Días atrás, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y el Frente de Unidad Docente (FUDB) firmaron un acuerdo paritario sobre prevención, resguardo y reparación por hechos de violencia sobre los docentes de la provincia. Ahora bien, según afirman desde la cartera educativa bonaerense, la escuela no es un ámbito donde haya constantes agresiones a los maestros, y explican que las instituciones educativas son “una caja de resonancia de lo que sucede en la sociedad”. Entonces, ¿por qué es necesaria la medida consensuada con los sindicatos respecto al cuidado de los docentes?
Las denuncias alrededor de los hechos de violencia que son comunicados por las escuelas a la DGCyE son catalogadas como “situaciones de conflicto”. Eliana Vásquez, directora provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, recibe cada una de ellas. “Una sola situación es una catástrofe para nosotros por lo que puede incidir en la comunidad educativa alrededor de una escuela”, aclara.
Desde el Observatorio de Políticas de Convivencia que tiene bajo su órbita, informan que durante el ciclo lectivo 2022 hubo un total de 101.756 situaciones de conflicto. Pero de ese total, sólo 1.840 fueron acciones violentas de familiares contra docentes o auxiliares. En un universo de 10.345 instituciones escolares, Vasquez indica que el número de casos equivale a sólo 1,8 cada 10 instituciones. Agrega que las situaciones de conflicto vinculadas a la violencia de alumnos hacia docentes o auxiliares fueron 1.430, es decir, 1,4 cada 10 instituciones aproximadamente.
La entidad dependiente de la Dirección General rige la clasificación de las situaciones de conflicto que recibe a partir de la Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas en el Escenario Escolar, un instrumento generado en 2012 y que, cuenta Vasquez, fue actualizado recientemente para incorporar nuevas formas de violencia como el grooming o el cyber acoso. Por este motivo, los más de cien mil hechos denunciados desde las instituciones educativas durante 2022 abarcan situaciones que van desde hostigamiento, trabajo infantil o abusos, hasta que un estudiante fume en el baño, o llegue repetidamente tarde a clases, explica. A su vez, están incluidas acciones dentro del ámbito familiar o bien fuera de las instalaciones de la escuela.
Según los datos del Observatorio, la directora afirma que de las 101.756 situaciones de conflicto recibidas, 49.334 sucedieron dentro del ámbito escolar. Es decir, menos del 50%. “La mitad de esas casi 50 mil situaciones son transgresiones, que son hechos habituales, como llegar tarde, una mala forma para dirigirse a la maestra y que haya derivado en convocar a la familia, o al que se lo encontró fumando”, relata Vásquez, quien ya ocupó el mismo cargo entre 2012 y 2015.
La confianza sobre este índice que produce el Observatorio es avalada, según la directora, en que “más del 90% de las escuelas envían sus informes trimestrales sobre las situaciones de conflicto que se viven en las instituciones”. Los datos incluyen a los tres niveles de educación de gestión estatal obligatoria: Inicial, Primario y Secundario. Esto equivale a casi 2.800.000 estudiantes, explican desde la cartera a cargo de Alberto Sileoni. No incluye aquellos que no son obligatorios, como educación física, educación superior o educación especial, entre otros. Tampoco a la educación de gestión privada dado que allí no hay inspectoras de psicología ni jefes de inspectores distritales que hagan la síntesis distrital de esta información, señalan desde la DGCyE.
“La agresión a un docente es inaceptable, pero los números nos muestran que son excepciones”, destaca Vasquez. Desde su perspectiva, el acuerdo paritario firmado con los gremios docentes viene a fortalecer el rol del Estado como un actor que debe “cuidar a los docentes”.
- ¿No cree que se pueda considerar que es una herramienta para proteger a docentes que puedan cometer un delito o equivocarse?
- Es exactamente lo contrario. El principio que prima para cualquier ciudadano es que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Que exista un acuerdo de resguardo mientras que la justicia hace lo que tiene que hacer, habla de una garantía por parte del Estado. Si la Justicia demuestra que el docente cometió un delito le caerán todas las consecuencias de la ley. Pero no podemos estar mirando a los docentes como presuntos delincuentes todo el tiempo.
Una de las cuestiones que Vasquez repite en la conversación es que cuando arriba una denuncia como, por ejemplo, un presunto abuso o vulneración de los derechos de los niños o niñas, el docente es automáticamente apartado de su lugar de trabajo y toda la documentación solicitada por la Justicia es puesta a disposición.
En relación al rol de la escuela, remarca que es “el corazón de la comunidad” y que no hay otra institución en donde convivan un número tan grande de chicos y chicas por tantas horas a lo largo de todo el año. “Hay que reconocer esa tarea”, sostiene. Y aclara: “no puede abarcar todo sola ni debe hacerlo”.
La Guía de Orientación elaborada por la cartera educativa provincial que tipifica los tipos de violencia en el ámbito escolar fue consultada con “salud, organismos de niñez, la Justica, trabajo, el Ministerio de Educación Nacional y con un juez especialista en responsabilidad penal juvenil”, señala Vásquez. “La guía busca direccionar qué le corresponde hacer a la escuela por su cuenta y qué a la escuela en conjunto con otros actores”, detalla.
