscar, para que se pongan todos los recursos del Estado para dar con su paradero”, expresó el abogado de la familia, Gonzalo Marel.

Apenas se enteró de la desaparición de su hija, el papá de Mónica llegó hasta la casa donde vivía para preguntar qué había pasado y Pérez -con un arma en la cintura- los desafió, les dijo que no sabían buscar.

Por eso, en una reunión que se realizó el martes pasado por la mañana, de la familia con autoridades del Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Igualdad y Género, el padre pidió que se inspeccione un pozo ciego en la casa de Mónica.

El mayor temor es que Mónica haya sido asesinada. Pero también se sospecha una posible trata de personas, de la “venta” de la joven. No hubo avances en ese sentido, en una primera investigación a cargo del fiscal federal Ignacio Lascuraín, ya que la trata de personas es un delito que se investiga en esa competencia. Así lo relató Solange: “En primer momento, el fiscal era Lascurain pero en esos días la causa no se movió casi nada. Además, los chicos seguían al cuidado de la familia paterna. En ese momento, se hace una requisa en la casa de los Pérez, ni siquiera un allanamiento, por eso hacemos una conferencia de prensa después de la primera semana, porque vimos que la fiscalía federal no había tomado medidas. Cuando del Río Ayala se hizo cargo, recibió a la familia de Mónica, en una reunión en la que también estuvo la secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol, se hicieron todos los trámites para que los chicos quedaran a cargo de la abuela materna, hubo un allanamiento y los dos hermanos Pérez fueron detenidos”.

Esta misma semana, una familiar lejana aportó el dato de que Mónica había sido vista con un hombre que la llevaba del cuello, en otro barrio, de nombre Acería. “Creíamos que en la reunión con representantes del Ejecutivo, de la que también participaron dos personas del Ministerio Público Fiscal, iban a informarnos sobre las medidas que se tomaron para avanzar en la búsqueda, sobre las diligencias para confirmar ese dato que nos llegó, pero no obtuvimos esas respuestas”, dijo Marel.

El abandono de sus hijes es descartada por todas las personas que conocen a Mónica, saben que no se hubiera ido por su propia voluntad sin las tres nenas de 10, 8 y 5 años y el varón de 3. Los tres más pequeños son hijos del detenido.

Aunque el proxeneta aseguró que estaba separado de la mujer, todos los testigos coincidieron en que vivían juntos en la misma casa. Por el mismo contexto de violencia, Mónica había sido alejada de su familia. “Todo el mundo sabía que Mónica era violentada por este tipo, que la explotaba sexualmente, eso salió del testimonio de vecinos, familiares, era de público conocimiento”, relató Solange sobre la violencia cotidiana que vivía Mónica. “Apenas la mamá se enteró de la desaparición, el lunes 8, el mismo martes empezamos a acompañarla, se hicieron las denuncias, nos comunicamos con la Secretaría de Derechos Humanos, donde Lucila Puyol nos acompañó a impulsar la denuncia por averiguación de paradero, hicimos trámites con la dirección de Niñez, fuimos a Tribunales para ver cómo sacábamos a los chicos de ahí”, relató Solange.

El barrio Varadero Sarsotti está en el extremo suroeste de la ciudad de Santa Fe, al lado de la Circunvalación Oeste, donde viven más de 300 familias sin desagües ni cloacas, con el río Salado -el mismo que se desbordó en 2003- a pocos metros. En ese contexto, Mónica era obligada todos los días a entregarle a su pareja la recaudación producto de la prostitución.

Por esa acusación -debidamente probada en muchos testimonios- la fiscal Del Río Ayala imputó a los hermanos Pérez. También detuvo a la madre de los dos hombres. En la audiencia imputativa, sostuvo que la pareja de Aquino “la obligaba a intercambiar sexo por dinero con personas indeterminadas, en la esquina de San Lorenzo y Amenábar y en la de Moreno y Urquiza de la capital provincial”. Además de elegir los lugares, "la trasladaba hasta allí y ejercía un control sobre los servicios que le exigía brindar". Al tiempo que “tanto él como su hermano, le sustraían a Aquino el total de lo que recibía como pago por su actividad sexual”.

Según la imputación, ambos cometían esa conducta delictiva "con regularidad y a sabiendas de las circunstancias de extrema vulnerabilidad en las que estaba Aquino”, quien además "sufría violencia de género por parte del imputado de 30 años, que vigilaba todos sus movimientos, le impedía contactarse con su familia de origen, la amenazaba con matarla a ella y a sus seres queridos y la sometía a golpizas constantes”.

“Las tareas de rastrillaje y de investigación son importantes, pero tenemos la sensación de que quizás no sean suficientes. Han puesto en funciones a parte de la Policía Federal, que va a disponer de recursos más específicos”, consideró Marel. En su desesperación, la familia toma medidas de acción callejera: manifiesta en la Circunvalación, el lunes cortó el puente Carretero que separa Santa Fe de su ciudad lindera, Santo Tomé, y el martes organizaron un rastrillaje autoconvocado, por zonas que no fueron inspeccionadas por la policía. Lo único que esperan es una respuesta: qué pasó con Mónica, dónde está.