“La violencia empieza a tomar otras formas”, indica la funcionaria al ser consultada sobre los informes que arriba desde las escuelas. “Hoy tenemos casos donde padres ingresan a destruir un jardín de infantes”. Vasquez sostiene que la agresividad contra las instituciones o “la vandalización” como consecuencia de un hecho conflictivo o diferencias con la escuela encuentra formas nuevas de expresión que implican “romper la escuela”. “Es fundamental que la Justicia y otras instituciones actúen más rápido”, señala, porque “no se pueden resolver problemas que ameritan soluciones integrales de manera sectorizada”.
Acciones para abordar las situaciones de conflicto
Aquellas situaciones de conflicto de mayor complejidad son abordadas por la Dirección General de Inspección, también dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación. Marisa Vázquez, su titular, indica que son los casos que “ameritan algún tratamiento más distrital”. Una vez que se reciben las denuncias provenientes de las escuelas, se constituye un equipo de intervención. La acción, afirma, se repite ante cada situación. “Si la situación amerita intervención inmediata, se arma un equipo que inmediatamente viaja al distrito”, asegura.
“Cuando hay un caso como el incendio de un jardín o la casa particular de un docente, nos trasladamos automáticamente de la Dirección”, relata Vazquez. De todas maneras, la política del área es orientar para que se trabaje con el equipo territorial con el que cuenta la DGCyE para las escuelas. Se componen de un Jefe de Distrital, un Jefe Regional y los Inspectores de Enseñanza, que acompañan al docente involucrado en el rpoceso y la investigación. Desde su lectura, “no hay un aumento en la violencia”, pero coincide con Eliana Vasquez en que el nuevo tipo de violencia es la que va dirigida a las instituciones escolares.
Algunas de las causas que considera como potenciadoras de estas situaciones es la masificación en los medios comunicación de aquellos casos de naturaleza más “oscura”. “Invisibililzan todo lo bueno que pasa en las escuelas”, lamenta Vazquez, apuntando específicamente al rol de la televisión. Asegura que la escuela esta “siempre abierta” y destaca: “en todas las situaciones la escuela interviene, las que tienen denuncias penales y aquellas que quizás sólo ameritan sanciones disciplinarias”. En todos los casos, relata, se inician presumarios que pueden derivar en sumarios y posteriores sanciones. Aclara que “donde interviene la Justicia nosotros debemos esperar la resolución que establezca porque, justamente, no somos la Justicia”.
“La gente le demanda a la institución educativa una respuesta que es judicial”, sintetiza la funcionaria y toma un concepto que la semana pasada expuso la dirigente de SUTEBA, María Laura Torre a este medio: “La escuela es una caja de resonancia de la sociedad.” En relación a si hoy en día se visualiza una mayor cantidad de casos violentos, la directora de Inspección General remarca que desde las escuelas se “propicia que los estudiantes puedan expresarse y hoy se les brinda ese espacio”.
¿Es real que la escuela no es violenta?
Martín Legarralde, vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata afirma “coincidir” con la lectura general que surge de la frase sobre que la escuela es una caja de resonancia de la sociedad. “No hay violencia escolar pura, sino que es parte de la trama social más amplia”.
Respecto a lo que puede motivar la agresividad para con las instituciones escolares y los docentes, Legarralde explica que actualmente hay un “agotamiento de la relación con las instituciones para resolver conflictos y hay mayor reacción por la fuerza”. La lectura del académico quien es Doctor en Ciencias de la Educación, apunta a que “las instituciones del estado muchas veces no están a la altura” y agrega que “hay algo de falta de legitimidad y ritmo en que esas instituciones” para brindar soluciones. Incluso, afirma, en numerosas ocasiones “las herramientas tradicionales hacen que queden lejos o no sean adecuadas a las transformaciones culturales que hoy suceden”.
Además, señala la incidencia de un elemento también presente en los discursos de las funcionarias de la cartera educativa: “hay voceros del espacio público que han construido mensaje anti estado y piden no recurrir instituciones”. Según Legarralde, como las instituciones que deberían resolver los conflictos, como la Justicia, puede “decepcionar” en lo que respecta a la inmediatez de una respuesta para los damnificados, la conclusión de muchas personas es reaccionaria: “si tengo que esperar que me den respuesta, me encargo de manera directa”.
Otro de los puntos en los que hace hincapié es la “visibilización” que tiene la escuela. Incluso, afirma, es producto de la propia lógica de trabajo de las instituciones educativas “porque intervienen y notifican todas las situaciones”. “Todo se sabe”.
En relación a las reacciones sociales para con las escuelas, Legarralde tiene una postura: “la escuela concentra expectativas desproporcionadas”. Asegura que se “le pide lo que otros no hacen”. Desde su análisis, hay una situación contradictoria respecto al rol de las instituciones educativas porque dice que se asiste a discursos “deslegitimadores” para con las escuelas, pero a su vez “se depositan altas expectativas”. Hace una comparación al respecto: “pedirle a la escuela que sea el espacio para resolver violencia social es injusto y más si lo tiene que hacer sola”, cuando muchas veces deberían actuar la Justicia o la familia de los estudiantes.
